Michael Chamberlin
Rompeviento/23 de febrero de 2021
La Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI, por sus siglas en inglés) determinó llevar a cabo una “revisión especial” a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El GANHRI bajo el paraguas de la ONU es una instancia global que revisa el grado de imparcialidad y efectividad de las instituciones nacionales de derechos humanos y está compuesto por 127 miembros. En su periodo de sesiones de diciembre pasado decidió:
“4.1 México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Decisión: El Subcomité decide que iniciará una revisión especial de la institución en su primer período de sesiones de 2021.
El Subcomité recibió una carta de un grupo de organizaciones de la sociedad civil relativa al nombramiento del presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en noviembre de 2019, a las preocupaciones conexas con respecto a un supuesto conflicto de interés y a la eficacia de la institución al abordar todas las cuestiones de derechos humanos.
El Subcomité es de la opinión de que esa información suscita preocupaciones respecto de la continua conformidad de la Comisión con los Principios de París.
El Subcomité reconoce que recibió una respuesta de la Comisión en relación con estas alegaciones que indicaba que el proceso de selección se llevó a cabo de acuerdo a lo establecido por la ley y que no existe conflicto de interés.
El Subcomité es de la opinión de que esta explicación no responde plenamente a todas las cuestiones planteadas. En consecuencia, decide iniciar un examen especial.
El Subcomité remite al artículo 16.2 del Estatuto de la GANHRI.”
El artículo 16.2 del estatuto se refiere a la Revisión de la clase de acreditación cuando en opinión del presidente de la GANHRI o de un miembro del Subcomité de Acreditación parezca que las circunstancias de una institución nacional de derechos humanos con acreditación de clase "A" hayan cambiado de forma que repercuta sobre su conformidad con los Principios de París.
La preocupación del Comité es que la CNDH haya dejado de cumplir con los principios que rigen a las instituciones nacionales de derechos humanos, llamados Principios de Paris. El GANHRI expresa preocupación no sólo por la carta que diversas organizaciones mexicanas le hicieron llegar, también, por la falta de una respuesta satisfactoria por parte de la presidencia de Rosario Piedra.
¿Cuáles son las preocupaciones que tiene el GANHRI? En la carta enviada por las organizaciones de derechos humanos en diciembre de 2019, se señalan fallas en el proceso de evaluación de las candidaturas; incumplimiento de los requisitos esenciales de los Principios de París en la selección y nombramiento de la titularidad de la CNDH; y, riesgos de incumplimiento con dichos Principios relacionados a recursos suficientes dados los recortes presupuestales.
Actualmente la CNDH tiene “Grado A” dentro de la GANHRI junto con 84 instituciones nacionales más en el mundo. Grado A significa: “Totalmente compatible con los Principios de París” y derecho a voz y voto en la asamblea de la Alianza; Grado B significa “Parcialmente compatible con los principios de París”, con derecho a voz, pero sin voto en la Asamblea de la Alianza. Cabe señalar que en el caso de Panamá, una revisión especial derivó en una recomendación del Comité de Acreditaciones de la GANHRI en diciembre pasado, para degradar a su comisión a Grado B.
El principal capital de una institución nacional de derechos humanos es su credibilidad, una degradación afecta sin duda esa credibilidad, pero es peor cuando el cumplimiento con los Principios de París es sólo una simulación, por eso la revisión es importante.
Hace un par de días, las ONG de derechos humanos enviaron una nueva carta a la GANHRI señalando nuevas preocupaciones en el actuar de la CNDH que son incompatibles con los Principios de Paris, entre otras cosas señalan la parcialidad y la falta de independencia que son principios básicos para las instituciones nacionales de derechos humanos.
Señalan, por ejemplo, la omisión de la CNDH para interponer una acción de inconstitucionalidad por el “Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”. La carta afirma que la “omisión de la CNDH al no presentar una acción de inconstitucionalidad y permitir a la máxima autoridad judicial decidir sobre su legalidad, no solo desestima que hasta octubre de 2020 se presentaron 322 quejas en dicha CNDH en contra de la Guardia Nacional, sino que contraviene la interpretación de su mandato de forma amplia e intencional”.
Las omisiones de la CNDH con respecto a la actuación del ejército mexicano van más allá. La carta señala cómo “ante una probable ejecución extrajudicial ocurrida el 3 de julio de 2020 en Nuevo Laredo Tamaulipas, por parte de militares en funciones en contra de presuntos delincuentes, que tuvo como resultado 12 muertes, tres al menos se encontraban maniatados, la CNDH lejos de abrir una queja por oficio como le obliga la ley, se limitó a publicar un comunicado fechado el 27 de agosto de 2020, a través del cual solicita a la Secretaría de la Defensa Nacional realizar una investigación exhaustiva que esclarezca los hechos ocurridos, no sin reafirmar el papel trascendental que realizan las fuerzas armadas en el combate a la inseguridad.”
Señala además que en el caso de los migrantes, “las organizaciones Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y Sin Fronteras IAP, presentamos a la titular de la CNDH información detallada sobre las más de 20 quejas que se han interpuesto con información detallada sobre los hechos denunciados y el estado actual de los procedimientos ante dicha Comisión. (…) las violaciones cometidas por autoridades mexicanas en contra de los derechos humanos de las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y apátridas en México son sumamente graves (…) Vemos con profunda preocupación las declaraciones realizadas por la actual presidenta de la CNDH, en una entrevista concedida en el programa de televisión “Tragaluz” transmitido en Milenio TV. En dicha entrevista, afirmó que ‘solamente’ existen seis quejas sobre violaciones a los derechos humanos de personas migrantes en México y que las mismas abordaban ‘cuestiones superficiales’. (…) Esto recobra mayor gravedad al evidenciar cómo la CNDH ha ocultado testimonios de tortura, asesinatos y violaciones a migrantes como demostró el medio digital Animal Político.”
La carta habla además de la falta de independencia de la CNDH en rechazar las declaraciones de la presidencia que ocasionan la estigmatización y criminalización de la labor de personas defensoras de derechos humanos y periodistas; la falta de continuidad en la atención al fenómeno de desplazamiento interno forzado; la falta de cooperación con otras instituciones de derechos humanos; recursos insuficientes y omisiones para su correcto desempeño; y la falta de rigurosidad y consistencia en la calificación a violaciones a derechos humanos en las recomendaciones emitidas.
Asimismo, señala omisiones en el nombramiento de visitadores generales: “Desde que tomó posesión la actual presidenta de la CNDH, se omitió nombrar a visitadores generales para nombrar en su lugar a Directores Generales que, a diferencia de las y los visitadores, no tienen que ser licenciados en derecho (…). Sin visitadores generales se generan dudas sobre la legalidad de todas las actuaciones de los directores generales, como recomendaciones, medidas cautelares o acuerdos de conciliación, etc.”
Acusa de un desdén al Consejo Consultivo: “Desde febrero de 2019 la presidenta no ha llamado a sesión al Consejo cuando por ley (art. 20) deben sesionar ordinariamente una vez al mes. Esta falla no es menor si se considera que la presidencia de la CNDH tiene que rendir cuentas al consejo y requiere para algunos temas específicos su aprobación (…). Sin el Consejo Consultivo la CNDH se priva de funciones necesarias para su correcta actuación a riesgo de cometer una usurpación de funciones entre otras acciones de rendición de cuentas y observación que tiene el consejo consultivo”.
Desde octubre pasado, un servidor dejó de ser Consejero Consultivo de la CNDH dado que el Reglamento prevé que cada año, en octubre, los dos miembros de mayor antigüedad deben dejar el Consejo. Ante la renuncia de 7 consejeros en el contexto del cuestionado nombramiento de Rosario Piedra, solo quedamos tres, y desde octubre sólo queda una consejera.
El deterioro de la CNDH es palpable y la pérdida de autonomía su peor desgracia. A mi juicio se debe a un error común en las militancias, esto es, confundir la causa con el caudillo. La causa de la democracia y los derechos humanos se debe hacer con el apoyo del gobierno en turno o sin él, es por eso que la independencia de la CNDH es fundamental. Esperemos que la revisión del GANHRI sea un incentivo para recomponer el rumbo, si no es así, al menos permitirá dejar a un lado la simulación y la grave omisión ante las graves violaciones a derechos humanos que ocurren todos los días.
