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Ineficiencia, filtraciones y desinformación: el caso que hizo estallar la revolución de la diamantina

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Por: Paola Atziri Paz y Luz María León

Seis días después de que se diera a conocer la presunta violación de cuatro policías a una menor de edad en Azcapotzalco la madrugada del 3 de agosto, el vocero de la Procuraduría General de Justicia de la CDMX  (PGJCDMX), Ulises Lara, hizo público que desde esa dependencia se filtraron datos de la denunciante que hicieron que ella perdiera la confianza para continuar con el proceso.

Posteriormente y tras la publicación de un video publicado en el programa ‘En Punto’ de Televisa, Ulises Lara informó que “el momento, circunstancias, lugar, y hechos” no coincidían con la declaración de la joven. Además, aseguró que desde la denuncia la Procuraduría actuó de manera inmediata, eficiente y conforme a derecho. 

Lo anterior provocó que decenas de mujeres salieran a las calles con enojo y frustración ante la actuación de las autoridades, en un caso lleno de irregularidades, caracterizado por el mal manejo de la información, la violación de derechos de la víctima y al debido proceso, además de filtraciones de datos que han entorpecido las pesquisas.

Las contradicciones e ineficiencia de las autoridades

Tan sólo tres días después de las declaraciones de la joven ante el MP, el 6 de agosto de 2019, la procuradora Ernestina Godoy Ramos informó que los cuatro agentes señalados como presuntos violadores se mantenían bajo resguardo de asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a cargo de Jesús Orta, y especificó que no había imputación directa (es decir, que la víctima no se había presentado a identificar a los probables responsables), por lo que podían quedar libres y ser reinstalados a sus funciones policíacas.

De acuerdo con el abogado David Peña, integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, cuando se trata de delitos de naturaleza de realización oculta como la violación, el elemento fundamental es el testimonio de la víctima.

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las investigaciones tienen que partir de la creencia del testimonio de la víctima y posteriormente es deber de las autoridades competentes buscar otros elementos para robustecerlo.

Si bien es cierto que la imputación directa es un elemento importante para la investigación de un delito no es el primero, el único ni el definitivo. Y en esa medida, las autoridades fueron ineficientes. Según el abogado defensor de los derechos humanos, “lo que están haciendo es al revés, imputarle la carga probatoria a la víctima”.

Para el 9 de agosto, el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, informó que los cuatro policías que fueron denunciados por violación regresaron a sus funciones debido a que hasta entonces no había una orden de aprehensión en la Procuraduría de Justicia capitalina ni imputación alguna que justificara la suspensión, pues de otra forma se violarían sus derechos laborales. No obstante, horas más tarde la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, contradijo la versión de Orta y señaló que los policías no estaban en funciones debido a que se investigaban las denuncias en su contra.

Cuatro días después de las versiones encontradas sobre la situación jurídica de los presuntos violadores y a 10 días de la denuncia, el 13 de agosto, Sheinbaum informó que seis policías fueron suspendidos de sus funciones mientras se llevaban a cabo las investigaciones. Lo anterior muestra que las autoridades de la SSC no se rigieron por el Consejo de Honor y Justicia, que establece para la Suspensión Temporal de Carácter Preventivo: “decretar la separación del cargo, respecto de aquellos elementos policiacos que se encuentran sujetos a investigación por actos u omisiones de los que puedan derivarse presuntas responsabilidades”.

Filtraciones de datos personales y de la investigación 

Cinco días después de los hechos, la PGJCDMX aseguró a través de un comunicado que desde que tuvo conocimiento de los hechos, se privilegió “en todo momento la integridad, seguridad y atención a la víctima”. 

No obstante, un día después de esto la PGJ reconoció a través de su vocero que desde esa dependencia se filtró la información de la joven de 17 años que denunció a los cuatro policías, por lo que ella y su familia habían perdido la confianza en las autoridades. 

Esto violó el debido proceso y sus derechos al no haber implementado medidas para proteger su intimidad e identidad a fin de respetar su dignidad humana, como lo establece la Ley General de Víctimas. 

¿Por qué se filtró un video que aporta elementos para una investigación en proceso?
Tras la denuncia de la joven el mismo día que ocurrió la presunta violación, el Ministerio Público tenía que cumplir con la obligación de asegurar las grabaciones de los Centros de Comando y Control (C2), que se encargan del monitoreo de las cámaras de videovigilancia de las diversas zonas de la ciudad, así como solicitar a los vecinos las grabaciones de las cámaras de seguridad particulares para procesar la información.

Con base en el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, Artículo 7°, sección VII, las autoridades correspondientes deben “adoptar las medidas necesarias para la preservación del lugar de los hechos, custodia de imputados y cadena de custodia de las evidencias, así como de los bienes muebles e inmuebles”. 

Es así que la Policía de Investigación (PDI) del MP tuvo que pedir, trasladar y entregar los videos al Ministerio Público, mismos que debieron ser sellados, etiquetados, firmados y quedar con el registro de Cadena de Custodia. Sin embargo, un video editado y con una visión parcial de dos cámaras de seguridad particulares salió a la luz.

A partir de esto cabría la posibilidad de plantear si la Procuraduría o el Órgano Interno de Control debe iniciar una investigación hacia los PDI o el responsable de la recepción de indicios o elementos materiales probatorios en la bodega de indicios, si es el caso en el que dichos videos estaban bajo el resguardo de la institución.

En tanto, el MP debió hacer uso del equipo de peritos para el procesamiento de posibles pruebas y analizar las mismas a fin de explicar cómo sucedieron los hechos. No obstante, el vocero de la PGJCDMX, Ulises Lara, aseveró que lo que contó la víctima supuestamente no coincide con lo ocurrido con base al video narrado y emitido en televisión abierta la noche del pasado 14 de agosto.

Además, la grave situación de violencia que enfrentan las mujeres evidencia la urgencia en aplicar el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para la Violencia Sexual. Los servidores públicos, a nivel ministerial, policial y pericial, tienen la obligación de utilizar las herramientas metodológicas que proporciona para la investigación en un caso de violencia sexual como este.

Aunado a esto, también habría una violación grave al derecho a una vida libre de violencia de ser cierto lo señalado por El Universal el pasado 15 de agosto respecto a que el MP incurrió en irregularidades porque el médico legista no aplicó el protocolo con perspectiva de género para delitos sexuales y no realizó los exámenes correspondientes para este tipo de casos al haber citado a la joven hasta el 6 de agosto a fin de tomar las pruebas de la ropa interior, tejidos en uñas y fluidos, por lo que el resultado fue negativo. 

Asimismo, se debieron solicitar medidas precautorias debido al riesgo que representaba para la integridad de la víctima esta situación, ya que la violencia sexual fue cometida por más de un presunto agresor.

Por otro lado, durante una conferencia de prensa de tan sólo tres minutos, el pasado 15 de agosto Ulises Lara envió un mensaje a la víctima: “insistimos en invitar a la familia de la víctima o a ella misma, si lo desea, para aportar más elementos y fortalecer la investigación”.

Sin embargo, aunque una víctima no quiera o no pueda aportar más datos por miedo, impacto emocional o cualquier tipo de circunstancia, el Agente del Ministerio Público de la Federación (AMPF) tiene la obligación de impulsar las investigaciones con o sin cooperación de la víctima y sus familiares e incluso en este tipo de casos se debe cumplir con “mayor suficiencia y constancia”, según el Protocolo de Investigación para este tipo de ilícitos.

El papel de los medios de comunicación 

El caso salió a la luz el 6 de agosto cuando el medio Excélsior publicó una nota con la explicación de los hechos, ilustraciones y número del expediente. En el texto aseguró que la joven fue sometida a los exámenes fìsicos y psicológicos que mostraban un abuso sexual. 

Desde entonces, el caso fue replicado por múltiples medios y escaló en la opinión pública como una suma de exigencias y cuestionamientos hacia la actuación de las autoridades, especialmente después de las versiones encontradas de las titulares del gobierno de la Ciudad de México, la PGJCDMX y el secretario de Seguridad Ciudadana.

Las exigencias de mujeres y colectivas feministas se tradujeron en una movilización que partió de las instalaciones de la SSC a la PGJCDMX hace una semana, en la que las manifestantes lanzaron una bomba de diamantina a Jesús Orta y rompieron las puertas de la Procuraduría.

Sobre estos hechos diversos medios aseguraron que habían participado infiltradas e infiltrados, la desvirtuaron y la politizaron. Más allá de hacer un análisis de las causas que generaron esta acción, reportaron los daños materiales, reprodujeron imágenes de las mujeres rayando paredes y rompiendo una puerta de cristal. 

Además, en busca de tener una primicia, noticiarios y periódicos publicaron información sin confirmar, lo que generó mayor confusión y desinformación.

El acabose llegó el 14 de agosto tras la publicación de un video en Televisa, una de las televisoras con más poder mediático en México. El reportaje y las aseveraciones en el programa generaron un cambio en la percepción del público sobre el caso y se tradujo en una polarización, revictimización y persecución mediática contra la joven.

¿La dependencia averiguará cómo llegó ese vídeo a la televisora? Este cuestionamiento no surge para apuntalar acciones punitivas o de linchamiento contra un medio de comunicación sino para asumir las responsabilidades que cada participante en torno a esto tiene desde el lugar y el grado que le toca. La obligación de procurar justicia y garantizar el derecho de la víctima a la justicia y a una vida libre de violencia es de las autoridades capitalinas, al tiempo que tendrán que inspeccionar cómo se conducen quienes integran las dependencias. 

No obstante, las y los periodistas también pueden decidir si la noticia que se publica está basada en intereses personales como lo es aumentar la audiencia o si en medio se pone a discusión un asunto ético sobre el cuidado de la dignidad humana de una víctima y el bien común de la población. La confianza que tiene la sociedad en las autoridades ha sido minada con sus propias acciones, como en cierta medida lo ha sido también la que hay hacia la prensa. 

Estos hechos han llevado a miles de mujeres a protestar en contra de la violencia de género y a exigir a las autoridades que realicen su trabajo sin violaciones a los protocolos, con protección para la víctima y cero impunidad debido a que este hecho no es un caso aislado, sino una práctica sistemática. A través de un comunicado, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio señaló: “hemos documentado una ruta de impunidad y patrones que responsabilizan a las mujeres de las agresiones y violaciones en su contra; la reproducción de los estereotipos de género por parte de las propias autoridades, y lo que ello implica para ellas y sus familias”.

Organizaciones como Amnistía Internacional han documentado la tortura sexual que sufren las mujeres por parte de integrantes de las fuerzas de seguridad pública, la Marina y el Ejército cuando son arrestadas. El informe “Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México”, publicado en junio de 2016 por AI, mostró una forma de actuar generalizada por parte de los elementos. A partir del testimonio de 100 mujeres que fueron detenidas y violentadas física y psicológicamente, con insultos basados en la orientación sexual e identidad de género hasta abusos y violación sexual, por integrantes de dichas fuerzas.

De igual manera, uno de los casos más emblemáticos de este tipo de violencia fue la que sufrieron 11 mujeres sobrevivientes de tortura sexual y violación por parte de policías durante un operativo contra pobladores en San Salvador Atenco, Estado de México, en 2006. Mientras que el pasado 19 de mayo, un juez de control dejó en libertad al policía municipal Joel C.C., acusado de la violación hacia una joven en Tulum, Quintana Roo.

Las mujeres organizadas también se han manifestado contra la falta de perspectiva de género de los medios de comunicación, quienes reproducen discursos que afectan el debido proceso, criminalizan y desinforman.

 

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