Alejandro Saldaña Rosas
Académico. Director de Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento de Xalapa, Ver.
Twitter: @alesal3 / Facebook: Alejandro Saldaña
Incertidumbre, justicia y paz
A un mes de la histórica jornada que algunos analistas califican incluso como una insurrección electoral, la incertidumbre sobre el proyecto de nación que encabezará Andrés Manuel López Obrador tiende a la baja; abona a ello que los augurios de los catastrofistas han fallado contundentemente: ni el peso se fue a las nubes, ni ha habido fuga de capitales, ni ha ocurrido ninguna desestabilización en el sistema financiero, por el contrario, los mercados han reaccionado favorablemente, la comunidad internacional (Trump en particular) saluda al nuevo gobierno y en general las señales apuntan en una dirección que permite albergar moderado optimismo. Lejos que la incertidumbre campee, se respiran vientos de cambio provenientes de la confianza depositada en AMLO y su experimentado equipo de trabajo.
Hace algunos días comentaba con un amigo (gran analista político) que el país aún no asimila cabalmente la importancia de la elección del 1º de julio, “no nos ha caído el veinte” por completo toda vez que el cambio de ruta en México parecía imposible. Si el proyecto neoliberal fue concebido como la única e inevitable opción para el país, se debió a que sus principios, sus valores, sus mentiras, su visión del mundo (como esa cantaleta de que “el cambio está en ti mismo”) fueron hegemónicos y las voces disidentes (las de los chairos) acalladas implacablemente. Ese modelo, con su cauda de injusticias, exclusión y autoritarismo, es el que se está derrumbando ante nuestros ojos. La caída no será rápida, tersa ni ausente de profundas contradicciones y paradojas, pero es evidente que los más de treinta millones de mexicanos y mexicanas que votamos por un cambio en México representamos una fuerza política y social de enorme relevancia y capacidad de transformación.
Sin embargo, el optimismo hacia los proyectos económicos, sociales, institucionales (freno a los abusos en el sector público, por ejemplo), energéticos y de recuperación paulatina de un país que se nos fue de las manos, oscurece en cuanto a la impartición de justicia se refiere. En otras palabras: la esperanza de que cambiarán -para bien- las cosas en la economía, la educación, la cultura, la ciencia, la transparencia, la rendición de cuentas o la agricultura campesina, no se aprecia en el agujero abisal de la impartición de justicia. Los cambios ocurridos en el poder Ejecutivo y en el Legislativo, así como en la recomposición política en el ámbito estatal y municipal, no han tenido correlato en el poder Judicial donde jueces, magistrados, ministros y en general toda la estructura de impartición de justicia no permite albergar la menor esperanza de que los vientos del cambio soplen en juzgados y tribunales.
Quizás ese sea el gran reto de la administración de López Obrador: acabar con la impunidad, impartir justicia pronta y expedita a TODA la población sin distingo alguno y fundamentalmente cerrar las heridas que laceran a miles, a millones de familias en todo el país. En esta tesitura, es ineludible que el gobierno de AMLO realice o facilite las investigaciones necesarias para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Son ya cuatro años de impunidad, de “verdades históricas” que caen por su propia imbecilidad, de ocultamiento de información, de protección al ejército, de campañas mediáticas de desinformación, de absurdos acumulados, de cinismo institucional.
También es ineludible que el gobierno de la Ciudad de México que encabezará Claudia Sheinbaum, el de Cuitláhuac García de Veracruz y el propio federal articulen esfuerzos, voluntades y capacidad de trabajo para investigar a fondo los asesinatos de Rubén Espinosa, Nadia Vera, Mile Virginia Martín, Alejandra Negrete y Yesenia Quiroz. El llamado multihomicidio de la Narvarte cumple este 31 de julio tres años de impunidad y a pesar de que Javier Duarte y Arturo Bermúdez Zurita se encuentran detenidos, al parecer ninguna línea de investigación apunta hacia ellos. No olvidemos –no olvidamos- que Rubén salió de Xalapa unas semanas antes de ser asesinado precisamente porque temía por su vida. No olvidemos –no olvidamos- que Nadia señaló contundentemente que si algo le sucedía a ella el responsable era Javier Duarte, entonces gobernador de Veracruz. Y tampoco olvidemos –no olvidamos- que poco menos de dos meses antes del asesinato del fotógrafo Rubén Espinosa una de sus últimas coberturas informativas fue la golpiza a ocho estudiantes de la UV propinada por un comando parapoliciaco (Bermúdez Zurita era el Secretario de Seguridad), delito que a la fecha permanece impune. Rubén abandonó Xalapa el día 10 de junio de 2015, luego de la marcha de protesta del día 9; el vínculo entre ambos delitos: la golpiza a 8 estudiantes el 5 de junio y el asesinato de Rubén el 31 de julio no ha sido investigado.
E ineludible es que el gobierno de López Obrador investigue hasta las últimas consecuencias (ahora sí) los miles de desaparecidos que hay en todo el país. México no podrá transitar hacia la llamada “cuarta transformación” si no se cierra por completo y para siempre el expediente de los desaparecidos; son miles, quizás cientos de miles, de personas que en los últimos años han “desaparecido” en México. Entre los desaparecidos de la guerra sucia de los años setenta y ochenta, y los más recientes del “combate” al narcotráfico, el país entero se ha convertido en una inmensa fosa clandestina. Muchas de las desapariciones han sido forzadas, esto es, cometidas por militares, marinos, policías o cualquier otro integrante del Estado mexicano; este hecho obliga a la próxima administración federal a iniciar un profundo proceso de esclarecimiento de hechos que conduzca al castigo de los culpables.
El compromiso del próximo gobierno para con los familiares de las víctimas de desaparición debe ser claro e irrefutable: es necesario destinar los recursos suficientes para sacar hasta el último fragmento de cuerpo enterrado en cualquier fosa de Veracruz, Guerrero, Coahuila, Michoacán, Tamaulipas, Chihuahua, estado de México, Nayarit, Campeche, etc. Asimismo es imprescindible que las autoridades federales, estatales y municipales se aboquen a revisar detenidamente las fosas comunes de todos los panteones.
Sin paz y consuelo para los familiares de los desaparecidos no puede haber paz en el país. Y sin paz, no hay transformación alguna.
