Michael W. Chamberlin
Rompeviento TV, 25 de mayo de 2021
Hace mucho que no vemos el poder como servicio, las elecciones están cargadas de mensajes vacíos y promesas en una lógica de mercado de votos. Es un “toma y daca” sabiendo que quien es votado busca poder para sí y quien vota busca “al menos peor” o alguna raja. Por eso la democracia no nos hace sentido.
Hay, sin embargo, un ejemplo de política con voluntad de servicio que vale la pena resaltar y, para variar, hablar de cosas positivas. En una combinación de recursos, logística, organización y sobre todo de conocimiento, la aplicación de la vacuna en la Ciudad de México ha sido por mucho una política ejemplar, que ha dejado no sólo satisfechos sino admirados a apoyadores y opositores de Claudia Sheinbaum o la 4T.
Dejando de lado las decisiones federales para el “plan correcaminos”, con los recursos disponibles, la Ciudad de México asumió la vacunación de sus habitantes a la altura del reto que se le presentó. Sólo esta semana se vacunará a casi medio millón de personas en seis alcaldías de la ciudad de México, prácticamente sin hacer colas, en un tiempo de 20 a 40 minutos, incluido el tiempo de observación. A quienes han tenido esta experiencia, maravilla la calidez, la rapidez, la fluidez y la sincronización de cientos de servidores que, casi en coreografía, procesan la vacunación de cientos de personas por hora.
Contrasta la organización con la de muchos otros lugares donde han privado la indolencia y la pereza mental para organizar la vacunación. Por ejemplo, en Guadalajara se distribuyó el 20 de marzo pasado la primera tanda de 80 mil dosis de vacunas para personas mayores de 65 años, claramente insuficientes para el total de la población en ese rango de edad que supera los 250 mil. Se habría esperado una administración de la dosis que organizara de algún modo esa aplicación ya sea por colonias, por apellidos o algo similar, a sabiendas de que llegarían posteriormente todas las dosis necesarias para el resto de las personas elegibles. Pero no, tomaron el peor camino: la vacuna se aplicaría de acuerdo con el orden de llegada y hasta que se acabaran las dosis. Esta pésima decisión generó que los adultos mayores se formaran desde el día anterior en colas de hasta 7 kilómetros, durante casi 24 horas. Miles de adultos mayores pasaron la noche como pudieron, sin tener dónde sentarse, sin baños y expuestos a los cambios de temperatura. No se necesitaba más presupuesto y tampoco había ningún impedimento para tomarles sus datos, mandarles a sus casas y decirles que vinieran al día siguiente. Lo más que Enrique Alfaro pudo hacer, fue mandarles un mariachi por la noche. Lo más loable fue la solidaridad espontánea de vecinas y vecinos que hicieron para muchas personas más llevadera la espera.
Con esto no quiero decir que un partido sea mejor que otro o expresar alguna preferencia personal, sino que cuando las cosas se hacen para el servicio se notan, se reconocen y se agradecen; y cuando no hay intención de servicio, hay corrupción, promoción personal o simple banalidad en el quehacer público, llega la fatalidad. Si uno mira la manera en que se escatimaron gastos en la construcción y mantenimiento en la línea 12 del metro, se nota que no hubo intención de servicio a la gente, quizá de favorecer intereses particulares, ahorrarse unos pesos para otras obras o el bolsillo, salir en la foto y promoverse para las siguientes elecciones -habrá que ver qué arrojan las investigaciones-, pero la falta de intención de servicio llevó a una fatalidad. El colapso generó sobre todo indignación entre los usuarios y habitantes del sureste de la ciudad. En una cuenta de Facebook se leía: “El metro de la línea 12 era el más bonito, nos dio dignidad de movilidad a los Tlahuicas, todo el tiempo fuimos marginados de los servicios de primera hasta que llegó la línea dorada (…). Espero con el corazón en la garganta, que la vida deje de ser difícil en México, que los gestores políticos dejen de percibirnos como ‘vidas baratas’ y comiencen a hacer obras de calidad.” Las políticas públicas que no son pensadas para ensanchar derechos sino para aparentar servicio, ofenden profundamente la dignidad de las personas. Falta deslindar responsabilidades por este terrible hecho pero, sobre todo, hace falta espíritu de servicio en la función pública.
En Chiapas, hace unos meses, algún funcionario tuvo la genial idea de aplicar los exámenes de admisión a la Normal Rural Mactumatzá, gemela de la de Ayotzinapa, en línea. Un diagnóstico previo le habría mostrado que la mayoría de los jóvenes que aspiran a un lugar en esta escuela viene de comunidades sin internet y de estratos muy pobres; al menos la protesta que desde abril generó esta decisión debió generar duda en alguna mente sensata, pero se prefirió la imposición y la represión. Las normales rurales han sido la única opción de educación superior de muchos jóvenes de escasos recursos. La ocurrencia de hacer el examen de admisión en línea, que seguramente ahorraría recursos y eliminaría riesgos por el COVID, derivó en protestas en diferentes partes del estado. Esta idea irreflexiva, no sólo dejaba fuera a la población meta de la normal rural, cancelándole la posibilidad de una educación superior, también exacerbó los ánimos de estudiantes y autoridades generando detenciones arbitrarias, hostigamiento sexual y la criminalización de la protesta. Una política no pensada genera, como en este caso, descontento, ineficacia y una espiral de violaciones a derechos humanos, comenzando por el derecho a la educación, detenciones arbitrarias, atentados a la integridad física y emocional, al debido proceso, etc. La banalidad también conduce a la fatalidad.
Habrá muchos ejemplos de todos los partidos y colores, pero sirvan estos para distinguir entre austeridad y precariedad, entre improvisar y utilizar el conocimiento sistemático que ofrece la academia, entre servir y servirse del poder, pues tiene efectos muy distintos en la vida de las personas a quien se dice servir. Con la experiencia contrastante de la vacuna en la Ciudad de México, constatamos que somos capaces de atender con calidez humana y profesionalismo absoluto a todas las personas sin distinción alguna. Se antoja que esta práctica se sistematice (será sumamente educativo saber cómo hicieron esta innovación y a quién se debe), que quede instalada (particularmente en el sistema de salud para no tener que echar mano del ejército o la guardia nacional) y se amplíe a todas las esferas del servicio público.
Con la misma profesionalidad se requiere la búsqueda de las personas desaparecidas, la identificación de los miles de cuerpos en los servicios forenses del país para abatir la angustia de las madres que buscan a sus hijos. Que la justicia se entendiera como una obligación de protección de derechos y no como la administración de carpetas de investigación. En fin, que el acceso a todos los derechos fuera universal, profesional y sin distinciones.
En esta columna hemos hablado de cómo el poder criminal corrompe al poder político, al grado de no poder distinguir uno de otro, y de cómo la democracia se define no solo por las elecciones sino, sobre todo, por los resultados en términos de ampliación de derechos y de control y distribución horizontal del poder. Es un buen momento, ahora que estamos en campañas y vienen las elecciones, para pensar no sólo en quién vamos a votar, también en qué esperamos de las personas que ocupan un puesto público, en cómo hacemos que sean cada vez más puestos de servicio y cada vez menos de poder arbitrario, y cómo hacemos para reducir la posibilidad de la corrupción y aumentamos la rendición de cuentas y la vocación de servicio de los partidos políticos y de sus militantes una vez que están en el gobierno.
Es la ciudadanía la que fue capaz de empujar a finales del siglo XX la reforma democrática que benefició a los partidos políticos con la alternancia, sólo la ciudadanía puede impulsar una reforma democrática que beneficie ahora a todas las personas en el acceso a sus derechos. Es tiempo de pensar en la calidad de nuestra democracia.
