No hay mayor deuda del Estado mexicano que las decenas de miles de personas desaparecidas. Es una deuda histórica con todo el país, por supuesto, pero especialmente con las personas desaparecidas, con sus familias y sus seres queridos. Las personas desaparecidas nos faltan a todos, nos faltan a todas y el Estado mexicano no puede continuar negando, aplazando, simulando o desentendiéndose del problema.
En esta tesitura, es muy importante que el presidente Andrés Manuel López Obrador expresara, durante la presentación del informe de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, su compromiso con las familias de las personas desaparecidas: “no voy a ocultarme, voy a dar la cara siempre. Por difícil que sea, por doloroso que sea, por incómodo que sea, voy a estar siempre dando la cara y tratando con ustedes este lamentable asunto. Quiero decirles que es la peor herencia que nos dejaron los gobiernos anteriores, la peor herencia. Y vaya que nos dejaron muchos pendientes.” (https://www.gob.mx/presidencia/prensa/165221). Y afirmó el presidente que de los 72 asuntos prioritarios en su gobierno “el número uno es el problema de la inseguridad y el de la violencia y, sobre todo el de los desaparecidos”. Al definirlo como la prioridad número uno de su gobierno, AMLO adquiere un enorme compromiso ante el país entero, ante la comunidad internacional y fundamentalmente, ante las familias de las personas desaparecidas. Vamos a observar acusiosamente la forma de honrar ese compromsio.
La deuda del Estado mexicano con las personas desaparecidas y sus familias es muy vieja, si bien en los últimos años (gobiernos de Calderón, Peña Nieto y lo que va del de López Obrador) ese crimen de lesa humanidad se ha acrecentado escandalosa y alarmantemente, sin que se hayan tomado las medidas pertinentes para hacer efectiva la justicia transicional. El Estado mexicano no solamente ha sido omiso en materia de desaparición de personas, sino artífice de las mismas al grado de que la desaparición forzada ha sido una práctica sistemática durante los últimos cincuenta años, por lo menos. Las evidencias son contundentes y no dejan lugar a dudas.
La guerra sucia de los años sesenta y setenta del siglo pasado fue especialmente cruenta en materia de desapariciones forzadas por alguno de los órganos del Estado: militares, policías, marinos y particularmente por la nefanda y oscura Dirección Federal de Seguridad (DFS), la policía política del autoritarismo priista. A la DFS se le atribuye la desaparición de cientos de activistas, líderes campesinos y sindicales, estudiantes y guerrilleros que optaron por la lucha armada. La lucha por la búsqueda de las y los desparecidos se remonta a la década del setenta, cuando los familiares constituyeron los primeros colectivos. El más conocido, quizás, es el Comité Pro-Defensa de Presos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, mejor conocido como Comité Eureka, fundado en 1977 por Rosario Ibarra de Piedra, cuyo hijo Jesús fue desaparecido en 1974 por la DFS. El Comité Eureka documentó más de 500 casos de desaparición forzada desde 1969. Las protestas, marchas, ruedas de prensa, huelgas de hambre y cientos de otras formas de lucha de los familiares del Comité Eureka (y otros colectivos similares) lograron la presentación con vida de poco más de 100 personas desaparecidas, lo que sin duda constituye un gran triunfo, pero insuficiente puesto que siguen desaparecidas muchos cientos de personas de aquella época. El Comité Eureka es un referente de enorme importancia en la lucha por la democracia y el estado de derecho en México.
La pérdida del poder corrupto y autoritario del PRI en el año 2000 significó la posibilidad, y la esperanza, de que las familias de las personas desaparecidas accedieran a la justicia, significó un aire de aliento democrático en el país, que, sin embargo, fue apenas un soplido sin mayor trascendencia. A iniciativa de Vicente Fox, titular del ejecutivo, en 2002 se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), instancia encargada de dar con la verdad sobre las desapariciones durante la guerra sucia y fincar responsabilidades jurídicas para castigar a los culpables. La FEMOSPP tuvo un nombre largo, pero vida corta (fue disuelta en 2007 por Calderón) e intrascendente puesto que no cumplió con sus objetivos, ya que en esencia fue más un instrumento de mediatización de la lucha de las familias en busca de sus seres queridos. Sacar al PRI de Los Pinos no significó absolutamente nada para las personas desaparecidas y sus familias.
El gobierno del PAN con Calderón a la cabeza no sólo no hizo nada para saldar la enorme deuda del Estado mexicano en materia de desapariciones, sino incluso desató la mayor escalada de desapariciones forzadas que hasta esos años (2006-2012) se habían registrado en el país, más inclusive que durante la guerra sucia de los años setenta. Su fallida “guerra contra las drogas” se tradujo en decenas de miles de desapariciones, bien por alguna fuerza policiaca o militar, bien por algún cártel protegido desde el mismo gobierno. El baño de sangre, muerte y dolor fue brutal y cuando uno pensaba que no podía ser peor, llegó a la presidencia Peña Nieto y las cifras fueron aún más ominosas.
El sexenio de Peña quedó marcado por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa y por la patética “verdad histórica” que quiso imponer para evadir la responsabilidad del gobierno federal en los eventos de la noche del 26 de septiembre de 2016 en Iguala. Hoy, ha quedado demostrado que la “verdad histórica” de Peña y su Procurador Murrillo Karam, fue construida mediante torturas, mentiras, silencios, complicidades, aberraciones forenses, extravíos jurídicos, campañas mediáticas a modo, entre otros recursos para eludir lo que desde esa misma noche se dijo gracias a los testimonios de los sobrevivientes: fue el Estado. Entre los años 2006 y 2018 el número de colectivos de familiares de personas desaparecidas se incrementó exponencialmente, ante la evidente crisis humanitaria que azotaba al país con la complacencia, sino es que con el contubernio, de diversas instituciones del Estado mexicano: policías municipales, estatales y federal, ejército y marina, ministerios públicos, jueces, magistrados y ministros, procuradurías y fiscalías, diputados locales y federales, senadores, gobernadores, presidentes municipales, síndicos, etc. La lucha de los colectivos ha sido enorme y con resultados tangibles, aunque insuficientes.
Gracias a los colectivos, a las y los periodistas que han sistematizado y documentado miles de casos de desapariciones forzadas, a los académicos que desde la universidad han contribuido con sus investigaciones a comprender este complejo fenómeno, a las organizaciones campesinas, indígenas, populares, sindicales y estudiantiles, hoy el país cuenta con un mínimo marco jurídico e institucional en materia de desaparición: la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y las leyes locales en la materia son expresiones de los logros de las luchas de los colectivos de familiares. Asimismo, los compromisos internacionales firmados por nuestro país son referentes importantes que obligan al Estado mexicano a dotar de recursos y personal para la localización de las personas desaparecidas.
La deuda del Estado mexicano con las personas desaparecidas y sus familias es mayúscula, de allí que sea esperanzador el compromiso asumido por el presidente López Obrador con los colectivos de familiares. Desde hace medio siglo ningún presidente había dado pasos firmes, no sólo declarativos, para saldar la deuda del Estado mexicano en materia de desapariciones. Es un logro de la lucha de los colectivos de familiares, sin duda, pero es un triunfo aún pequeño, parcial, incipiente. Los avances en materia jurídica son importantes, sin duda, también el anuncio de la creación de cinco institutos forenses (con una inversión de 230 millones de pesos) distribuidos en diferentes estados del país. Sin embargo y dado el tamaño y la complejidad del problema, los esfuerzos son pequeños y hasta donde observo, sin una perspectiva de largo plazo.
Pongamos por caso las Comisiones Estatales de Búsqueda (las hay en Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa, Jalisco, Coahuila, Nuevo León, Michoacán, entre otros estados); qué bueno que han sido creadas tales comisiones, pero hace falta dotarlos de personal adecuado, equipamiento, capacitación, viáticos, vehículos, etc. El caso de Veracruz es emblemático. Ante la renuncia -por motivos de salud- del Comisionado designado luego de un riguroso procedimiento, ha sido imposible designar un nuevo Comisionado puesto que ninguno de los tres candidatos que concursaron por el cargo obtuvo una calificación aprobatoria (ninguno de ellos alcanzó 34 puntos, en una escala de 100). No gente capaz que encabece la Comisión Estatal de Búsqueda y me atrevo a decir que el caso de Veracruz no es exclusivo: es altamente probable que en el resto de las Comisiones Estatales de Búsqueda se experimente una situación similar.
El Estado mexicano está en la obligación de construir las instituciones para saldar la deuda con las personas desaparecidas y sus familias. Qué bueno que se crearán los institutos forenses, pero también habría que construir, capacitar y equipar las instancias de búsqueda de los desaparecidos con vida. Ese es el reclamo de los colectivos: ¡porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!
La deuda del Estado mexicano con las personas desaparecidas y sus familiares no será saldada en el corto plazo, es decir, no en 6 años, ni en 12. Quizás dentro de veinte o treinta años este oscuro periodo de la historia de México haya quedado atrás completamente, no sólo por la erradicación definitiva de las desapariciones, sino porque más de 40 mil familias (en un cálculo muy conservador) encontraron a sus seres queridos y los perpetradores de la desaparición fueron castigados en términos de la ley. Hasta entonces la deuda seguirá vigente, la herida seguirá abierta.
