- Aída Hernández Castillo
El 14 de enero pasado, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a la crisis forense y de derechos humanos que se vive en Guanajuato, criminalizando a las víctimas y responsabilizando a sus familias por no haber prevenido que sus hijos se vincularan con el crimen organizado. Repitiendo un discurso “familista”, que ha planteado varias veces durante su sexenio, señaló: “Hay graves problemas de desintegración en las familias, el abandono a los jóvenes. Se fueron desarrollando, criando sin tutela. Los que pierden la vida en los enfrentamientos, la mayoría jóvenes. Están encontrando lamentablemente fosas y todo indica que son jóvenes los que están ahí…”[1].
En el pasado desestimó la violencia doméstica, argumentando que los “valores familiares” de los mexicanos, hacían que la violencia hacia las mujeres no fuera un problema en el país; ahora, ante la dramática realidad de las miles de fosas clandestinas y los más de 15 mil desaparecidos durante su sexenio, arremete contra quienes, asume, no tienen esos valores “familiares” para prevenir la violencia.[2] Desde la perspectiva del presidente, el abandono de los hijos, producto de la “desintegración familiar”, lleva a los jóvenes a vincularse con el crimen organizado y eventualmente a terminar muertos en una fosa clandestina.
La criminalización de las víctimas ha sido una constante en las últimas tres administraciones, que han tendido a presentar a todos y todas las desaparecidas --así como a las víctimas cuyos cuerpos han sido encontrados en fosas-- como integrantes de las redes del crimen organizado, que mueren o desaparecen en ajustes de “cuentas”. Desde las masacres de migrantes en San Fernando (2010 y 2011) y Cadereyta (2012), hasta las primeras declaraciones de funcionarios locales en torno a los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos (2014), los funcionarios estatales han tratado de poner una nube de humo ante el contexto de impunidad que posibilita la violencia, y frente a la participación directa de fuerzas de seguridad en estas graves violaciones a los derechos humanos, culpabilizando a las víctimas.
En el caso de los migrantes desaparecidos, las investigaciones académicas y periodísticas, realizadas en torno a las masacres, muestran que los migrantes eran hombres y mujeres trabajadores, víctimas de las violencias del crimen organizado, que, con la complicidad de las fuerzas de seguridad, los extorsiona, esclaviza y, si es necesario, utiliza sus cuerpos para marcar los territorios bajo su control. [3]
Ante las prácticas revictimizantes de los funcionarios estatales, el Movimiento por la Paz y los colectivos de familiares de desaparecidos lograron que en la Ley General de Víctimas, aprobada en enero del 2013, se incluyera en el artículo quinto el derecho a la no criminalización, estableciendo que “Las autoridades no deberán agravar el sufrimiento de la víctima, ni tratarla en ningún caso como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncie. Ninguna autoridad o particular podrá especular públicamente sobre la pertenencia de las víctimas al crimen organizado o su vinculación con alguna actividad delictiva. La estigmatización, el prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo deberán evitarse.”[4]
Sin embargo, esta ley sigue violándose cotidianamente, a todos los niveles de gobierno. Tan solo el 19 de enero pasado, ante el hallazgo de 13 cuerpos por parte de colectivos de familiares de desaparecidos, en unas fosas clandestinas de Tijuana, uno de los integrantes de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad -creada como parte de la estrategia de seguridad del gobierno actual- declaró: “Aun sin investigación, es lógico que se trata de víctimas de la pugna por la venta de droga en las calles en la Zona Este de la ciudad. Y ciertamente los restos deben corresponder a las personas reportadas como desaparecidas”[5].
Si bien al interior del aparato estatal hay personas verdaderamente comprometidas con los derechos de las víctimas, muchos de ellos y ellas con trayectorias en la defensa de los derechos humanos, cotidianamente tienen que deslindarse de las declaraciones presidenciales, que contradicen muchos de los principios básicos de su trabajo. ¿De qué sirve que el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, haya pedido disculpas públicas el 10 de diciembre pasado a las familias de tres jóvenes desaparecidos, que fueron criminalizados por autoridades locales, si un mes más tarde el presidente de la República repite la misma retórica victimizante?
En respuesta a las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, el Subsecretario reconoció la responsabilidad estatal en la desaparición de los jóvenes Israel Moreno Pérez, Christian Téllez Padilla y Víctor Manuel Guajardo Rivas, “por la falta de justicia y la actitud negligente e irresponsable del Estado mexicano, que negó el acceso a la justicia.” En esa ocasión, María Eugenia Padilla García, madre de Christian Téllez, desaparecido en Veracruz en el 2010, recordó que, ante su denuncia, las autoridades locales de aquel entonces negaron que su hijo hubiera desaparecido y argumentaron que se encontraba en “un penal de alta seguridad por tener vínculos con la delincuencia organizada”.
Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), reconoció el 21 de enero pasado que uno de los problemas que se enfrentan en la búsqueda de desaparecidos, es la falta de sensibilidad de los funcionarios públicos, por lo que su institución está ofreciendo el Primer Curso Especializado Atención a Víctimas y Búsqueda de Personas Desaparecidas.[6] En sus declaraciones, la funcionaria enfatizó también las causas multifactoriales de las desapariciones. Sería un gran aporte a la lucha de los familiares de desaparecidos si la CDHCM lograra que el presidente de la República tomara este curso y empezara a entender y desarticular, mediante políticas públicas efectivas, los múltiples factores que hay detrás de las desapariciones y las fosas clandestinas en el país.
Es lamentable que la ideología “familista” del presidente sea alimentada también por intelectuales que responsabilizan a las “madres” por la violencia que ejercen sus hijos. En una nota intitulada “Sin la complicidad de las madres, el narco bajaría”, la escritora Elena Poniatowska entrevista a la autora Sara Sefchovich en torno a su más reciente libro Demasiado Odio, en el que arremete contra lo que califica como “la moral de las madrecitas mexicanas” que con su complicidad posibilitan la violencia de sus hijos. La autora relata como recorrió el país tratando de convencer a las madres de que educaran bien a sus hijos y se alejaran del crimen organizado, sin embargo, argumenta: “Para mi sorpresa, en todos los grupos con los que me reuní durante casi dos años encontré que las madres no estaban dispuestas a sacrificar los beneficios que reciben de la delincuencia aun a costa de que pueden encarcelar y hasta matar a sus hijos.”[7] Lo más preocupante, es que según Sefchovich, sus conclusiones generalizantes fueron compartidas por ella con el presidente Andrés Manuel López Obrador, alimentando sus prejuicios sobre las “malas madres”.
Culpabilizar a las mujeres por la violencia de los hombres del crimen organizado, no solo es una forma de misoginia, sino que reduce a explicaciones simplistas procesos de macro-criminalidad muy complejos, en los que las violencias estructurales, los mercados globales de drogas y armas, las complicidades de los funcionarios estatales, las culturas de consumo que promueven masculinidades tóxicas, el fracaso de los sistemas de seguridad y justicia, entre otros factores, deben de ser analizados a profundidad para entender la dimensión de la crisis de derechos humanos que se vive en México.
Como antropóloga jurídica, que ha venido acompañando a colectivos de familiares de desaparecidos en distintas regiones del país, he podido documentar las violencias estructurales y extremas en las que se dan las desapariciones y los asesinatos de los hombres y mujeres, cuyos cuerpos son encontrados en las fosas clandestinas. En contextos de impunidad, en donde los hombres armados pueden ejercer su poder, con complicidad o aquiescencia de las fuerzas de seguridad, son múltiples las razones por las que una persona puede terminar en una fosa.
En un proyecto de investigación colaborativa con Las Buscadoras de El Fuerte y Las Rastreadoras Fe y Esperanza, del norte de Sinaloa, documentamos, con mi colega Carolina Robledo, las historias de diecinueve mujeres y un hombre, familiares de desaparecidos, que, con picos y palas, se han dado a la tarea de buscar a sus seres queridos y regresar los cuerpos encontrados en fosas clandestinas, a sus familias. A través de este proyecto de memoria, pudimos documentar las múltiples violencias estructurales y cotidianas que marcaron las historias de estas buscadoras y de sus familiares desaparecidos, aun antes de que las violencias extremas marcaran sus vidas.
En el libro Nadie Detiene el Amor. Historias de Vida de Personas Desaparecidas en el Norte de Sinaloa[8], damos cuenta de la diversidad de contextos en los que una persona puede ser desaparecida y terminar en una fosa. Se trata de historias de duelo, de impunidad e injusticias, pero también historias de resistencias y sororidad, de construcción de comunidad, en medio del dolor y la pérdida. Entre las historias compartidas está la de la joven que rentaba un departamento a un militar, con quien discutió en torno a arreglos del inmueble, desapareciendo al día siguiente. Fue encontrada meses más tarde en una fosa, por Las Rastreadoras; o la historia del joven mayo-yoreme que se enamoró de una mujer deseada por un sicario; o la del gasero que se negó a trabajar como “halcón” (vigilante) para un cártel local; historias de jóvenes amados, educados y cuidados por sus madres, que fueron atrapados en adicciones y obligados a vender drogas, hasta terminar muertos en una fosa. Las historias son diversas, y en muchas de ellas se da cuenta de la complicidad de las fuerzas de seguridad con el crimen organizado y también de las múltiples violencias burocráticas que sufrieron al buscar a sus hijos e hijas.
No es mi intención idealizar a las madres, me imagino que habrá algunas, como las descritas por Sara Sefchovich, pero aun estas historias de “complicidades maternas” deben contextualizarse en el marco de procesos más amplios de exclusiones y violencias múltiples que marcan las vidas de estas mujeres.
Una de las historias más duras documentadas, fue la de una madre cuyo hijo le fue arrebatado a la fuerza por sicarios de un poderoso cártel, cuando tenía solo 12 años. El joven regresó ocho años más tarde, convertido en un hombre violento, a quien su madre apenas podía reconocer. ¿Se puede culpar a esta madre de no haber cuidado bien a su hijo? ¿Quién se siente con la calidad moral de juzgarla y responsabilizarla por la posterior desaparición de su hijo, tras una persecución policial?
Aun en casos como este, en donde los jóvenes desaparecidos sí tuvieron algún vínculo con las redes criminales, es importante reconocer la responsabilidad estatal en la creación y reproducción de contextos de violencia e impunidad, en donde los jóvenes precarizados y racializados tienen pocas opciones para construir una vida digna. Al respecto, una de las madres de Guanajuato respondió a las recientes declaraciones del presidente López Obrador, señalando: “El Colectivo Buscadoras Guanajuato y la Plataforma por la Paz y la Justicia considera relevante que el jefe del Ejecutivo reconozca que en Guanajuato existe el fenómeno de reclutamiento forzado de menores de edad por parte de la delincuencia organizada, por lo que exige un programa específico con recursos federales para prevenir y atender este problema. El presidente, al señalar que la única alternativa para las y los jóvenes es la delincuencia, reproduce la estigmatización que dice combatir”.[9]
La academia comprometida tiene mucho que aportar a la reconstrucción de este contexto multifactorial que posibilita las desapariciones, para confrontar los discursos estigmatizantes de los desaparecidos y sus familias, que se reproducen desde las esferas del poder. Este trabajo ya se está haciendo desde espacios de investigación como el Laboratorio de Antropología Jurídica y Forense de CIESAS, el Grupo de Investigación de Antropología Social y Forense (GIASF), el Observatorio sobre Desaparición e Impunidad de FLACSO, el Seminario sobre Memoria en el Instituto Mora, el Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM, entre otros muchos espacios universitarios, en donde se está produciendo conocimiento en diálogo y colaboración con las víctimas. Sin embargo, el presidente sigue hablando desde un sentido común, que reproduce las perspectivas conservadoras y patriarcales de la familia, trasladando a las madres las responsabilidades que el Estado no ha podido cumplir.
[1] Ver https://www.youtube.com/watch?v=VP_giKCuY5U&ab_channel=ElUniversal
[2] El dato más reciente de la Comisión Nacional de Búsqueda señalaba que en diciembre 2020 se tenía un registro de casi 83 mil personas desaparecidas, 15, 270 durante los primeros dos años de gobierno de AMLO.
[3] Como parte de un equipo interdisciplinario en el que participamos Clara Sandoval, Sandra Odeth Gerardo, Allan Rodríguez y Dilcia Lorena Vázquez, a petición de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático del Derecho, realizamos el Peritaje sobre Agravios y Resarcimientos de las Víctimas de la Masacre de Cadereyta, Entre el dolor y la búsqueda de verdad, justicia y resarcimiento, en el que documentamos las historias de vida de nueve de las víctimas de esta masacre, confrontando con este informe las perspectivas criminalizantes de los migrantes. Sobre el papel del Estado en la necropolítica contra los migrantes, se pueden consultar los trabajos de Amarela Varela, https://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/view/2486
[4] https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/112957/Ley_General_de_Victimas.pdf
[5] https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/19/un-tiradero-del-cjng-la-fosa-clandestina-con-13-cadaveres-encontrada-en-tijuana/
[6] https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/18/sociedad/suman-96-personas-desaparecidas-en-mexico-en-lo-que-va-del-2021/
[7] https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/10/cultura/sin-complicidad-de-las-madres-el-narco-bajaria-elena-poniatowska/
[8] El libro coeditado por GIASF, CIESAS, el Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM y la Colectiva Hermanas en la Sombra, puede bajarse gratuitamente en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/13/6316/25.pdf
