Gobernar no es una ciencia, por más que a lo largo de los últimos doscientos años haya habido esfuerzos muy importantes por incorporar el conocimiento científico en la conducción de nuestras sociedades. Es verdad que es una actividad en la que concurren diferentes disciplinas científicas como ciencias políticas, administración, economía y psicología, incluso hay quien considera que gobernar se emparenta más con el arte que con la ciencia. En fin, cada quien que asuma la perspectiva que mejor le plazca o le convenza, lo cierto es que en la conducción de los destinos colectivos no todo es estrategia ni la toma de decisiones responde a procesos plenamente racionales ni planificados: los imponderables ocurren a cada momento, por lo que la incertidumbre es la constante.
En la administración pública, además, concurren intereses de diferentes grupos y fuerzas políticas que luchan por sacar adelante sus proyectos y propuestas de gobierno. En una democracia, el diálogo y la negociación son la base en la construcción de las estrategias de acción para que los planes y proyectos de gobierno se realicen, sin que eso implique que la incertidumbre se disipe. Sin estrategia, la incertidumbre implícita en cualquier organización (y un gobierno es un conjunto de organizaciones complejas acopladas flojamente) puede ser terriblemente dañina. Dejar que la suerte decida el futuro de nuestras sociedades no parece ser la mejor opción, por lo que la construcción de estrategias, o al menos de líneas de acción, se revela como una necesidad de primer orden, a sabiendas de que ni las mejores estrategias pueden eliminar la incertidumbre.
El azar, los sucesos aleatorios, los imponderables son factores que generan enorme incertidumbre, pero también las acciones planificadas con apego a criterios racionales pueden ser (lo son, de hecho) fuentes de desequilibrios, inestabilidad e incluso de caos. Las decisiones actualmente consideradas acertadas pueden ser terriblemente dañinas a mediano o largo plazo, o bien pueden generar hoy mismo perturbaciones en ámbitos completamente imprevistos; eso es, las mejores estrategias pueden, al mismo tiempo, crear la suficiente incertidumbre para socavar su mismo alcance y sus posibilidades de éxito.
Los anteriores comentarios vienen a cuento por la estrategia de seguridad del gobierno federal consistente en apostar fuerte por el desarrollo social para “quitar las bases” a la delincuencia. A largo plazo es posible que sea la mejor estrategia, pero en lo inmediato sus resultados están a la vista: 2019 está siendo el año más violento en la historia moderna de nuestro país. Y si me permite la especulación, 2020 puede ser un año aún más funesto. Lo peor son los muertos, los desaparecidos, las 10 mujeres asesinadas cada día, los secuestros, los robos, pero también la incertidumbre con la que se vive el día a día de la gente común y corriente, del ciudadano de a pie; la incertidumbre con la que usted y yo vivimos, más si es usted mujer. Quizás no la incertidumbre de saber si va uno a regresar vivo a casa, pero sí la que se genera al observar que la delincuencia organizada (y la desorganizada) sigue atacando impunemente a la sociedad, sin que el gobierno federal ni las instancias judiciales hagan lo suficiente para detener y revertir esta tendencia.
En materia de seguridad, la 4T está en deuda con el país. Con los 30 millones de votantes que llevaron a AMLO a la presidencia, a más de 300 diputados a la cámara baja y a más de 70 integrantes al Senado, pero también con quienes optaron por otros candidatos, y por supuesto con quienes, por razón de su edad, su convicción o cualquier otra causa, no acudieron a las urnas. Salvo su mejor opinión y a la luz de los números, la estrategia de seguridad no sólo no está dando los resultados que el país exige, sino que es fuente de enorme incertidumbre. Lo que sorprende es que los diagnósticos de los que se ha partido para diseñar la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana (ENSC) son correctos, al menos en su trazo general, pero las estrategias particulares han sido insuficientes o inadecuadas, de allí que la incidencia delictiva no haya disminuido. En la siguiente liga puede usted consultar la ENSC: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/434517/Estrategia_Seguridad-ilovepdf-compressed-ilovepdf-compressed-ilovepdf-compressed__1_.pdf
Dar un giro a la estrategia de seguridad no significa optar por la vía armada o represiva ni regresar a las espectaculares detenciones de capos sin desarticulación de los cárteles, sino establecer las pautas políticas para que la incertidumbre ciudadana disminuya a la luz de los resultados inmediatos, no a largo plazo, sino ya. Por ejemplo, el combate a la corrupción, plausible y necesario, no puede ser efectivo si no se corresponde con la plena vigencia del estado de derecho, esto es, con la aplicación a cabalidad de las leyes. Y eso no está sucediendo.
Yo le pregunto a usted, amable lector, gentil lectora, ¿en la ciudad en la que vive hay “cobro de piso” por parte de la delincuencia? Si usted responde afirmativamente (lo cual es altamente probable), entonces estamos ante una de las causas más importantes de la inseguridad en el país: el control de parte del territorio por el crimen organizado. Otra pregunta: ¿conoce usted las acciones específicas que, en su ciudad o en su estado, se llevan a cabo para recuperar esas franjas del territorio que hoy controlan, al menos parcialmente, los delincuentes? Yo se lo digo con toda sinceridad: en Xalapa (gobernado por Morena) y en Veracruz (gobernado por Morena) yo desconozco las iniciativas para acabar con el “cobro de piso”. Quizás existan, pero hasta el momento han sido totalmente ineficaces puesto que comerciantes establecidos e informales, empresarios, transportistas, profesionistas, etc., siguen pagando piso y los asesinatos por el “control de la plaza” no han cesado.
A la luz de las protestas feministas en México, eco a su vez de un movimiento masivo e internacional, ¿qué respuesta ha dado el gobierno federal? Hasta donde sé, ninguna. Parar los feminicidios no creo que se logre con las becas a estudiantes o los apoyos a las personas de la tercera edad, tampoco acabando con la corrupción (aunque ayudaría muchísimo), ni con la Cartilla Moral y los “valores familiares”. Quizás me equivoque, pero parecería que lo más indicado en una situación de emergencia humanitaria por los feminicidios en México sería diseñar acciones específicas para proteger a las mujeres, sin embargo, hasta el momento la 4T insiste en no modificar ni un ápice su estrategia. Decisión lamentable y que puede tener un alto costo político.
En la ENSC explícitamente se señala que “la seguridad de la gente es un factor esencial del bienestar y la razón primordial de la existencia del poder público: el pacto básico entre este y la población consiste en que la segunda delega su seguridad en autoridades constituidas, las cuales adquieren el compromiso de garantizar la vida, la integridad física y el patrimonio de los individuos”. Bien, el compromiso no está siendo cumplido, por lo que estamos en todo nuestro derecho de exigir resultados. La incertidumbre no permite albergar muchas esperanzas en materia de seguridad. Urge dar un giro a la estrategia.
