El bucle español parece no tener fin. Izquierdas y derechas continúan su proceso de reconfiguración al tiempo que desafían un sistema parlamentario pensado para operar en lógica pactista - bipartidista.
El último movimiento en el tablero lo hizo Iñigo Errejón lanzando la plataforma Más País que sin mucha base social expandida en el territorio Estatal y sin el programa como factor dominante de su pertinencia, apuesta a la transversalidad y al pragmatismo estratégico para colocarse como opción centrista entre el PSOE y Unidas Podemos para poder, en dado caso, jugar como bisagra que facilite el acuerdo parlamentario. Por verse.
Y si en la cuestión electoral las cuentas pueden no cuadrar, en la cuestión democrática - territorial la conflictividad amenaza con aumentar gracias a ese mismo pacto del 78 forjado sobre la base de meter bajo la alfombra el derecho a la autodeterminación de las diversas identidades del Reino.
A dos años del referendum catalán continua la represión contra el movimiento independentista. En las últimas semanas fueron detenidos 4 militantes acusados de pertenecer a un supuesto comando de los Comités en Defensa de la República que prepararía acciones violentas para las manifestaciones de conmemoración del 1º de octubre, día del Referendum. Luego, el President de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha entrado en confrontación directa con la Audiencia Nacional al negarse a quitar listones amarillos de los edificios públicos, que refieren a la exigencia de los lideres políticos presos y presos políticos hace casi dos años, cuyo resolutivo judicial parece estar ya listo. Darlo a conocer y ejecutarlo será, sin duda, un factor que incendiará la pradera por izquierda o por derecha.
Y en el País Vasco la cosa no marcha mejor. A pesar de que la izquierda abertzale (independentista) y múltiples observadores internacionales, Cuauhtémoc Cárdenas y Serapaz de México, corroboraron y dieron fe del desarme y disolución unilateral de ETA y consecuentemente el fin del conflicto armado, los Pactistas, públicos y de calabozo, insisten en mantener el conflicto abierto para simular un oponente que les permita a ellos presentarse como quienes defienden “la unidad de España”. En esa lógica ha iniciado ya el juicio a 47 personas, señaladas de auxiliar de alguna manera en labores humanitarias a presos abertzales tales como defensa legal, auxilio medico y psicológico, solidaridad para su liberación e incluso algunos familiares. Una aberración jurídica y política que parece negarse a la paz.
No habría que olvidar, además, a los muchacho de Altsasu en prisión desde 2016 por una pelea de bar contra guardias civiles en día de descanso. Presos por ser Vascos, sin más. O la permanencia en prisión de 270 miembros de la izquierda independentista dispersos por todo el territorio y tratados con leyes de excepcionalidad. Tres cuartas partes de ellos habrían salido ya de haberse juzgando con la legislación española regular.
Así pues mientras la situación electoral acapara las miradas, la situación de represión y de derechos humanos se agrava incluso con un gobierno “progresista” en funciones. Convendría que quienes desde México han apoyado las causas de la libre autodeterminación en el Estado Español así como el gobierno mexicano y los organismos multilaterales, voltearan la mirada a una situación de represión que violaría el espíritu de cualquier “carta democrática” en el mundo.
