Gobiernos estatales toman medidas que más allá de salvaguardar la salud de la población, tienen un carácter político para marcar un distanciamiento con el gobierno federal, las han convertido en obligatorias e incluso de no cumplirse utilizarán la fuerza pública.
No te pierdas el análisis de David Peña, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social.