Michael W. Chamberlin
Rompeviento TV a 19 de abril de 2022
Antes de la reforma eléctrica de 2013, millones de personas vivían en constante conflicto con la Comisión Federal de Electricidad. Las altas tarifas de luz llevaron a la conformación de un frente en resistencia al pago, dado que estaban por encima de sus posibilidades económicas. Comunidades campesinas e indígenas y colonias pobres de la ciudad llegaron a sumar en 2009 a más de la mitad de la población del estado de Chiapas, por ejemplo. Con ingresos por debajo del mínimo y con recibos de cuatro dígitos que se acumulaban como deudas que eran imposibles de pagar.
Las comunidades en resistencia tuvieron que aprender de electricidad de alta tensión para reconectar constantemente los tramos de cableado de varios kilómetros que los trabajadores de “la empresa pública de carácter social”, según se lee en su página, cortan arbitrariamente, dejando sin electricidad a decenas de comunidades a la vez, y a miles de familias. La empresa paraestatal y el gobierno que representa a todos, de vez en vez, coincidentemente en tiempos electorales, aplica la ley de “borrón y cuenta nueva” sólo para volver a empezar la cuenta. Pocas veces en la historia, conceptos como soberanía, nación y pueblo se corresponden entre sí.
Después de la reforma eléctrica de 2013 las cosas no cambiaron mucho en cuanto a tarifas dado que la CFE mantuvo el monopolio de la distribución. Por el contrario, el problema se acrecentó por el despojo de tierras que ahora hacen los particulares en contubernio con el gobierno para establecer campos eólicos en el sureste o de extracción de carbón en el norte. La explotación y el despojo para la generación de electricidad que finca su historia en la creación de las grandes presas hidroeléctricas desde mediados del siglo pasado hasta la fecha, dejó de ser un campo exclusivo del Estado mexicano y desde el 2013 también es compartido por los particulares.
Para las comunidades que lo sufren, las reformas eléctricas legales o constitucionales sólo han definido quién será el verdugo en turno. Es por eso que el Movimiento de Resistencia a las Altas Tarifas de la Luz Eléctrica ha demandado por años que el acceso a la electricidad sea considerado un derecho humano. Así lo expresaron en las sesiones de parlamento abierto las organizaciones reunidas en la Campaña Luces de las Resistencias. Las organizaciones cuestionaban no sólo el sentido de la reforma preguntando: ¿Energía para qué?, ¿Energía para quién? y ¿Energía cómo? En su llamado a revisar el modelo extractivista y depredador, en el fondo cuestionaban el modelo de desarrollo y con él, el modelo de país.
Fue entonces que uno de los puntos que la Comisión legislativa agregó a la propuesta de dictamen fue adicionar al artículo 4to Constitucional: “toda persona podrá acceder al uso y suministro de energía eléctrica suficiente y asequible como condición previa para el goce de los derechos humanos. El Estado garantizará las condiciones y la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a la energía eléctrica”. Es decir, en el dictamen que no logró ser aprobado, el acceso a la energía eléctrica no se reconoció como un derecho humano autónomo si no como un apéndice. Un enfoque de derechos humanos no sólo impone las obligaciones establecidas en el artículo 1o de la Constitución de respetar, proteger y garantizar en este caso el acceso a la energía eléctrica, además pone en el centro de la reforma al usuario como sujeto de derecho. Sin este enfoque, las izquierdas y derechas en el Congreso disputan la energía como modelo de negocio, no como un derecho; su debate se enfrasca entre un capitalismo de libre mercado o un capitalismo de Estado que al final del día son igualmente proyectos de explotación y extractivismo depredador.
La amenaza que viene es la del litio con la reforma a la ley minera de este lunes. Como ha sido la extracción minera particularmente en lo que va del presente siglo, las comunidades esperan que no se descubra en sus tierras porque sin la garantía de su participación en la toma de decisiones, incluyendo el derecho a decir no, y la participación de sus beneficios, corren el riesgo de su desmembramiento.
Finalmente, abriendo el lente analítico a una vista panorámica del poder, el fondo de lo que estamos presenciando con estas iniciativas es la implantación de un modelo de centralización del poder en la figura presidencial en nombre del pueblo, la nación y su soberanía; que trascenderá a López Obrador. Lo vemos en el intento de las reformas energéticas para regresar el control del negocio extractivista al gobierno, lo vemos en el uso del ejército en decenas de tareas que corresponden a civiles y su fortalecimiento como actor político y económico, lo vemos en la concentración de los programas sociales en la presidencia de la República, y lo vemos en el debilitamiento de las instituciones y poderes que sirven como contrapeso al poder presidencial.
Este modelo ya lo conocemos y lo sabemos peligroso. Es el modelo priista de Díaz Ordaz y Echeverría, que con una mano saludaban a Fidel Castro y acogían a Salvador Allende, y con la otra desaparecían y asesinaban a sus opositores por medio de tácticas militares contrainsurgentes. Es el Ogro Filantrópico que describió Octavio Paz y que combatió incansablemente Doña Rosario Ibarra, cuya memoria hoy honramos, para instaurar un México con justicia, con memoria y con estado de derecho, tarea que deja tristemente inconclusa.
La concentración del poder es siempre un riesgo para la democracia, ya sea en el gobierno o en unos cuantos privados. La democracia tiene más que ver con la dispersión del poder de dominio y en la habilitación del poder de hacer de individuos y comunidades, como las que hoy extienden su resistencia a formas alternativas de auto abasto de energía sin imposiciones violentas, sin privatizaciones ni despojo de bienes naturales, como un ejercicio soberano de derechos que generan mejores condiciones de vida. Todo puede cambiar si hay almas que resisten.
