Doctor en Filosofía Moral y Política (UAM-I). Profesor de filosofía social y filosofía de la historia (La Salle)
@FPmagonista
Ingreso Ciudadano Universal, un debate pendiente
El pasado 22 de marzo tuvo lugar el Foro “Ingreso Ciudadano Universal”, organizado por la diputada Araceli Damián en la Cámara de Diputados. A pesar de que en países como Finlandia, Suiza, España o Islandia, la idea de un ingreso mínimo otorgado a todos los ciudadanos sin condición alguna ya forma parte central del debate público,[1] en México semejante propuesta no ha logrado salir de algunos círculos académicos y penetrar en la sociedad civil.
En un país como el nuestro, con más de 55 millones de pobres, una creciente desigualdad y una pésima distribución del ingreso, la también llamada renta básica tendría la virtud de disminuir significativamente la pobreza, desincentivar el uso clientelar de los programas sociales, simplificar la burocracia, hacer frente a la precarización generalizada del empleo y reactivar el mercado interno. Todo ello a partir de una medida fundada en un sistema fiscal progresivo compatible con otras prestaciones universales incondicionadas como la salud o la educación.
No obstante, existen objeciones de diversa índole respecto a la fundamentación, la viabilidad y la efectividad de esta medida. En primer lugar, hay objeciones de carácter filosófico. Según una perspectiva de corte hiperliberal la financiación de la renta básica implicaría un atentado contra el derecho de propiedad y la libertad -entendida como libertad negativa- de los individuos. Desde esta perspectiva, la intervención gubernamental con el fin de redistribuir el ingreso implicaría una acción ilegítima del Estado puesto que dispondría de recursos sobre los cuales los individuos serían propietarios absolutos. Así, al dirigir la distribución de los recursos privados el Estado violaría la autonomía de los individuos y pondría en riesgo los fundamentos mismos de la democracia.
Esta crítica no parece del todo consistente si se toma en serio el compromiso de las democracias modernas con los derechos humanos. Si, como lo ha hecho buena parte de la tradición republicana, se asume que la inserción en la esfera social implica un acuerdo político para garantizar tanto la libertad de sus individuos como las condiciones formales y materiales que la hacen posible, resulta inviable hablar de la autonomía del individuo sin la garantía de procedimientos formales y mínimos vitales para su no-dependencia.
Esto no es una discusión filosófica meramente abstracta. De hecho, el paradigma de los derechos al que se han adscrito las democracias modernas occidentales recoge esta intuición al hacer del derecho a la alimentación, a la vida o a la vivienda condiciones necesarias para el funcionamiento adecuado de las democracias. De tal suerte que el problema de la garantía de estos derechos y de su justiciabilidad se vuelve ineludible.
Más agudas son las críticas que ponen en duda la viabilidad del Ingreso Ciudadano Universal o su efectividad a largo plazo. De hecho, la contundente derrota sufrida por los defensores de la Renta Básica en el referéndum celebrado en Suiza se debió, en buena medida, a que el propio gobierno argumentó que el coste sería demasiado amplio para el Estado y generaría terribles efectos económicos.
Es verdad que los defensores del Ingreso Ciudadano Universal tienen sólidos argumentos tanto en lo tocante a su viabilidad (sobre todo si su implementación es progresiva y se sostiene en una Reforma Fiscal amplia), como respecto a sus virtuales efectos positivos en la economía al incentivar el consumo y dinamizar el mercado interno.
Sin embargo, no debe subestimarse la resistencia de ciertos sectores sociales para quienes una medida como ésta sería concebida como un regalo por parte del Estado a los sectores más improductivos y menos emprendedores de la sociedad. No hay que olvidar que en la batalla por el sentido común, las narrativas de la autosuperación personal, el coaching y el emprendedurismo han comenzado a colonizar el imaginario de buena parte de nuestra cultura.
En cualquier caso, los efectos de la llamada cuarta revolución tecnológica; el desmantelamiento de los sistemas de protección vinculados al trabajo asalariado en el marco del Estado Benefactor; la insostenible situación de incertidumbre y riesgo en la que vive buena parte del llamado “precariado” global; y la realidad de la “división internacional” del trabajo, nos obligan a pensar estrategias realistas para afrontar los retos de un mundo que, si continúa por el mismo camino, sólo puede prometernos un aumento de las patologías sociales más nocivas de nuestro tiempo: desigualdad, pobreza y violencia.
Sin duda, la propuesta del Ingreso Ciudadano Universal representa una propuesta digna de ser considerada y debatida por la sociedad en su conjunto para hacer fente a una situación francamente insostenible como la que vivimos en este país.
[1] De hecho, este mismo año Finlandia ha implementado un programa piloto restringido a un grupo focalizado para valorar los resultados de esta medida y analizar su posible generalización.