Envidia de la buena a Trump por caso Duarte

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J. Jesús Esquivel

Corresponsal de la revista Proceso en Washington

@JJesus Esquivel

 

 

Envidia de la buena a Trump por caso Duarte

 

 

Washington –El regreso a México por extradición del exgobernador priista de Veracruz, Javier Duarte, no es la exigencia más importante para la ciudadanía; se requiere la aplicación de la justicia a su máxima expresión contra este ratero de cuello blanco.

El marco de impunidad y corrupción que rodea al gobierno de Enrique Peña Nieto, amigo y defensor de Duarte en su momento, abre un sin fin de dudas sobre este caso y la exigencia nacional de castigar como se merece al político corrupto.

No basta con ver a Duarte en el Reclusorio Norte. Ese espectáculo fue para las cámaras de televisión y los fotógrafos. El proceso judicial contra el bandido priista es lo que importa. Si Peña Nieto quiere usar a Duarte como cortina de humo en su aparente compromiso de combatir a la corrupción por motivos electorales, más le vale que por lo menos ponga un buen ejemplo para aquellos ciudadanos inocentes que le quieran comprar el boleto.

De entrada, el caso contra Duarte comenzó mal; la juez Sandra Leticia Robledo Magaña desestimó varios cargos imputados al exgobernador; abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición. Bajo esta tibieza jurídica Duarte podría incluso quedar en libertad. ¡Increíble!

Aunado a este fiasco, se cuenta el hecho de que hasta ahora el gobierno de Peña Nieto sólo puede acreditarle como desfalco (robo) 38.5 millones de pesos de los 439 millones que según la PGR malversó, repartió, o llámenle como quieran, el exgobernador al estado de Veracruz. Por insólitas que parezcan, estas cosas sólo ocurren en nuestro México.

Un proceso justo pero riguroso es urgente y necesario para procesar y castigar a Duarte, y de ello debería dar garantías Peña Nieto. Una sentencia benévola sería un mal ejemplo y una piedra en el zapato para las aspiraciones peñistas y priistas en 2018.

Si un ratero del tamaño y talla de Duarte se sale con la suya, igual será para el caso de los otros políticos y en especial exgobernadores acusados también de corrupción, quienes no tendrán miedo a la justicia porque se les aplicará a su gusto.

No es posible que el gobierno mexicano no pueda hacer nada contra Karime Macías, la esposa de Duarte. El simple hecho de que esta mujer esté viviendo en Inglaterra con sus hijos es evidencia de que lo hace a expensas del dinero que se robó su marido.

¿Acaso piensa Peña Nieto que los mexicanos no sabemos que Inglaterra es uno de los países más caros en el mundo, para vivir?

Eso de que se va a divorciar del exgobernador, que se lo cuente la señora Macías a sus amigas o esposas de quienes ayudaron a su marido a saquear Veracruz.

En México las mujeres de los narcotraficantes hacen los mismo que Karime Macías, porque es uno de los acuerdos que ya tienen bien definidos para cuando ‘le caiga la justicia al marido o al viejo’. Las esposas de los narcos tienen dinero guardado en bancos y en efectivo a su nombre o a nombre de sus hijos.

Cuando el esposo cae en desgracia, el divorcio se da por inercia. Así, en caso de que quede libre el narcotraficante, y no importa que sea muchos años después, el criminal puede volver a gozar del dinero que le guardó la esposa e incluso hasta ‘reconciliarse con ella’. Para entonces ya ni quién se acuerde.

En Estados Unidos la aplicación de la justicia contra la corrupción y el narcotráfico es diferente. Lo primero que hace el Departamento de Justicia en contra de estos criminales es decomisarles absolutamente todo. Les quita casas y dinero a los familiares inmediatos de los acusados; a la esposa, hijos, padres, suegros y hasta sobrinos. Los dejan sin nada.

Esta semana, justo cuando Duarte llegó a México extraditado de Guatemala, Jeff Sessions, el Procurador General de Justicia en el gobierno de Donald Trump, dio a conocer una nueva directriz: Fortalecer las leyes de confiscación de bienes y dinero contra los criminales. “A ningún delincuente ni a sus familiares se les debe permitir mantener las ganancias provenientes de sus crímenes”, escribió Sessions en la nueva orden federal. ¡Uff! Me duele reconocerlo, pero esto sí se lo envidio al gobierno de Trump.

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