Las cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) a la fecha suman más de 91 mil personas desaparecidas, estas incluyen sólo las que cuentan con una denuncia ante alguna fiscalía y que actualizan la información a la CNB; en otras palabras, la cifra real es mayor. Para darnos una idea, en Chile se contabilizan 1,210 personas desaparecidas en 17 años de dictadura; en Argentina hubo un número cercano a los 30 mil desaparecidos, en nueve años de dictadura; en Guatemala, 45 mil desaparecidos durante el conflicto armado interno que duró 36 años. En México, presuntamente en democracia y en paz, hemos duplicado la cifra más alta en América Latina en una tercera parte del tiempo.
Las desapariciones forzadas, sin embargo, no se pueden reducir a un problema contable (desde que comenzaron los primeros registros las madres clamaban “lo importante no es cuántos son, sino donde están”). Responden a un fenómeno que es preciso entender para poder atajarlo. En México desafortunadamente no existen diagnósticos gubernamentales que den respuesta al por qué, y mucho menos una política de seguridad y de persecución penal derivada de ese diagnóstico. Existe sí, una política de contar víctimas y un intento por identificar a los más de 52 mil cuerpos bajo custodia del Estado.
En México hemos transitado de un régimen autoritario a uno que ha desmantelado al Estado, particularmente al democrático, favoreciendo a pequeños grupos de interés. Este régimen de libre comercio no distingue entre negocios lícitos o ilícitos, lo mismo comercia con automóviles que con personas, establece parques industriales o sistemas complejos de extorsión; no necesita un control autoritario, por el contrario, para funcionar necesita anular por la vía de los hechos el estado de derecho: sobrevive el más fuerte. Es en este contexto en el que es posible entender hoy el nivel de violencia desatada en el país desde 2006, porque hay quienes se benefician de él.
Desde 2006 la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), en un documento titulado “Hacia un nuevo sistema integral de combate al crimen organizado. Estrategia y plan de acción”, hizo el siguiente diagnóstico:
El fenómeno del narcotráfico se ha transformado en estos últimos años; ya no es sólo un problema de producción y de tráfico de drogas, sino que se ha convertido en una red de grupos supraestatales, organizados, que combaten entre sí para apoderarse de regiones, ciudades o plazas. Su objetivo es asegurar el tráfico y el control de los narcóticos en el mayoreo y en el menudeo; organizar otro tipo de actividades delictivas como el contrabando, el robo de mercancías, de vehículos; apoderarse de giros negros y de lavado de dinero…
Esto ha llevado a la conformación de una especie de anti-Estado o antigobierno (sic), que tiene como resultado una población que opera sobre un territorio y ejerce su poder a través de dinero, del manejo de la violencia física y de las armas o de la amenaza de su utilización (…).
Estos grupos “supraestatales” están conformados por cárteles como su cara más visible, empresarios o criminales de cuello blanco y autoridades de todo tipo que, en colusión, lucran con esos métodos crueles de hacer negocio. La captura del Estado por estos grupos ilegales tiene un componente adicional que es clave para mantenerse en el negocio: la impunidad. Hay un vínculo íntimo entre corrupción e impunidad en el que se reproducen las redes de macrocriminalidad.
En México, el índice de impunidad se ha mantenido similar en los últimos 10 años y se encuentra entre los peores calificados en el mundo, según el Índice Global de Impunidad. La razón de ello, según los autores, es de carácter estructural, es decir, la falta de capacidades del Estado para poder reducirla. En otras palabras, ha sido una decisión histórica de Estado mantenerla así, hasta la fecha.
Frente a un panorama de desapariciones generalizadas, la renuencia del Estado a diagnosticar el fenómeno y actuar en consecuencia, sumada a la impunidad deliberada, no se puede más que concluir que las desapariciones, como otros crímenes atroces cometidos en el mismo contexto, son responsabilidad del Estado mexicano y, por ende, son desapariciones forzadas. El fenómeno generalizado de las desapariciones en México, como ha dicho el Comité de Derechos Humanos de la ONU en el Caso Roy Rivera vs México, hace que la carga de la prueba recaiga en el Estado para demostrar que no son su responsabilidad, es decir, todas las desapariciones en México son forzadas hasta que el Estado pruebe lo contrario.
Dos son las tareas principales para salir de esta crisis crónica de derechos humanos: saber dónde están las personas desaparecidas y evitar que sigan desapareciendo. La primera pasa por identificar los más de 52 mil cuerpos bajo custodia de las autoridades, lo que implica una tarea de coordinación y de cruce masivo de información genética que hasta ahora ha sido una gesta burocrática imposible. Para ello se ha creado, por demanda de las familias de las personas desaparecidas y con el apoyo de la ONU, un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) para superar las fallas y solventar las limitaciones de los recursos ordinarios. Implicará también dotar de dientes a las Comisiones de Búsqueda para llevar a cabo investigaciones e intervenciones en campo sin la intermediación de ministerios públicos y la disponibilidad de cuerpos de policía.
La segunda requiere dotarnos de herramientas para reducir la impunidad y desmantelar las redes del crimen detrás de las graves violaciones a derechos humanos que, en muchos casos, no son distintas de las redes de macrocorrupción. Pero no tenemos jueces suficientes que agilicen los procesos, por un lado, y el personal de los aparatos de justicia, muchas veces acusado de corrupción, es el mismo que diez años atrás. La depuración y reforma del sistema de justicia llevará muchos años y no podemos confiar en que nuestros sistemas ordinarios de justicia podrán ponerse en pie por sí mismos. Del mismo modo que en materia forense, muchas familias de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil hemos también abogado por un Mecanismo Extraordinario contra la Impunidad que apoye los esfuerzos de investigación y procesamiento de responsables para el desmantelamiento de redes de criminalidad, con el apoyo de las Naciones Unidas.
Salir de la crisis de violencia, como uno de los anhelos más importantes de la alternancia en el 2018, implica voluntad y tolerancia para el diálogo político y lograr acuerdos de altas miras, comenzando por el presidente de la República. Mientras no sea así, el responsable de toda esta violencia es y será el Estado.
