Michael W. Chamberlin
Rompeviento TV, a 28 de junio de 2022
El cobarde asesinato de dos jesuitas la semana pasada en la región de Urique en la Sierra Tarahumara ha revivido la demanda de revisar la estrategia de seguridad del presidente López Obrador. A las voces de miles de familiares de víctimas y colectivos, a las de diversos órganos internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana, el Comité de Desapariciones de la ONU y la Alta Comisionada, hoy se suman las del Episcopado Mexicano y de la Compañía de Jesús. “Los abrazos ya no alcanzan para cubrir los balazos”, señaló el padre Javier Ávila en la misa de cuerpo presente de los sacerdotes en la ciudad de Chihuahua.
No es para menos, si uno considera que este gobierno ha roto ya la marca de los 120 mil asesinatos en el gobierno de Felipe Calderón. El presidente López Obrador dice que los datos son engañosos (no obstante son datos oficiales), que en realidad él ha revertido la tendencia porque “en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) los homicidios dolosos aumentaron 140% (10,462 a 25,967). Con Peña Nieto (2012 a 2018) subieron 41% (25,967 a 36,685). Y con @lopezobrador_ han disminuido 7.8% (36,685 a 33,316)”. Haciendo cuentas, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha logrado en tres años y medio lo que Calderón en seis, y a este paso no sólo no habrá revertido la tendencia, habrá demostrado demasiado tarde lo inadecuado de su estrategia.
La tendencia sigue siendo de 23 desapariciones diarias, de las que 16 son mujeres; 29 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes incluyendo 10 mujeres asesinadas al día y más de 97% de impunidad. Para revertir la tendencia es necesario revisar lo que se está haciendo, porque hasta ahora la política de seguridad es fundamentalmente la misma que en los tres últimos gobiernos.
De acuerdo con López Obrador la manera de revertir el problema es atendiendo las causas, que él ubica en la falta de atención a las y los jóvenes. Su estrategia es entonces dar oportunidades a jóvenes por medio de becas para alejarlos de la tentación de formar parte de los grupos delincuenciales. Esto es correcto pero insuficiente; el problema de la violencia es multidimensional, no sólo social. Para que los jóvenes se alejen de estos grupos es importante, además, no tolerar que existan esos mismos grupos. Las estrategias policiacas y de justicia deben actuar a la par, sin que esto signifique enfrentar la violencia con la violencia, como el presidente ha rechazado.
Al parecer ignora que hay empresas criminales que se benefician por medio del sufrimiento y a costa de la población. Estas empresas o redes de macrocriminalidad son las que trafican mujeres, niños y migrantes, las que extorsionan a los pequeños y medianos comerciantes con el cobro de derecho de piso y que ahora controlan no sólo la venta de droga en las calles, también los mercados locales de limón, pollo o aguacate, por poner unos ejemplos. Ya no son sólo traficantes de droga, la impunidad ha cobijado el florecimiento del negocio criminal para controlar todo lo que pasa dentro de los territorios en lo social, en lo económico y en lo político, por medios violentos.
Paradójicamente, esta plaga criminal disputa el poder del Estado de manera coercitiva, mientras el Estado claudica en su obligación de brindar seguridad por miedo a la coerción de la ley. Es esta ausencia deliberada de Estado de derecho lo que permite que leyes no escritas se impongan por el crimen organizado. Para la sociedad civil o el pueblo al que se refiere siempre el presidente, implica dobles impuestos, sometimiento, cierre de comercios o robo de tierras productivas, desplazamiento forzado, desaparición, tortura y muerte. En estos escenarios ni los jóvenes ni nadie la tienen fácil, aunque reciban becas.
Como ha reiterado con diversos estudios y evidencia el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero Sta. Fe, el gobierno de López Obrador carece de una metodología de política pública en seguridad que sea clara, no tiene un diagnóstico de esas bandas criminales y cómo operan, menos aún objetivos de desmantelamiento de esos grupos o cortes periódicos que informen los avances y evaluaciones bajo el escrutinio público. A tres años, tampoco existe el plan de política criminal que, según la ley, el fiscal Gertz Manero está obligado a diseñar y presentar. Es diáfano el pensar del presidente: así como no cree necesaria una política de seguridad eficaz, tampoco considera necesario que el fiscal tenga una política criminal que dé resultados; su confianza reiterada en él se basa sin duda en otras razones.
Lo que el presidente llama estrategia ha sido, por decir lo menos, ingenua. Lo evidente es que ha sido permisiva de las redes de macrocriminalidad. El crimen a gran escala sólo es posible con la complicidad, el beneplácito o el sometimiento de las autoridades en los territorios donde coexisten. Las estrategias de seguridad y justicia deben entonces enfocarse en las bisagras donde estos dos actores (tres si consideramos a los empresarios) se encuentran, desmantelando deliberada y proactivamente las redes de corrupción que las sostienen. La militarización es una falsa y peligrosa ilusión no sólo porque coarta derechos del individuo de a pie, sino sobre todo porque la gran batalla no se libra en las calles sino en los pasillos de gobierno y en los circuitos financieros.
Desmantelar los grupos criminales en México es posible, como se hizo en Italia con las mafias. Se necesita primero reconocer que existe un problema de redes de macrocriminalidad en México, cosa que no se ha hecho en trece años, y crear de manera honesta los compromisos políticos para deslindarse de ellos y desmantelarlos. En otros países se han establecido jurisdicciones especiales a partir de diagnósticos serios, lo ideal para el caso mexicano es retomar el proceso pendiente de justicia transicional que reforme de fondo las estructuras de seguridad del Estado del régimen autoritario del PRI, que de ser aparatos represores devinieron en los motores de la criminalidad que vivimos ahora.
Siguiendo la filosofía no violenta que el presidente dice tener, se pueden deshacer las estructuras de corrupción existentes con políticas de seguridad y de justicia, sumadas a las políticas sociales. Los crímenes se reducirán cuando se liberen los territorios del poder de esas bandas criminales. Lo harán las comunidades y los barrios como puedan o lo hará el Estado con voluntad política, con la ley, con inteligencia, con participación local y con políticas claras, para hacerlo sin violencia.
PD: Conocí a los padres jesuitas Javier Campos, “el Gallo”, y a Javier Mora, “Morita” a principios de los años noventa, cuando fui parte de la comunidad misionera en tierras rarámuri por cinco años. Duele su partida, duele el modo, duele que a ese paraíso que es la Sierra y sus barrancas lo hayan convertido en un infierno; sin embargo, tengo la certeza que la vida es más grande que la muerte. Venceremos.
