Michael W. Chamberlin
Rompeviento TV, a 9 de agosto de 2022
Uno de los valores fundantes de la democracia es la libertad. Un gobierno puede considerarse democrático (más allá de estar legitimado en las urnas), por sus políticas encaminadas a ampliar las libertades de todas y todos, y una sociedad puede ser considerada democrática en la medida de que posee garantías para la libertad, las defiende y promueve.
Existe el reconocimiento de toda persona a la libertad de pensar, de decir y de hacer. Este es el primer nivel de libertades que debe ser protegido y garantizado por el Estado en dos vías: abstenerse de afectarlas y evitar activamente que terceros las afecten. De tal modo que no tengo libertad si soy sistemáticamente atacado por lo que digo o lo que pienso; no tengo libertad si pende sobre mí la amenaza de ser desaparecido o asesinado; no tengo libertad si vivo entre enfrentamientos de las fuerzas de seguridad y los grupos criminales; no tengo libertad si la autoridad no cumple los mandamientos judiciales para no ser despojado y desplazado; no tengo libertad si existen razones para ser encarcelado sin juicio ni ponderación cautelar; no tengo libertad si soy presa de redes de prostitución infantil o forzada; no tengo libertad si mi condición migratoria es suficiente razón para privarme de ella.
Hay una segunda esfera de la libertad que es la que me posibilita pensar, decir y hacer bien, es decir, la esfera de lo que me construye como individuo autónomo en la construcción de mi proyecto de vida. Platón y Aristóteles consideran que una persona es libre cuando tiene un autodominio personal para decidir con base a deseos racionales y a actuar en consecuencia; Nietzsche equipara el ser libre con el ser persona, “lo cual supone ser capaz de conducirse y hablar por sí mismo para dejar de ser un simple reflejo de la opinión imperante”. La libertad está vinculada a la capacidad de autogobierno.
Para Rousseau, filósofo y revolucionario francés precursor de la democracia, la verdadera libertad es la libertad moral, por la cual el individuo es conscientemente dueño de sí, obediente a la ley del Estado sin perder su libertad individual, con la cual se adhirió para formar parte de la sociedad.
En este plano filosófico la libertad conlleva responsabilidad, del individuo por un lado y de la sociedad (el Estado) por el otro. De tal modo que no soy libre si no tengo educación; no soy libre si no tengo información para decidir; no soy libre si no tengo acceso a un trabajo digno; no soy libre si no tengo oportunidades al menos en la misma medida que el resto de los ciudadanos; no soy libre si no encuentro justicia y reparación para salir de mi condición de víctima; no soy libre si al ser perseguido no puedo acceder a refugio y asilo. Mi voluntad y decisión se verá viciada o expuesta a la manipulación afectando la capacidad de autodominio y mutilando mi autonomía.
Para muchos este plano filosófico no impone obligaciones al Estado porque al ser de carácter moral lo adscriben a la esfera de lo personal. Sin embargo, la violencia que vivimos en la región es un buen ejemplo de las consecuencias de la falta de atención a las condiciones sociales que llevan a decisiones irracionales y sin conciencia de nuestro prójimo. Miremos el contexto de los adolescentes salvadoreños que los empujan a las bandas: estas cumplen el papel de protección que el Estado ha claudicado. Lo mismos sucede en el caso de los jóvenes identificados como “los motonetos” en San Cristóbal de Las Casas, hijos de familias indígenas expulsadas de sus comunidades de origen, dedicados al narcomenudeo, el robo y la extorsión; o las chicas atrapadas “voluntariamente” en redes de trata que sufren el Síndrome de Estocolmo, entre otros muchos ejemplos. Muchos habrán decidido conscientemente lo que hacen, pero ¿lo habrán hecho libremente? Si la piedra angular del Estado de derecho es el principio de la igualdad ante la ley, esta debe ser producto de un acuerdo entre individuos social y políticamente iguales. En otras palabras, hay una relación indisoluble y recíproca entre igualdad y libertad.
El reto de un gobierno que se dice democrático es ampliar las garantías para pensar, decir y hacer libremente, pero también generar las condiciones políticas y sociales que permiten florecer la libertad moral y la formación de ciudadanos con autonomía. Es cierto que una persona autónoma es más crítica, menos manipulable y probablemente más exigente, pero también es cierto que en sociedades donde la desigualdad social y política ha reducido su brecha, existe menos corrupción, hay más tolerancia y hay mucho menos violencia.
¿Cuál es el balance de las libertades básicas? ¿Cuál es la situación de la desigualdad? ¿Cuáles las políticas para reducir las brechas sociales a la par que se aumenta la capacidad de autonomía de los individuos? ¿Cuáles son las garantías y las capacidades institucionales que se han instalado o se deben instalar para una transformación tangible y de largo plazo?
En el país de la libertad, estas son preguntas pertinentes para un programa de gobierno social y democrático, que deberán complementarse con las preguntas pertinentes para el país de la justicia y de la verdad, pero ese es otro capítulo.
