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El reto de la 4T: transformar la administración pública (Margensur)

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Alejandro Saldaña Rosas

Twitter: @alesal3 / Facebook: Alejandro Saldaña

 

El reto de la 4T: transformar la administración pública

 
Una de las principales dificultades que enfrenta el proyecto de la 4T es transformar la administración pública. No es una tarea menor y muy probablemente los seis años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador no serán suficientes, pero al menos hay que sentar las bases para un funcionamiento diferente del enorme y complejo aparato de la administración pública federal. Esa misma transformación deberá ocurrir en las administraciones estatales y municipales, respetando su autonomía, pero articulando los nuevos ejes o lineamientos de trabajo en los tres ámbitos de gobierno. Para decirlo rápidamente: o se transforma la administración pública o la 4T será una simple consigna incapaz de dar los resultados que el país demanda.

La actual estructura de la administración pública federal (sucede lo mismo en estados y municipios), más que el producto de una arquitectura organizacional medianamente racional, es el resultado de acuerdos y componendas entre grupos políticos que anteponen sus intereses al bien común: sindicatos, partidos, asociaciones de profesionistas, empresarios, células delincuenciales, grupos de presión de diversa índole. Las atrofias de este diseño institucional son enormes, representan un oneroso costo para las finanzas públicas y en los hechos constituyen obstáculos para la transformación que México requiere.

Algunas de las expresiones de estas anomias estructurales son las miles de plazas de aviadores en prácticamente todas las dependencias, la duplicidad de funciones, los tipos de nómina, las jornadas y horarios de trabajo, la sobrecarga de actividades en ciertas áreas al mismo tiempo que la falta de materia trabajo en otras, la simulación, el acoso sexual normalizado, el mobbing o acoso laboral, entre otras. Estamos hablando de rutinas y prácticas institucionalizadas durante decenas de años que generan inercias muy difíciles de romper. En otras palabras: el aparato de la administración pública funciona haciendo lo que sabe -y puede- hacer y de esta forma reproduce las rutinas y las estructuras que le permiten existir. Estamos ante estructuras que se reproducen a sí mismas a través de prácticas, rutinas, símbolos, lenguajes, mitos racionalizados, etc., en un proceso cíclico de un bucle burocrático muy complicado de fracturar.

El reto de la 4T es muy grande, pero ineludible si quiere lograr sus objetivos. En mi opinión, la transformación de la administración pública pasa por diferentes momentos o etapas. Se requieren diagnósticos detallados de cada secretaría, de cada subsecretaría, de cada dirección, de cada departamento, por supuesto, pero hacer esta tarea, al mismo tiempo de desahogar la enorme carga de trabajo diario, es realmente complicado. Habrá áreas en las que se pueda avanzar más que en otras. Asimismo, es importante identificar con toda claridad las áreas de atención a la ciudadanía más sensibles y donde se pueden lograr mayores impactos: sector educativo, de salud, asuntos indígenas, derechos humanos, mujeres, entre otros. Me parece también muy importante no trazar metas excesivamente ambiciosas, sino impulsar acciones de menor calado, aparentemente, pero con muy alto impacto en la definición y evaluación de las políticas públicas y, sobre todo, en la transformación de la relación entre el gobierno y la ciudadanía.

En esta tesitura, quizás focalizar las acciones de transformación en tres o cuatro ejes pueda ser una forma de avanzar paulatina, pero consistentemente. Combate a la corrupción, perspectiva de género, igualdad sustantiva, no discriminación, respeto a los derechos humanos son algunos de los ejes de trabajo que deben orientar el funcionamiento de absolutamente toda la administración pública en sus tres ámbitos (municipal, estatal, federal) y en los tres poderes (ejecutivo, judicial, legislativo), en el contexto de la 4T.

Parece sencillo, pero transversalizar por ejemplo la perspectiva de género ya es en sí un reto de grandes proporciones. No se trata de asumir compromisos declarativos, de cumplir formalmente con un conjunto de indicadores, de hacer cientos o miles de reuniones de “capacitación” mediante bonitas láminas de Power Point (usadas a manera de karaoke), de firmar convenios interinstitucionales o cualquier otro ejercicio de simulación, sino de que en todo el aparato de la administración pública federal (al menos) prevalezca la perspectiva de género. Se requieren cambios en la normatividad, sin duda, pero también capacitación en todos los niveles de la estructura jerárquica de la administración pública, incluir la perspectiva de género en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas, reorientación presupuestal con perspectiva de género, establecer y hacer efectivos los protocolos contra el acoso a las mujeres, entre otras acciones.

Hay que decirlo con toda claridad: a pesar de los relativos avances en la materia (sobre todo a nivel de la normatividad) es un hecho que en la administración pública federal (y estatal y municipal) la perspectiva de género, la igualdad sustantiva, el respeto a cabalidad de los derechos humanos, son objetivos por cumplir. Reitero: se trata de cambiar sustancialmente las rutinas, los lenguajes, los símbolos y las acciones del aparato administrativo, no para llenar la matriz de indicadores de resultados, sino para transformar a México.

Los problemas del país son brutales y lacerantes. Hablemos, por ejemplo y para seguir en la misma tesitura, de los feminicidios. Cada mujer asesinada es un ser humano único, diferente y particular: una mujer fue asesinada por ser mujer. El problema ha escalado a niveles alarmantes (debido a la normalización de la violencia hacia las mujeres), al punto de haber construido indicadores para medir el delito de feminicidio. Hace muchos años dejaron de ser casos aislados para convertirse en un problema nacional de enormes dimensiones, al que las administraciones anteriores no quisieron, o no supieron, enfrentar. Para la 4T es urgente disminuir el índice de feminicidios, sin duda, pero el problema rebasa -y por mucho- la capacidad operativa de las diferentes instancias de gobierno responsables. Supongamos que un tipo asesina a su pareja, ¿es culpa del gobierno? Difícilmente se le puede adjudicar la responsabilidad a este gobierno (a 6 meses de iniciado), pero sí al Estado. Es obligación del Estado la seguridad e integridad de las ciudadanas y los ciudadanos, desde luego, pero no es sencillo superar la normalización de la violencia hacia las mujeres, el machismo, la ideología patriarcal construida durante tantos años. No es sencillo, pero hay que hacerlo porque no podemos permitir una mujer asesinada más. Por lo mismo, no podemos permitir ninguna forma de violencia hacia las mujeres: física, simbólica, económica, emocional, de ningún tipo. El feminicidio no es más que el nivel más radical de un fenómeno que inicia con otras expresiones: descalificando, excluyendo, estigmatizando, acosando, hostigando, agrediendo a las mujeres.

Fracturar la reproducción normalizada de la violencia va a llevar años, décadas, pero si las administraciones anteriores no dieron el primer paso, la 4T está obligada a hacerlo. Y está obligada no sólo a dar el primer paso, sino a dar resultados en muy poco tiempo.

Es imprescindible una reestructuración de la administración pública para hacer frente a los retos de la transformación del país. Antes de pretender cambiarlo todo, es necesario iniciar con “pequeños” cambios sustanciales. Es importante que quienes encabezan las diferentes dependencias de la administración pública (federal, estatal y municipal) estén capacitados en los temas centrales (pongo por caso, perspectiva de género), asimismo se requiere que cuenten con el equipo humano y los instrumentos materiales para “traducir” los ejes del cambio en planes y programas con metas específicas e indicadores de evaluación, que dispongan de los recursos necesarios para la implementación de esos programas a efecto de potenciar su impacto, establecer los acuerdos y convenios pertinentes para sumar fuerzas y talentos. En otras palabras, se requiere una transversalización intra e interinstitucional que impacte decididamente en el abatimiento de ciertos indicadores, en los feminicidios pongamos por caso.

Si la 4T se fija como meta transformar al país, algunas de las acciones urgentes son disminuir sustancialmente la corrupción, bajar radicalmente los índices de feminicidios, abatir las estadísticas de la impunidad, ampliar la garantía del respeto a los derechos humanos, avanzar en la construcción de una cultura de paz. Si logramos eso, estamos del otro lado.

Alejandro Saldaña Rosas

Alejandro Saldaña Rosas

Doctor en Estudios Organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa y Académico e Investigador en la Universidad Veracruzana. Autor del libro Momentos de Gracia: Organizar lo Imposible (2009) y articulista en temas sobre estudios en gestión y gestión de empresas de base creativa.