Anoche en punto de las 20:08 horas el Dip. Porfirio Muñoz Ledo anunció su retiro de la presidencia de la Mesa Directiva, con el fin de propiciar la elección de la misma para este primer semestre del segundo año legislativo; “¡Se puede pasar a la historia sin tener el poder”, dijo, luego de que desde el sábado pasado ninguna de las fuerzas políticas con representación en la Cámara de Diputados consensara la propuesta de integración de dicho órgano de gobierno.
Así, este martes, primer día de sesiones ordinarias, se dio prioridad a la iniciativa que reforma los artículos 17 y 51 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por la que se proponen –entre otras cosas– dos asuntos centrales, a saber: establecer que la Mesa Directiva se integrará por un presidente, cuatro vicepresidentes y un Secretario propuesto por cada Grupo Parlamentario con la posibilidad de ser reelecto; y estipular que el partido político que cuente con mayoría absoluta podrá presidir la Mesa Directiva, a través de uno de sus integrantes, durante tres semestres legislativos consecutivos.
Iniciativa que sin duda beneficia a Morena, actual partido con mayoría absoluta en el Congreso y que, de aprobarse, mantendrá, por un semestre legislativo más, el control de la Mesa Directiva. Esta situación inevitablemente nos conduce a la discusión sobre la representación política y la realidad democrática de nuestro país, esto es, ¿con tan múltiple (no variada) competencia de partidos políticos estamos realmente más cerca de una mayor democracia?, ¿la fragmentación de la competencia partidaria beneficia la deliberación sobre el bien común o favorece la emergencia de intereses y asuntos privados en la arena política?, y si, tal como se pregona, ¿ el ámbito público de la política es accesible para todas las personas?
Si revisamos la historia, los espacios públicos siempre han sido disputados por un variado número de intereses en competencia, encontramos grupos que se proclaman nacionalistas, populares, campesinos, que pugnan por la causa de las mujeres, etcétera; las relaciones entre estos grupos suponen una serie de conflictos, en tanto compiten por el dominio de espacios públicos y se enfrentan a las normas de exclusión regularmente impuestas por el grupo dominante.
Es bien sabido que no todos los sectores de la población alcanzan representación en la deliberación pública y que las oportunidades de acceso a los ámbitos de toma de decisiones son bastante desiguales. Así, mujeres de todas las clases sociales y origen étnico fueron (siguen siendo) excluidas de la participación política oficial en razón de género (hablando particularmente del caso mexicano y de los países que celebran elecciones “democráticas”), pero también lo fueron los hombres plebeyos por no cumplir con el requisito de poseer propiedades y, peor aún, muchos hombres y mujeres fueron (y siguen siendo) excluidos por discriminación racial.
Teóricas como Jane Mansbridge argumentan que la deliberación política puede ocultar otras formas de dominación, así como sutiles formas de control. Aun cuando se presente como un sitio formalmente abierto y accesible para todas las personas, en los hechos persisten las desigualdades que impactan en la representación.
Entre otros factores, los protocolos de vestimenta o el lenguaje utilizado cuentan para que se escuchen las voces de los públicos que históricamente han sido invisibilizados y excluidos, estas formas de dominación, señalan Mansbridge y Nancy Fraser alcanzan a otras formas de desigualdad, además del género, aunado a que no todos cuentan con el acceso igualitario a los recursos materiales para la igualdad en la participación política. Así, la tendencia de la política liberal dominante ha sido el aislar aquellos problemas que no son considerados como políticos, como por ejemplo aquellos que tienen que ver con la vida cotidiana y la familia, como el tema de los cuidados y del trabajo doméstico.
Es importante, como advierte Fraser, partir de que las formas de desigualdad social “contaminan los ámbitos públicos existentes” si nos preguntamos “cómo reducir la brecha en la paridad participativa entre los grupos dominantes y los subordinados”. Al respecto, Fraser destaca cómo las feministas se han apropiado de terrenos discursivos para formular interpretaciones de lo que acontece en el espacio público, conceptos como, “sexismo”, “doble jornada”, “violación marital”, “acoso y hostigamiento sexuales”, entre otros han sido de ayuda para nombrar las desventajas sociales a las que nos enfrentamos las mujeres en el ámbito público y político oficial.
Sin obviar que hay grupos sociales que mantienen formas de marginación y exclusión, que son antidemocráticos y contradicen los derechos humanos y los derechos humanos de las mujeres, pensemos en que con la pluralidad de ideas, discursos y opiniones avanzamos en la paridad participativa.
Entonces, si Morena representa a una multiplicidad de voces, a una amplia diversidad cultural y obtuvo la mayoría absoluta en el Congreso, se podría argumentar que por este simple hecho puede legitimar mecanismos que lo colocan como partido dominante, tal como ahora ocurre particularmente con la iniciativa para mantener el control de la Mesa Directiva, opiniones a favor y en contra hay muchas.
La lectura al final del día es que el espacio público (en términos habermasianos) es un ámbito en el que un grupo de personas privadas se reúnen para discutir asuntos de preocupación pública o interés común logrando así tener mayor capacidad de incidencia política. Por lo que no precisamente se puede pasar a la historia sin tener el poder.
