Alejandro Saldaña Rosas
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El poder judicial y la 4T
El estado de Veracruz nuevamente da la nota a nivel internacional por otro fracaso, uno más, en materia de justicia. Como lo reportó hace unos días el periodista Miguel Ángel León Carmona (Premio Nacional de Periodismo 2017), ocho ex policías acusados de desaparición forzada fueron puestos en libertad mediante una fianza de 15 mil pesos; ahora deberán seguir su proceso en libertad, con el consiguiente riesgo que representa esta condición para los familiares de la víctima, quienes con toda razón temen por su seguridad. Los ex policías fueron acusados de la desaparición forzada y asesinato de Juan Arturo Méndez Alcántara en febrero de 2018. (Nota completa en la siguiente liga: https://lasillarota.com/estados/quedarian-libres-8-expolicias-presos-por-desaparicion-forzada-en-veracruz-veracruz-desaparecidos/280079).
El juez que los liberó se llama Florencio Hernández Espinoza, quien tiene antecedentes de ser extremadamente generoso al momento de poner en libertad a ex policías acusados de desaparición forzada: para él, ese delito no es grave. La reciente liberación de esos policías acusa una tendencia en Veracruz, toda vez que ya son alrededor de veinte elementos, incluido el ex Secretario de Seguridad Pública y jefe policiaco Arturo Bermúdez Zurita, que siguen su proceso en libertad. En efecto, tantos ex policías excarcelados apuntan una clara tendencia: hacia la impunidad.
La Fiscalía General de Veracruz, al cargo del ineficiente y soberbio Jorge Winckler Ortiz se ha caracterizado por corrupta. La corrupción tiene muchas caras, entre otras, la sospechosa incapacidad para la sustanciación de expedientes y el apego al debido proceso, lo que ha facilitado la liberación de criminales, con y sin uniforme, con y sin credenciales de policías. Las evidencias están allí, son contundentes y ominosas. Lo más grave es que la Fiscalía de Veracruz no es la excepción en el concierto nacional, sino un caso más en el doloroso déficit en materia de impartición de justicia que acusa el país. De los muchos rezagos que México padece el de la justicia pronta, expedita y ciega es probablemente el más aciago.
En estas circunstancias, la Cuarta Transformación (4T) tiene ante sí un reto de enormes proporciones: lograr que el Poder Judicial esté acorde con los tiempos y las exigencias del país a fin de abatir radicalmente los elevados índices de impunidad. De acuerdo al Índice Global de Impunidad elaborado por la Universidad de las Américas, “México ocupa el cuarto lugar del Índice Global de Impunidad (IGI-2017) con 69.21 puntos (Croacia es el país con el menor índice con 36.01 y Filipinas tiene el puntaje más elevado con 75.6). México encabeza la lista de países del continente americano con el más alto índice de impunidad” (Documento completo en el siguiente enlace: https://www.udlap.mx/igimex/assets/files/2018/igimex2018_ESP.pdf).
A los inmensos e inaceptables márgenes de impunidad abona, ni duda cabe, el nepotismo que caracteriza al Poder Judicial de la Federación. Jueces y magistrados han insertado a sus familiares: esposas/os, padres, hermanos, hijos, primos, compadres, etc. sin que necesariamente cumplan con los requisitos para los cargos asumidos y sin pasar por los concursos de oposición deseables en aras de la transparencia; o bien, los concursos han sido cerrados y plagados de mañas. El nepotismo es brutal e inocultable, tal y como lo ha demostrado Julio Ríos Figueroa, investigador del CIDE, en su estudio El déficit meritocrático. Nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la Federación. “Del total de titulares de órganos jurisdiccionales, es decir los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito, un 51% tiene al menos un familiar laborando en el Poder Judicial” (https://issuu.com/ejecentral6/docs/informe_de_ficitmeritocra_tico).
Así, es evidente que México requiere una transformación de fondo de todo el sistema judicial, desde las universidades donde se forman los futuros jueces, magistrados y secretarios de juzgado hasta el propio Consejo de la Judicatura Federal, pasando por fiscalías, ministerios públicos, etc. Sin un Poder Judicial eficaz, eficiente, transparente y ético, integrado por profesionales con las máximas calificaciones y probidad comprobada, la impartición de la justicia seguirá siendo una asignatura pendiente, y con ello, la 4T un cascarón, una transformación enunciada pero no cumplida.
Con toda sinceridad, amable lectora, amable lector, no alcanzo a ver la ruta crítica para la transformación del Poder Judicial a la luz de la Cuarta Transformación postulada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Que los jueces y magistrados se apeguen a la austeridad republicana proclamada y bajen sus salarios a fin de ganar menos que el presidente, no es suficiente e incluso podría ser hasta contraproducente. No lo sé. En todo caso, no basta con la exigencia de austeridad.
Tampoco me parece que eximir de procesos judiciales a personajes señalados por sus actividades ilícitas sea la vía para hacer efectivo el estado de derecho, así sean ex presidentes, líderes sindicales, políticos en desgracia, empresarios de renombre, delincuentes confesos, presuntos narcos o integrantes de alguna de las tantas iglesias. La amnistía tiene sentido para víctimas de la misma delincuencia (jóvenes reclutados en una suerte de leva, por ejemplo), pero aplicarla a los responsables de la violencia estructural significa dejar intactas las redes del poder político-delincuencial-empresarial, y ese no es el camino hacia un país de leyes y justicia.
Por otra parte, es fundamental preservar la independencia del Poder Judicial puesto que subordinarlo al poder político y/o económico tiene enormes costos y funestas consecuencias. Es el caso de Veracruz donde el abogado y Fiscal General Jorge Winckler responde a los intereses de su virtual jefe, el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Bajo ninguna circunstancia es deseable tal subordinación puesto que sólo se alimentan los pactos de impunidad, de allí que tampoco puede justificarse el nombramiento de magistrados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación cercanos o afines al presidente López Obrador. La 4T debe respetar y garantizar la independencia de poderes en los términos de la Constitución y leyes secundarias.
Otro riesgo que percibo es reducir un problema de enorme complejidad en las sociedades contemporáneas (no sólo en México), como lo es la impartición de justicia, a un asunto de subjetividades “buenas” y “malas” que se resolvería fomentando un conjunto de valores considerados socialmente “positivos”. En esta tesitura, la Cartilla Moral propuesta por AMLO para “moralizar” la vida pública en México no puede sustituir al marco jurídico que rige la frágil y maltrecha democracia del país. Fomentar valores como la solidaridad, la equidad, la justicia, la participación ciudadana, el amor inclusive, sin duda es una medida plausible, pero en ningún momento puede reemplazar a las instituciones judiciales, con lo que volvemos al punto de inicio: ¿cuáles son las estrategias de cambio del sistema judicial en el país desde la 4T? Insisto: no las veo, salvo algunos criterios muy generales delineados, por ejemplo, en el siguiente artículo de Ricardo Monreal: https://www.milenio.com/opinion/ricardo-monreal-avila/antilogia/el-poder-judicial-y-la-cuarta-transformacion.
Dice Monreal que “hay dos vías para reformar un poder constitucional. La interna, producto de la autocrítica y la autocorrección, y la externa, producto de la iniciativa y del ejercicio de las facultades de otro poder”. Al alero de esta perspectiva, la reforma del Poder Judicial no estaría avanzando ni por la vía interna ni por la externa, habida cuenta que por un lado jueces y magistrados no están dispuestos a ceder un ápice en el régimen de privilegios del que gozan; por otra parte, y al amparo de la independencia de poderes, tanto el Legislativo como el Ejecutivo se han abstenido de sacudir los cimientos del Poder Judicial en el país. Y cuando lo han intentado, como en el caso de Veracruz y el fallido juicio político a Winckler, la debilidad del Poder Legislativo local ha impedido ejercer sus facultades constitucionales. En Veracruz, la mayoría morenista en el Congreso fue incapaz de lograr los votos necesarios para proceder contra el Fiscal; por cierto, el tufo a diputados y diputadas maiceados no se ha disipado.
Si está visto que el Poder Judicial no va a transformarse por vía de la autocrítica y la autocorrección, y tampoco los otros poderes se muestran dispuestos y capaces de ejercer sus facultades para la transformación, la justicia seguirá siendo la principal carencia de la flaca democracia mexicana. En este escenario no puede haber otra salida más que la sociedad tome en sus manos la transformación del Poder Judicial a través, por ejemplo, de auditorías hechas con rigor y profesionalismo a las diferentes instituciones del sistema de impartición de justicia. Desgraciadamente esta alternativa no se vislumbra en el horizonte inmediato.
