Michael W. Chamberlin
Rompeviento TV, a 1 de febrero de 2022
Cuatro periodistas y una defensora de derechos humanos han sido asesinados en enero de este año. Las autoridades federales no dejan de condenar y lamentar los sucesos, pero a tres años de este gobierno las cosas para este sector no son diferentes. México sigue siendo el país más peligroso para periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
El 15 de enero se confirmó el homicidio de José Luis Gamboa Arenas, director general del diario digital Inforegio, en Veracruz: “El cuerpo de Gamboa Arenas fue hallado con heridas de arma blanca en el fraccionamiento Floresta, en el Puerto de Veracruz, desde el pasado 10 de enero, sin embargo, fue identificado hasta el sábado 15 de enero, sin que hubiera un aviso previo sobre su desaparición (…). En diversas ocasiones, el periodista denunció mediante su trabajo la inseguridad que prevalece en Veracruz a causa de la delincuencia organizada que opera, acusó, con la complicidad de las autoridades.”
La prensa reporta también que: “(e)l 17 de enero, el reportero y fotoperiodista del Semanario Zeta, Margarito Martínez fue asesinado de un balazo afuera de su casa en Tijuana. En 2019, The San Diego Union-Tribune destacó en un texto la labor periodística de Martínez Esquivel en la cobertura de violencia, drogas y migración en Tijuana.”
La Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada en un comunicado conjunto, condenaron el asesinato de Lourdes Maldonado ocurrido el 23 de enero. Resaltaron que la periodista “cubría temas policiales, de corrupción y de política local en el estado de Baja California desde hace más de 20 años (…) Resulta de especial relevancia que el 26 de marzo de 2019 la reportera habría expresado temor por su vida durante una conferencia de prensa presidencial, donde además solicitó al jefe de Estado su ‘apoyo, ayuda y justicia laboral’ en relación con un litigio laboral que llevaba adelante contra la empresa Primer Sistema de Noticias (PSN), propiedad de Jaime Bonilla exgobernador de Baja California, medio en el cual Lourdes Maldonado había trabajado (…)”. Lourdes Maldonado fue asesinada de la misma manera que Margarito Martínez, con un disparo en la cabeza, afuera de su casa, en Tijuana, Baja California.
En su comunicado conjunto “instan al Estado a investigar de forma pronta, seria e imparcial los hechos (…), reforzar los mecanismos de prevención y protección a las personas que ejercen el periodismo (…) y la implementación de un conjunto de estrategias urgentes, integrales y coherentes en materia de prevención, protección y rendición de cuentas”.
Este lunes 31 de enero se cometió otro asesinato contra periodistas. De acuerdo con Expansión: “(e)l reportero Roberto Toledo murió a causa de disparos de arma de fuego en el municipio de Zitácuaro, Michoacán. Armando Linares, director del portal Monitor Michoacán señaló. ‘Exhibir corrupciones de gobiernos corruptos, de funcionarios y políticos corruptos, nos llevó a la muerte de uno de nuestros compañeros. No puedo hablar mucho, no puedo decir mucho’”.
Reporteros Sin Fronteras en su balance anual señala que México fue por tercer año consecutivo el país con mayor número de periodistas asesinados, con un total de siete. Sólo en enero de 2022 ya suman cuatro, lo que augura un año de mayor violencia para el gremio.
Pero no es todo. Estrella Pedroza reporta para Pie de Página: el asesinato de la defensora de derechos humanos Ana Luisa Garduño Juárez en Morelos: “Ana Luisa (…) se hizo abogada en la búsqueda de justicia por su hija asesinada. Desde ese dolor acompañó a otras familias de víctimas en el estado de Morelos. Fue asesinada el jueves (27 de enero) pasado a las 23:30 horas, al interior del Bar Apolo XI, propiedad de la activista, situado en la calle Álvaro Obregón del Centro de Temixco. El establecimiento está a una cuadra de la presidencia municipal justo a 170 metros y a dos minutos de distancia a pie.” Ana Luisa no sólo representa a las personas defensoras de derechos humanos, sobre todo ejemplifica los riesgos que corren las familias de las víctimas que se atreven a exigir justicia.
La Secretaría de Gobernación (Segob) informó en un comunicado que de diciembre del 2018 a julio de 2021, 43 periodistas y 68 defensores de los derechos humanos han sido asesinados en el país. Precisó que siete periodistas y dos defensores eran beneficiarios del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. El Mecanismo -añade- cuenta con mil 478 personas beneficiarias de la mayoría de las entidades federativas.
A raíz de los recientes asesinatos, la Segob reporta a la CIDH y a la Alta Comisionada, “que trabaja en la creación de un Sistema Nacional de Prevención y Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual estará fundamentado en una Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”. Son entendibles las limitaciones de la Segob y sus frustraciones por no contar con todas las capacidades que el contexto de agresiones les exige, pero es preciso que no pierda el objetivo de una mejor protección. Me permito hacer algunas observaciones.
El Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas fue creado por ley en 2012, al final de la administración de Felipe Calderón, gracias a la presión ejercida por sus destinatarios y sus organizaciones, dado el nivel de violencia que ya existía en contra de esta población en el marco de la guerra contra el narcotráfico, y la ineficacia de las fiscalías para atajar estos crímenes y proteger a las víctimas. Fue de los primeros organismos extraordinarios que se crearon para atender una anormalidad para un país democrático: las agresiones persistentes a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Desde su creación se pensó en un órgano federal de protección dado que el mayor número de agresiones y amenazas provienen de actores locales, de la delincuencia, pero sobre todo de las autoridades estatales y municipales que siguen manteniendo esa preminencia a la fecha. El Mecanismo es a todas luces insuficiente para proteger y detener las agresiones como podemos constatar a casi 10 años de su existencia. Sin embargo, crear una Ley General responde a una lógica de normalizar la violencia, pero sobre todo no redituará en una mejor protección, sólo hará que la Segob se deshaga de su responsabilidad para que “sean los estados quienes paguen el costo político” de la desprotección, según se escucha decir en los pasillos de Bucareli.
Señala también Segob a la CIDH que “(p)ara la formulación del proyecto de Ley Nacional, el gobierno mexicano ha informado que inició una serie de diálogos regionales con la finalidad de que la sociedad civil, y en especial las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, cuenten con espacios plurales e incluyentes de participación.” Habrá que recordar que la Oficina de la Alta Comisionada realizó un diagnóstico en 2019 que incluyó “más de 100 horas de entrevistas a 147 personas, priorizándose a personas beneficiarias y funcionarias del Mecanismo (…), y el intercambio de reflexiones y propuestas con personas y entidades expertas en la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, incluidos mecanismos internacionales de derechos humanos”, que valdría la pena considerar.
El diagnóstico arroja 104 recomendaciones para el fortalecimiento del Mecanismo de Protección, empezando por la insuficiencia de recursos para atender la gran demanda que tiene, la necesidad de coordinación con diversas autoridades y la adopción de mejores herramientas de análisis y medidas de protección. No obstante los diálogos regionales, aún no sabemos el grado de cumplimiento de estas recomendaciones por la Secretaría de Gobernación, que al parecer tomó otro rumbo.
La propia Comisión Interamericana ha señalado que una política integral de protección debe contemplar la obligación de respetar, la obligación de prevenir, la obligación de proteger y la obligación de investigar, juzgar y sancionar.
Atendiendo las obligaciones del Estado mexicano ante una situación que debe ser entendida y atendida como extraordinaria, la ruta más responsable debe ser el fortalecimiento del Mecanismo de Protección de acuerdo con las recomendaciones arrojadas por el diagnóstico de la Oficina de la Alta Comisionada, bajo la rectoría del gobierno federal y con las coordinaciones que se miren pertinentes. Paralelamente, el Estado mexicano debe reconocer que las fiscalías están capturadas por los criminales, por acción o por omisión y actuar en consecuencia para limpiarlas y habilitarlas en su urgente papel de procurar justicia. A nadie escapa que la impunidad casi absoluta son el mejor aliciente para seguir cometiendo crímenes en general y en contra de personas periodistas y defensoras de derechos humanos en particular.
Repartir responsabilidades en una Ley general y en un ilusorio “sistema” sin capacidades para respetar, prevenir, proteger, además de investigar, juzgar y sancionar, fue la razón por la cual se creó el Mecanismo en primer lugar. Ignorar deliberadamente esta situación, es arrojar a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas a una peor desprotección.
