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Homicidios de la Narvarte: impunidad, pactos y compromiso

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El miércoles 31 de julio se cumplen cuatro años del homicidio múltiple que cobró la vida de Nadia Vera, Rubén Espinosa, Alejandra Negrete, Mile Virginia Martín y Yesenia Quiroz. Como cada año, la exigencia de los familiares y las amistades de las víctimas es la misma: verdad y justicia; una exigencia que ha hecho suya una gran parte de la sociedad mexicana, consternada tanto por los brutales asesinatos como por el pasmo, y la franca obstrucción, de las autoridades responsables de las investigaciones y la impartición de justicia. Si uno de los principios fundamentales de la justicia es su carácter pronto y expedito, es evidente que en los homicidios de la colonia Narvarte, a cuatro años de distancia, la impunidad se ha impuesto. Impunidad que no puede explicarse sin pactos mafiosos que han beneficiado, entre los personajes de mayor visibilidad política, a los ex funcionarios Javier Duarte y Arturo Bermúdez. Hoy, la exigencia de los familiares de las víctimas de la Narvarte, y de la sociedad en su conjunto, es que el compromiso de las autoridades electas el 2º de julio de 2018 para transformar al país, se honre: sin justicia no puede haber transformación.

  1. La impunidad. Los “expertos” de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (antes Procuraduría del Distrito Federal), a través de sus “investigaciones” han sido incapaces de determinar el móvil de los asesinatos (robo y drogas fueron sus primeras hipótesis); tampoco han logrado establecer la secuencia puntual de los hechos, ni identificado todas las huellas dactilares; dos de los tres detenidos, César Omar Martínez y Daniel Pacheco, no han sido sentenciados y el tercero, José Abraham Torres Tranquilino (ex policía), fue sentenciado a 315 años de cárcel, pero arguye que su confesión fue arrancada con torturas, además, las declaraciones de los detenidos no coinciden; la Procuraduría capitalina sistemáticamente violó los protocolos de investigación, por ejemplo, al no resguardar debidamente el lugar de los hechos o al filtrar información a los medios de comunicación; desde los primeros días posteriores al multihomicidio se estigmatizó a Mile Virginia Martín por su nacionalidad colombiana (se le señaló como prostituta y traficante de drogas); una de las principales líneas de investigación, la que apunta a Veracruz y al entonces gobernador Javier Duarte y su secretario de seguridad, Arturo Bermúdez Zurita, fue “explorada” (y luego descartada) mediante una indagatoria a todas luces tramposa, falaz y encubridora.

Las investigaciones de la Procuraduría de la Ciudad de México han adolecido del mínimo rigor profesional, de allí su nula efectividad y, por ende, han sido un factor de primer orden para que el crimen de la Narvarte permanezca en la impunidad. La actuación de la Procuraduría capitalina, y la del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, motivó a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a emitir la recomendación 04/2017 por “Omisión de investigar con la debida diligencia y perspectiva de género los feminicidios de Mile Virginia Martín, Yesenia Atziry Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés, la defensora de derechos humanos Nadia Dominique Vera Pérez y el homicidio del periodista Rubén Manuel Espinosa Becerril” (https://cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2017/06/reco_0417.pdf). La Procuraduría aceptó la recomendación pero solamente de palabra puesto que las acciones concretas derivadas de la misma no se han realizado, en particular el diseño de un “plan de investigación” que profundice en líneas de investigación que no han sido indagadas hasta agotarlas. En este tenor, la investigación de la persecución política de Nadia y Rubén en Veracruz debería ir a fondo, sin embargo, a la PJ las evidencias le han parecido irrelevantes. La recomendación de la CDHDF es muy clara: “resulta importante subrayar que la autoridad incumplió con su obligación de manera sistemática y continuada, debido a que el personal ministerial omitió realizar diligencias motu proprio (sic) que consideraran el contexto y antecedentes de agresiones, hostigamiento y amenazas por el desempeño de las actividades, que orillaron al desplazamiento interno tanto de Nadia como de Rubén del estado de Veracruz a la Ciudad de México”. Difícil creer la torpeza de la Procuraduría, si no es como parte de una estrategia de encubrimiento de los verdaderos responsables de los asesinatos del 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte de la Ciudad de México.

  1. Los pactos. Para dar cabal cumplimento a la recomendación de la CDHDF, las autoridades judiciales de la CDMX no pueden obviar la línea de investigación que conduce a Veracruz en tiempos de Javier Duarte y Bermúdez Zurita; hoy los dos están sujetos a proceso, el primero aún detenido (aunque no sería rara su excarcelación en breve) y el segundo siguiendo su proceso en libertad.

Ambos ex funcionarios han sido beneficiados de pactos mafiosos entre ellos y con diversos actores de la escena política y judicial de México; no se explica de otra forma que a pesar de las evidencias en su contra, el aparato de justicia los esté tratando con enorme benevolencia. Duarte admitió los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, con lo que su condena es de sólo nueve años (luego de que la PGR, en agosto de 2018, retirara los cargos de delincuencia organizada). El caso de Bermúdez Zurita es igualmente patético: acusado de desaparición forzada, no obstante para el Poder Judicial de Veracruz el delito no es grave, por lo que lo puso en libertad con una fianza de 1 millón de pesos.

Duarte y Bermúdez construyeron en Veracruz una maquinaria de muerte, destrucción, desaparición forzada, extorsión, desvío de recursos, simulación, etc., para robarse los recursos que debieron ir a atender las enormes necesidades de la población en materia de salud, educación, vivienda, combate a la pobreza, apoyo al campo, inversión en infraestructura, entre otros. La historia es bien sabida: Javier Duarte siguió la senda aprendida de su mentor, el ex gobernador Fidel Herrera, para saquear las arcas públicas en beneficio propio y de sus cómplices (su esposa, entre ellos). La ruta para el saqueo estuvo trazada, entre otras formas, por la represión en contra de activistas, disidentes y, especialmente, periodistas (no olvidemos que Regina Martínez fue asesinada en Xalapa, al inicio del sexenio de Javier Duarte). De allí que la Procuraduría de la Ciudad de México no pueda obviar una investigación profunda, profesional y ajustada a derecho de las actividades periodísticas de Rubén Espinosa; en este sentido, no debemos olvidar que la salida de Xalapa de Rubén ocurrió pocos días después de la golpiza a un grupo de estudiantes de la Universidad Veracruzana por un comando parapoliciaco que contó, así lo muestran las evidencias, con el respaldo del cuerpo policiaco bajo las órdenes de Arturo Bermúdez Zurita.

  1. El compromiso. Las autoridades electas el 2 de julio de 2018, a nivel estatal, federal y en la Ciudad de México, no pueden ser cómplices de la impunidad ni establecer pactos con los mafiosos que masacraron al estado de Veracruz. Las autoridades electas deben continuar con las investigaciones de los homicidios de la Narvarte, pero con la intención de verdaderamente impartir justicia, de dar cabal y expedito cumplimiento a la recomendación 04/2017 de la PGJDF, no de continuar por la ruta de la simulación y las mentiras que se ha seguido hasta ahora.

En entrevista para la revista Proceso número 2230 (en circulación), José Luis Quiroz Hernández, fiscal Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio de la PGJ de la Ciudad de México, dice que “hay que subsanar las omisiones cometidas por la administración de Miguel Ángel Mancera y sus procuradores, Rodolofo Ríos y Edmundo Garrido”. Por lo pronto, y para avanzar en esa dirección, se ha comprometido con los familiares de las víctimas y sus abogados a dar seguimiento a las indagaciones mediante un Plan de Investigación, en el que se contempla, de manera prioritaria, la línea de investigación sobre las amenazas en contra de Nadia y Rubén en Veracruz.

Esperamos pronto resultados de las investigaciones para que se sancione a los funcionarios responsables de las omisiones durante los últimos cuatro años, que den certidumbre sobre el móvil de los asesinatos, que identifiquen con toda claridad y sin sombra de duda a los responsables de los homicidios para que sean juzgados conforme a derecho. Sería desastroso para las pretenciones de la 4T que la actuación de la Procuraduría capitalina no se ajuste a derecho y explore con profesionalismo y compromiso con la verdad todas las líneas de investigación. Tiene a su favor la voluntad política y la disposición a colaborar tanto del gobierno federal como del gobierno del estado de Veracruz.

Alejandro Saldaña Rosas

Alejandro Saldaña Rosas

Doctor en Estudios Organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa y Académico e Investigador en la Universidad Veracruzana. Autor del libro Momentos de Gracia: Organizar lo Imposible (2009) y articulista en temas sobre estudios en gestión y gestión de empresas de base creativa.