Alejandro Saldaña Rosas
Académico. Director de Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento de Xalapa, Ver.
Twitter: @alesal3 / Facebook: Alejandro Saldaña
La recuperación de las instituciones
La vida institucional se nutre de confianza. Sin ella, las instituciones son oquedades de membrete, nombres en una lista apostillada entre comillas y cuando más, manos que se estrechan con esparadrapo apenitas.
Quizá el mayor déficit que acusa nuestro país sea en el ámbito institucional, esto es, en la esfera de la confianza. Porque no hay institución sin confianza y en México, para decirlo en términos llanos, coloquiales y de sentido común, priva el aroma a transa cuando de relaciones institucionales con el Estado se trata.
Las instituciones públicas cargan con el estigma de la desconfianza y la simulación, por cierto ganada a pulso a fuerza de opacidad, discrecionalidad y favoritismos. El “moche”, “entre” o “mordida” son distrofias enquistadas en las instituciones, como cáncer silente que corroe sin mayores aspavientos.
No digo nada que nadie sepa: no hay confianza en las instituciones del Estado. No hay confianza en gobiernos, funcionarios, políticas públicas ni mucho menos en policías y otros agentes de justicia. Los ejemplos que soportan la desconfianza se cuentan por millares, con evidencias palmarias de abuso, burocratismo, violación a los derechos humanos, ineficiencia o vil chanchullo. Esta verdad, acuñada en piedra por más de ocho décadas de “gobiernos” prianistas, es muy difícil de superar, pero hay serios intentos dar la vuelta a tales distrofias y anomalías.
La simulación representa la muerte a plazos de las dos principales instituciones que regulan nuestra vida en colectivo: el mercado y el Estado. Una tercera instancia comienza a erguirse: las redes sociales, de las que me ocuparé en otro momento. Pero por mientras, postulo que la vida social se rige a través de dos instituciones básicas: el mercado y el Estado.
Por el lado del mercado y en economías locales las reglas del juego se determinan fuera del contexto en el que se desarrollan las inversiones productivas, los acuerdos del intercambio comercial, los ajustes contractuales (formales y en letra chiquita), los amarres para la distribución de segmentos de mercado (plazas, que les dicen). En el ámbito local, el mercado debería ser el mejor regulador de la actividad económica, sin embargo no lo es: la economía informal es la prueba fehaciente de los fracasos de la regulación por el lado del mercado. La proliferación de competidores informales no ha dado lugar a mayor calidad, mejores precios ni competencia equilibrada. Y pese a los esfuerzos por regularlo es evidente que el comercio informal sigue a la alza y con ello, la ciudadanía se siente más expuesta y vulnerable.
Necesitamos que el Estado haga su labor de regulación social. Sin embargo, el peso de la corrupción hace que dudemos de la acción de las entidades de Estado.
Por el lado del Estado tampoco hay buenos dividendos: las reglas, acuerdos, disposiciones y ordenamientos jurídicos se emiten, se firman y ratifican, pero no se cumplen. Son los saldos del corporativismo que durante décadas ha dominado la vida institucional de México, ya sea con el PRI, el PAN o el PRD en los gobiernos federales, estatales o municipales. Si las instituciones del Estado mexicano son débiles, es porque durante decenas de años han sido socavadas por “partidos”, “movimientos”, “alianzas” y similares que siguen lucrando y se rebelan ante cualquier atisbo de regulación democrática. Coloquialmente se dice “que cada quién hace lo que quiere”… y no hay mucha distancia de la realidad, por cuanto la debilidad institucional limita los ámbitos de acción.
Es imprescindible recuperar nuestras –endebles- instituciones democráticas. Instituciones que en el ámbito de la vida cotidiana están -literalmente- a la vuelta de la esquina: la recolección de desechos sólidos, el control del flujo vehicular, los lugares para estacionar autos, los espacios públicos para el comercio, los horarios y criterios de operación de bares y cantinas, entre muchos otros: ¿Quién debe regularlos? ¿El mercado? ¿El estado? ¿Ninguno? ¿Todos? ¿Con qué criterios? ¿Con qué sanciones en caso de violación a las normas? Problemas de la vida cotidiana que son de enorme relevancia y que no podemos dejar que alguien decida por nosotros.
La tarea nos exige pensar y construir las pautas para la recuperación de las instituciones en una perspectiva democrática, eficiente y estratégica. Las preguntas –y las respuestas- están en el aire. ¿Cómo recuperar la vida institucional de agentes económicos que se rigen por sí mismos, con arreglo a criterios poco eficientes, clientelares y esencialmente corruptos?
No hay respuesta fáciles pero sí obligadas.
