Luego de 12 años, 9 meses y 10 días de prisión, así como de violaciones a sus derechos humanos, Juan de la Cruz Ruiz fue puesto en libertad.
De acuerdo con la documentación realizada por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba), Juan de la Cruz, perteneciente al pueblo indígena maya tsotsil, fue acusado de un delito que no cometió, por el que estuvo preso desde el 28 de febrero de 2007.
Asimismo, resaltó que Juan fue privado de su libertad de manera arbitraria y fue torturado por policías ministeriales, no contó con traductor ni con un abogado que conociera su lengua y cultura.
En una rueda de prensa, realizada el pasado 13 de diciembre, Juan de la Cruz narró que fue torturado durante dos días cuando fue detenido y aseguró: "Desde ese día de mi detención, mi vida se vio truncada, se acabó totalmente. Destruyeron mis sueños, mis planes; me separaron con mis familiares, destruyeron nuestras vidas, causaron grandes enfermedades, me alejaron de mis tres hijos, nunca los vi crecer y nunca pude disfrutar. Nunca pude darles el amor de papá (...)".
Además, relató que ante las injusticias fue al interior del penal donde comenzó a organizarse con otros reclusos para que sus derechos fueran respetados y sus expedientes revisados con el objetivo de lograr su libertad. Entre las acciones que llevó a cabo con Adrián Gómez Jiménez, Abraham López Montejo, Germán López Montejo y Marcelino Ruiz Gómez, se encuentra una huelga de hambre que iniciaron el pasado 15 de marzo, misma que duró 100 días.
Juan, de 38 años de edad, fue sentenciado a 25 años de prisión por el delito de homicidio calificado y 5 años por el delito de extorsión, por lo que pasaría 30 años en la cárcel, de los cuales pasó casi 13 años en privación arbitraria de su libertad. Desde que el Frayba revisó su expediente se reveló que se cometieron diversas violaciones al debido proceso y pese a que la Mesa de Reconciliación emitió una recomendación de libertad con sentencia suspendida el 11 de febrero de 2016 por violaciones graves a sus derechos humanos, permaneció casi tres años más en reclusión en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados N° 5 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Es así que el equipo del Frayba ha enfatizado que su detención y su proceso penal se llevaron a cabo sin cumplir con las garantías del Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A través de un comunicado publicado el pasado 13 de diciembre, dicha organización aseguró que esto "ha tenido graves consecuencias socioeconómicas para él y su familia, ha repercutido en sus ingresos, en la educación de sus hijos, la salud, la alimentación, entre otros. Además se vulneró el derecho de las personas indígenas a que se tomen en cuenta sus usos y costumbres al momento de integrar una averiguación previa o al ser juzgados, ser asistido por un traductor, por un defensor que conozca de su cultura y a que el agente del Ministerio Público o el Juez, tomen en consideración su pertenencia a un pueblo originario".
Debido a la presión y lucha del Colectivo de Familiares de Presos en Lucha, La Voz de Indígenas en Resistencia, La Verdadera Voz del Amate, Viniketik en Resistencia, comunidades indígenas, organizaciones y defensores de derechos humanos, Juan obtuvo su libertad el pasado 9 de diciembre mediante la resolución del cuadernillo 278/MR-2/2019.
En tanto, el Frayba exige que se investigue y se lleve ante la justicia a los servidores o funcionarios que por acción u omisión cometieron delitos como la tortura en agravio de Juan de la Cruz, al igual que se le otorgue una justa indemnización para él y su familia con base en el estándar internacional para la reparación de daños. Mientras que denunció la sistemática violación a los derechos humanos y la tortura contra integrantes de Pueblos Originarios, como los más de 100 casos que la organización ha registrado desde 2018, entre ellos los de cuatro personas más que junto con Juan de la Cruz han exigido su libertad.
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