- Aída Hernández Castillo
En enero pasado la asociación civil Litigio Estratégico en Derechos Humanos (IDHEAS), la Federación Internacional de Derechos Humanos y la organización de familiares de desaparecidos Regresando a Casa Morelos, presentaron ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU una solicitud de llamamiento urgente al Estado mexicano, para que la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM) informe sobre la situación de la fosa irregular de Jojutla, en donde los cuerpos de 84 personas esperan, desde hace cuatro años, a ser identificados y regresados a sus familias para tener una sepultura digna.
En la citada solicitud, las organizaciones señalan que “la FGEM ha incurrido en desaparición forzada en al menos dos oportunidades: la primera, al disponer los cuerpos en la fosa común irregular de Jojutla; y la segunda, al inhumar nuevamente los cuerpos exhumados en el Panteón Jardín de los Recuerdos y no en frigoríficos, como debía preservarse la cadena de custodia de la evidencia forense”[1]. Podríamos añadir que estas personas han sido desaparecidas tres veces, primero por los eventos aún sin investigar, que acabaron con sus vidas, después por las violencias burocráticas que los llevaron a las fosas comunes del Estado de manera irregular, sin seguir los procedimientos forenses, como la realización de necropsias y la toma de muestras genéticas. La tercera vez, cuando, una vez exhumados, fueron trasladados a otra fosa común individualizada, sin que a la fecha se haya realizado la identificación de 84, de los 85 cuerpos encontrados. Es decir que a pesar de que se trata de cuerpos bajo custodia estatal, y de que el término que se utiliza en la solicitud ante la ONU es el de “fosa común irregular”, el manejo que se ha hecho de las mismas ha llevado a acuñar un nuevo término para ampliar el lenguaje forense al referirnos a las “fosas clandestinas del Estado”.
Las experiencias de los familiares de desaparecidos ante los servicios forenses dan cuenta de lo que algunas científicas sociales han llamado las violencias burocráticas o crímenes de escritorio. La violencia y el trauma que provoca la desaparición de un ser querido se ve profundizado por lo que Ariadna Estévez llama la administración del sufrimiento a través de las violencias institucionales.[2] Se enfrentan a una maquinaria burocrática administrativa que les secuestra de nuevo a sus hijos, hijas, esposos, hermanos, para tratarlos como cuerpos desechables que terminan en una fosa común. Si bien estas violencias no tienen las manifestaciones extremas de las masacres o asesinatos que cegaron la vida de las personas que aparecen en las fosas, se trata de una manifestación de la “banalidad del mal” que las antropólogas argentinas Sofía Tiscornia y María José Sarrabayruse documentaron con respecto al papel de la burocracia para los casos de desaparición y tortura de las dictaduras del Cono Sur.[3]
Recurrir a la intervención de la ONU, ha sido una medida más de una larga lucha que han emprendido los familiares de desaparecidos de Morelos, para denunciar las violencias burocráticas que han sufrido por parte del Estado mexicano en la búsqueda e identificación de sus seres queridos. El caminar de estos colectivos se empezó a articular a partir del caso paradigmático de Oliver Wenceslao Navarrete, un joven comerciante de 31 años de edad, quien, en mayo del 2013, fue secuestrado por criminales en la ciudad de Cuautla, y encontrado muerto e identificado por sus familiares el 24 de junio de ese mismo año. A pesar de las identificaciones, Oliver Wenceslao fue enterrado por la FGEM en la fosa común de Tetelcingo. Su madre y su tía empezaron un peregrinar burocrático para recuperar su cuerpo, logrando que se exhumara en diciembre del 2014, en un evento terrorífico en el que se dieron cuenta de que, con Oliver Wenceslao, había más de cien cuerpos enterrados de manera irregular, vestidos, maniatados, violentados, es decir que estaban ante una fosa clandestina bajo custodia del Estado. Este hallazgo fue videograbado por la madre de Oliver, quien denunció públicamente a las autoridades morelenses, despertando la indignación de cientos de familiares de desaparecidos de Morelos, cuyos hijos podrían encontrarse entre los 117 cuerpos enterrados de manera irregular en Tetelcingo.
Este hallazgo movilizó a familiares de desaparecidos, organismos de derechos humanos y a la Comisión Científica de Identificación Humana de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), quienes lograron que en mayo del 2016 se hiciera una nueva exhumación de los cuerpos. En el informe presentado por la UAEM se documentó que había cuerpos que no contaban con un expediente que diera cuenta de cómo murieron, ni cómo llegaron a manos de la Fiscalía de Morelos; se informó también de las irregularidades en el registro de los restos humanos; de cuerpos a los que no se les practicó la necropsia a pesar de presentar signos de violencia.[4] El escándalo mediático de este evento nos hizo pensar a muchos que implicaría la destitución del entonces gobernador, Graco Ramírez, ya que el hecho de que fosas comunes estatales fueran usadas como fosas clandestinas no era un delito menor, o una irregularidad administrativa, sino que apuntaba a todo un aparato estatal de complicidades que hacía posible la desaparición forzada. En ese entonces escribí al respecto: “Lo grave del caso de Morelos es que no se trata de fosas cavadas por el crimen organizado para ocultar sus asesinatos, sino de fosas cavadas por empleados públicos para deshacerse de cuerpos que ni siquiera tienen carpetas de investigación. La principal respuesta a la pregunta de ¿por qué deshacerse de esta manera de los cuerpos, como si sus vidas y sus muertes no hubieran importado a nadie?, es porque pueden. Porque la impunidad les ha permitido a los narcotraficantes y a sus cómplices dentro del Estado tratar los cuerpos de estos jóvenes pobres como si fueran desechos.”[5]
A casi cinco años de estas exhumaciones, solamente once de los 117 cuerpos encontrados en las fosas de Tetelcingo han sido identificados. El cierre del Departamento de Atención a Víctimas de la UAEM implicó para las familias no solo la pérdida de un aliado fundamental sino también la falta de acceso a los expedientes de las exhumaciones de Tetelcingo.
Lo mismo ha sucedido en lo que respecta a las exhumaciones de las fosas de Jojutla realizadas en mayo de 2017, en las que también participaron integrantes de Regresando a Casa Morelos y donde fueron encontrados ochenta y cuatro cuerpos, muchos de ellos con huellas de tortura, con las manos atadas, con ropa y armas blancas, que son evidencia forense que no debía haberse enterrado con los cuerpos. En el caso de Jojutla, los trabajos de exhumación se interrumpieron antes de haber recuperado todos los cuerpos y se cree que puede haber otros cien cadáveres más esperando ser exhumados. En este contexto, las exhumaciones, más que contribuir al proceso de sanación y resarcimiento de las víctimas, --cómo han señalado algunos especialistas en otros contextos de justicia transicional-- se convirtieron en escenarios de revictimización para los familiares que participaron en el proceso.
El dolor y la incertidumbre que produce el pensar que sus hijos o hijas pueden encontrarse entre los cuerpos violentados que aún esperan ser reconocidos en las fosas de Jojutla y Tetelcingo, ha sido la fuerza política que ha llevado a las organizaciones de familiares a movilizarse en distintos espacios nacionales e internacionales. Durante todo el 2020, en medio de la crisis sanitaria de COVID19, han realizado manifestaciones y conferencias de prensa en la Plaza de Armas de Cuernavaca demandando que se analice el material genético obtenido de los cuerpos exhumados y que se compare con el material genético obtenido de las 45 familias que participaron en la exhumación de Jojutla, y con las de otras muchas que buscan a sus hijos e hijas. Entre sus demandas esta también el que se cumpla el compromiso hecho por la Comisión Estatal de Búsqueda, de hacer los perfiles genéticos de los 500 cuerpos que se encuentran en Semefos del estado.
Bajo el lema #Desenterrar la Verdad y usando como herramienta de denuncia el documental Volverte a Ver, que da cuenta de las irregularidades encontradas en las fosas de Jojutla y del papel de las familias en este hallazgo (https://www.youtube.com/watch?v=KOEBQO6Vmkk), las organizaciones de familiares han hecho un llamado a los medios de comunicación y a la sociedad en su conjunto para hacer eco a sus demandas. Sus comunicados y conferencias de prensa denuncian la ineptitud del coordinador del Servicio Forense de la Fiscalía, Sebastián Nava, quien, a casi cuatro años de las exhumaciones de Jojutla, no ha hecho absolutamente nada para validar los perfiles genéticos.
Lo más lamentable de este caso, es que, a las violencias burocráticas ejercidas contra las familias por los funcionarios públicos, se han unido los agravios cometidos por quien antes fuera su aliado: el médico forense Abimelec Morales Quiroz, quien fuera miembro de la Comisión Científica de Identificación Humana (UAEM) y quien participó como perito independiente, por parte de las familias, en las exhumaciones de Jojutla. En una entrevista realizada esta semana a Angélica Rodríguez Monroy (mamá de Viridiana Anaid Morales Rodríguez, desaparecida el día 12 de agosto del 2012), representante del Colectivo Regresando a Casa Morelos, la activista denunció que el doctor Morales Quiroz se ha rehusado a entregar las pruebas genéticas tomadas de los cuerpos exhumados en Jojutla, argumentando que la UAEM no le ha pagado doscientos mil pesos de adeudo por su trabajo como perito. La retención de estas pruebas se ha convertido en una estrategia de negociación del médico forense, sin que hasta la fecha ninguna instancia gubernamental haya recuperado el material genético. Al respecto, la señora Rodríguez Monroy señaló que: “Abimelec Morales comenzó a buscar a la doctora Karla Quintana para ofrecérselos, y la doctora Karla le dijo que no estaba en sus atribuciones recibirlos. Lo cual a mí no me queda claro, teniendo en cuenta que ella está al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda, pero ella argumentó que los tenía que entregar aquí en la Fiscalía del Estado; él se negó a entregarlos a la Fiscalía y se quedó con ellos. Considero que la Fiscalía debería hacer una acción legal en contra de eso porque es la responsable de la investigación”[6]
En esta telaraña burocrática, las distintas instancias de gobierno se han deslindado de responsabilidades, incluyendo la UAEM que ha cerrado todos sus programas de atención y acompañamiento a víctimas y rechazado cualquier responsabilidad financiera asumida por la administración anterior en torno al acompañamiento forense. En términos de Morales Rodríguez, se trata de “un juego perverso por parte de la Universidad, porque el Secretario General, argumenta que la Universidad no participó activamente, sino que era un observador. Yo le dije: discúlpeme, no era ningún observador y tenemos minutas. O sea, la Universidad se quiere deslindar en este momento completamente y no saber nada de víctimas y no, no quieren tener nada que ver. Nosotras estamos solicitándole a su abogado que intervengan para que se nos entreguen copias de los perfiles genéticos.”
Es evidente que la retención de las pruebas genéticas, que ha impedido el proceso de identificación de los cuerpos por cuatro años, es violatoria de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, que en su capítulo 5 artículo 39 establece que “Se impondrá pena de dos a siete años de prisión, de treinta a trescientos días multa y destitución e inhabilitación hasta por el mismo lapso de la pena de privación de la libertad impuesta para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión público, al servidor público que obstaculice dolosamente las acciones de búsqueda e investigación a que se refiere el artículo anterior.” La Fiscalía hasta ahora no solo no ha hecho valer esta ley, sino que el Dr. Morales Quiroz fue nombrado como parte del Consejo Estatal Ciudadano para la Búsqueda de Personas, en el estado de Morelos, en donde se ha confrontado en varias ocasiones con las representantes de organizaciones de familiares de desaparecidos que participan en el mismo.
Para las organizaciones de familiares de desaparecidos, la búsqueda en vida y las búsquedas forenses implican enfrentarse cotidianamente a violencias que incluyen la tardanza en trámites legales, la retención de pruebas, el maltrato por parte de funcionarios públicos, inclusive aquellos que deberían de trabajar en alianza cercana con ellas, como es la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas de Morelos, cuya ex titular, la abogada Zaira Janet Lulo, se caracterizó por retener información, excluir a las representantes de las familias de los espacios de decisiones en torno a las búsquedas y desalentar a las familias de desaparecidos de participar en espacios organizativos.[7]
El nuevo Fiscal, nombrado en noviembre pasado, Alejandro Cornejo Ramos, se enfrenta a un panorama muy complicado con los enredos burocráticos y complicidades que se han tejido en torno a los casos de Jojutla y Tetelcingo, con la responsabilidad de hacer valer la Ley General en Materia de Desaparición y responder a las denuncias presentadas ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU. Es evidente que el problema de los desaparecidos y desaparecidas en Morelos, como en todo el país, ha continuado por las herencias estructurales de las administraciones anteriores, pero también porque la “banalidad del mal” se sigue reproduciendo en una cultura burocrática de la indiferencia y la indolencia, con la que urge romper. Construir una cultura de respeto a los derechos humanos y promover el trato digno y respetuoso a los familiares de desaparecidos, es un primer paso para acabar con las violencias burocráticas que hacen posible la triple desaparición de personas en Morelos. Reconocer la responsabilidad del Estado en la desaparición de los cuerpos, por negación de tenerlos bajo su custodia, será sin duda el paso decisivo a la consolidación de un Estado de derecho.
[1] https://www.idheas.org.mx/publicaciones-idheas/comunicacion-ante-el-grupo-de-trabajo-de-desapariciones-forzadas-e-involuntarias-de-las-naciones-unidas-sobre-la-continuada-actuacion-irregular-de-la-fiscalia-general-del-estado-de-morelos-en-el-manej/
[2] https://www.redalyc.org/pdf/325/32542592002.pdf
[3] https://www.academia.edu/27153006/Estudios_de_antropolog%C3%ADa_jur%C3%ADdica_Burocracias_y_violencia
[4] https://www.giasf.org/uploads/9/8/4/7/98474654/resiliencia3.pdf
[5] https://www.jornada.com.mx/2015/11/13/opinion/032a1pol
[6] Entrevista vía Zoom de R. Aída Hernández a la señora Angélica Rodríguez Monroy, 10 de febrero 2021.
[7] Entrevista vía Zoom de R. Aída Hernández a la señora Angélica Rodríguez Monroy, 10 de febrero 2021. https://www.jornada.com.mx/2020/07/21/politica/008n3pol
