La política de normalizar la violencia

Michael W. Chamberlin

Rompeviento TV a 08 de febrero de 2022

La semana pasada reflexionamos sobre el carácter extraordinario del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y por qué no podemos concebirlo como una institución permanente, dado que es aspiración de una sociedad democrática que no existan las agresiones a activistas y periodistas. Pero no es el único caso en que la política pública, desde hace tres administraciones, prefiere atender los síntomas y no las causas de la violencia.

Para muestra un botón. En la conferencia mañanera del 2 de febrero pasado, Víctor Badillo, un reportero de Monterrey, le preguntó al presidente López Obrador “¿Qué va hacer el Gobierno Federal ante el hallazgo de 184 fosas clandestinas en Nuevo León, siete campos de exterminio, incluyendo el último en una cancha de futbol junto a la presidencia municipal de Escobedo, y las desapariciones que siguen ocurriendo como en la carretera de Monterrey a Nuevo Laredo?”, a lo cual respondió: “De los desaparecidos, le vamos a encargar al Subsecretario Encinas que, incluso (sic), vaya a Nuevo León, con todo el grupo que tiene esa responsabilidad de buscar a desaparecidos en fosas, en barrancas, en los sitios donde los enterraron (…). Va a haber acción, va a ir Alejandro…”. Ya nos ha quedado claro que el grave problema del fenómeno de las desapariciones, víctimas y periodistas agredidos, no son temas de Estado, son temas asignados a la oficina de Alejandro Encinas.

Diligentemente, dos días después, el 4 de febrero, el Subsecretario Encinas sostuvo una reunión con colectivos de víctimas en Monterrey, acompañado por el fiscal de la entidad, en la que se comprometió a la construcción de un SEMEFO (Servicio Médico Forense) y un Centro Temporal de Resguardo para ubicar hallazgos, al tiempo que ofreció una coordinación regional con Tamaulipas y Coahuila para las acciones de búsqueda. Sobre cómo prevenir las desapariciones, ni una palabra. La desaparición de personas es una de las múltiples expresiones de violencia que vivimos en el país.

En los últimos trece años ha crecido el número de organismos extraordinarios para atender los efectos de la guerra, pero no las acciones para terminarla:

1. Las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas y un supuesto sistema de atención que en la práctica no existe, surgidas de las movilizaciones nacionales de víctimas aglutinadas en el Movimiento Por La Paz con Justicia y Dignidad; similarmente,
2. Las Comisiones de Búsqueda de Personas y un sistema de búsqueda que sólo existe en el papel. Además de que estos órganos extraordinarios no tienen las facultades necesarias para llevar a cabo las búsquedas por sí mismos, pues dependen formalmente de fiscalías y los cuerpos de policías. En la práctica dependen de los colectivos de víctimas que, trágicamente, son la vanguardia en la localización de fosas clandestinas y sitios de exterminio en el país.
3. La participación extraordinaria y temporal de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública que ya ronda los 25 años de excepcionalidad, desde la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (otro sistema fallido) que los sacó a las calles, con Ernesto Zedillo (1994-2000). La presencia armada del ejército en las calles trastoca la lógica de seguridad por la de la confrontación, eleva la cantidad y el calibre de las armas de los grupos criminales y el reclutamiento de jóvenes que son desechados y rápidamente reemplazados para volver a llenar las filas de los capos que nunca serán detenidos, ni sus grupos desmantelados. La confrontación armada sigue supliendo a la seguridad ciudadana con cada vez menos policías en los ámbitos locales. Esta lógica sostiene la competencia en el mercado criminal siempre con el elemento de la impunidad para propios y rivales.
4. El Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) que los colectivos de víctimas pretendían que contara con la participación de contingentes de expertos nacionales e internacionales, técnicos en antropología física, criminología, entre otros, para que procesara masivamente los más de 52 mil cuerpos bajo custodia de las autoridades federales y estatales, hasta la fecha. Hasta ahora sólo ha logrado un acuerdo con el Fondo de Población de la ONU (UNFPA) para crear un Equipo Coordinador del MEIF que intenta coordinar a las autoridades que hasta ahora han sido incapaces de hacer su trabajo de identificación.

Paralelamente, la Secretaría de Gobernación anuncia la inauguración de un Centro Regional de Identificación Humana, el primero de varios, y la próxima construcción de un Centro Nacional. La edificación de estos Centros es una señal de una política que tiende a normalizar una situación que no debería existir. Es decir, con estos Centros se busca tener la capacidad para desahogar la identificación de cuerpos, teniendo en el país una tasa de 29 homicidios por cada 100 mil habitantes (datos de INEGI para 2020), en lugar de construir una política de reducción de muertes dolosas a los niveles de un dígito que llegamos a tener antes de 2006, una tasa a la que respondían con más o menos problemas a las capacidades que hoy se tienen.

En una lógica extraordinaria, en la que paralelamente habría una política nacional de prevención y justicia para reducir la violencia, se utilizarían los mismos recursos para la identificación y no para la construcción. El primer Centro Regional en Saltillo tardó dos años en ser construido; hoy hay un elefante blanco que aún no ha identificado un sólo cuerpo. El Centro Nacional anunciado en diciembre, quizá esté listo para 2024 y le tocará a la siguiente administración iniciar las labores de identificación de los más de 52 mil cuerpos apilados, más los que se acumulen para entonces con esta violencia “normal(izada)”. El mensaje que se recibe es que el Estado mexicano fortalece las capacidades de las instituciones para los muertos que siguen. El Fiscal de Nuevo León, Gustavo Guerrero, en la mencionada reunión con Encinas y los colectivos, en un desliz les confesó “queremos un SEMEFO digno para personas como ustedes”.

Vale la pena traer a cuenta el comunicado del Comité de Desapariciones de la ONU al final de su visita a México, en el que señala que (e)l enfoque de seguridad que se ha adoptado no solo es insuficiente, sino además inadecuado, debido a que a) no se han atendido las causas profundas de las desapariciones y el número de víctimas continúa creciendo, b) no existe una política nacional de prevención, y c) la impunidad es casi absoluta”. Sin una política de Estado que atienda estos elementos, la violencia continuará, más aún, la política sin estos elementos es una política de continuación de la violencia.

Nos han dejado claro que Alejandro Encinas es a quien le toca atender los derechos humanos y las desapariciones en particular, pero su campo de incidencia es necesariamente limitado para lo que, hasta ahora, ha exigido el Comité de Desapariciones. La Subsecretaría no tiene capacidad de incidencia en la política de seguridad, ni en la de procuración de justicia, vaya, ni en la de identificación forense que formalmente sigue siendo una función que le corresponde a las fiscalías del país. Así las cosas, mientras que el gobierno mantiene una política de continuación de la violencia, la Subsecretaría de Derechos Humanos no puede más que atender sus consecuencias en una lógica inmediatista, pero en el mediano y largo plazo tiene el efecto de normalizar la violencia.