El informe de la CNB 2020 y los retos del Dispositivo Desaparecedor

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  1. Aída Hernández Castillo

 

El 29 de enero pasado, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) dio a conocer su informe para el periodo 2020, presentando cifras y gráficas en torno a los hallazgos e identificaciones de personas desaparecidas durante el año pasado. Si bien estos números pueden interpretarse desde varias perspectivas, no es mi intención aquí hacer un análisis estadístico o demográfico de las mismas, sino compartir algunas reflexiones en torno a los logros y retos que puso de manifiesto dicho informe. Por principio, podemos decir que los datos presentados dan cuenta de que la crisis de derechos humanos y la crisis forense continua en México.

El discurso oficial ha enfatizado que el hallazgo de fosas clandestinas recientes y cuerpos recuperados se debe, sobre todo, al incremento de la confrontación entre grupos delictivos en diversas partes del país. En la presentación oral del informe en la “conferencia mañanera”, se argumentó también que ha habido una intensificación de las labores de búsqueda (realizadas en 171 municipios) y una mayor capacidad de respuesta por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda (https://www.facebook.com/watch/?v=167585164843617).

Me interesa abrir aquí algunas líneas de reflexión sobre las contradicciones que vemos entre los importantes logros en el desarrollo institucional y normativo, en torno a la búsqueda de personas desaparecidas, y las continuidades en las violencias burocráticas y los contextos de impunidad que hacen posible las desapariciones.

En respuesta a mi contribución anterior sobre la criminalización de las víctimas por parte de funcionarios del Estado mexicano (https://www.rompeviento.tv/la-criminalizacion-de-las-victimas-y-la-complicidad-de-la-impunidad/), algunos lectores criticaron la intencionalidad de mi trabajo ubicándome como parte de los sectores que quieren descalificar o denostar cualquier esfuerzo de la presente administración. Quisiera aclarar que como ciudadana me siento responsable por haber dado mi voto a un gobierno que nos prometió desmilitarizar el país, parar la violencia y poner los intereses de la población más excluida, económica y socialmente, por encima de los del gran capital. Considero que la crítica constructiva es fundamental para presionar a que se cumplan las promesas democratizadoras, y que la lealtad ciega a cualquier gobierno, solo contribuye a fortalecer los autoritarismos.

La continuidad de las violencias extremas, como las masacres y desapariciones forzadas, no se debe solo a los problemas estructurales heredados de las administraciones anteriores, sino también a la continuidad de prácticas y políticas públicas, que hacen posible que el aparato desaparecedor siga funcionando.

Lo que dicen y no dicen los números

El informe nos dice que, de diciembre 2018 a diciembre del 2020, 37,808 personas fueron denunciadas como desparecidas, de las cuales fueron localizadas el 56.4 %, por lo que siguen sin aparecer el 43.6 %, es decir, que en lo que va de la presente administración 16,484 personas han desaparecido y siguen si ser encontradas.  Se nos dice también que del total de personas localizadas en el mismo periodo, el 92 % fue con vida (19,626 personas) y el 8 % fallecidas (1,706 personas). Las gráficas presentadas señalan que hubo una disminución de las personas desaparecidas, de las 8,964 reportadas en el 2019 a las 6,957 que se reportaron en el 2020. Lo que no se nos dice, es que el 2019 fue el año con mayor número de desaparecidos, desde el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico” en el 2006. Por lo que, aun con esta “disminución”, el 2020 fue el cuarto año con más desaparecidos en las últimas dos décadas.

Se actualiza también el número de personas que continúan desaparecidas en el periodo que va del 2006-2020, reportando la cifra de 80,517 personas. El informe no explica la diferencia entre las 61,637 personas reportadas como desaparecidas en el mismo periodo en el informe presentado en enero del 2020. Estamos hablando de 18,880 personas más que en el informe anual anterior, lo cual no corresponde a las 6,957 personas reportadas como desaparecidas durante el 2020. Por lo tanto, podemos presuponer que esta variación de las cifras se debe a la “carga masiva” de datos de años anteriores que no habían sido incluidos en el sistema. Podríamos leer esta cifra como producto de un esfuerzo por hacer lo más completo posible el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED). Pero para no perdernos en este juego de datos, nos hace falta un mayor análisis cualitativo en los informes oficiales, que nos permita entender el porqué de este aumento de un 30 % de las personas desaparecidas en relación con el informe del año pasado.

El reporte de la CNB documenta también una disminución en el número de fosas clandestinas localizadas del 33.05 % y del 17.97 % en los cuerpos recuperados en estas, respecto al año 2019. Sin embargo, esta disminución puede leerse de varias maneras, puede ser que no hubo fosas clandestinas para encontrar o que simplemente el país sigue estando repleto de fosas clandestinas que aún no se encuentran.

Se nos reporta que del primero de diciembre del 2018 al 31 de diciembre del 2020 fueron identificados 935 cuerpos y entregados a sus familias 521. Pero el gran vacío que tiene el informe es el número de cuerpos que continúan sin identificación en Servicios Médicos Forenses y Servicios Periciales del país. Según un reportaje de Quinto Elemento Lab, existen 38,891 cuerpos bajo custodia estatal que esperan ser identificados. De ese total, 27,271 habían sido enterrados en fosas comunes, 5,783 se encontraban dentro de las cámaras frigoríficas de los servicios médicos forenses, y 2,589 fueron donados a universidades. Las autoridades no proporcionaron información acerca del destino final que dieron a 2,533 cuerpos y dijeron desconocer dónde quedaron 999 más.[1]

Esta información no ha sido ratificada por la CNB, que en diciembre pasado fue instruida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para que diera a conocer la información recabada sobre cuerpos sin identificar bajo custodia estatal, mediante un diagnóstico que precisara “los objetivos, la metodología utilizada, incluyendo los formatos de instrumentos, cuestionarios, listas de verificación y cualquier otro documento de medición y/o evaluación”[2]. Sin embargo, el informe no hace ninguna mención a esta crisis forense, para la que no existe aún un plan claro de identificación que permita regresar a sus familias a todas estas personas.

A pesar de la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, en la práctica no se han registrado cambios significativos en los procesos de identificación y restitución de cuerpos. En un informe presentado por el Observatorio Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, se documenta que la crisis forense que vive el país incluye no solo la carencia en infraestructura, equipamiento y recursos humanos especializados, sino también la continuidad de prácticas burocráticas que entorpecen o imposibilitan la identificación de las víctimas.[3]

Si bien es fundamental como ejercicio de rendición de cuentas que la CNB nos presente los datos documentados sobre personas desaparecidas, las acciones de búsqueda realizadas, las fosas excavadas, los cuerpos exhumados… es importante no perder de vista la dimensión humana de esta tragedia. No podemos dejar que hombres y mujeres, cuyas muertes no han podido ser lloradas, ni sus cuerpos honrados con rituales funerarios, se conviertan en cifras. Al tratar de hacer sentido de los datos presentados por el informe de la CNB, se me vienen a la mente las palabras de la politóloga argentina Pilar Calveiro cuando señala que “La misma masificación del fenómeno actúa deshumanizándolo, convirtiéndolo en una cuestión estadística, en un problema de registro.”

Rupturas y continuidades ante el Dispositivo Desaparecedor

Esta misma autora, a partir de sus análisis sobre la desaparición forzada en Argentina, ha dado algunas luces para complejizar el problema de la desaparición, más allá de los “perpetradores directos”, mostrando cómo las instituciones de seguridad y justicia, las prácticas burocráticas, las culturas de la impunidad, los discursos estigmatizantes e inclusive el silencio ciudadano ante estos agravios, constituyen partes integrales de un dispositivo que hace posible la desaparición de personas.  En este sentido, la administración actual ha dado continuidad al dispositivo desaparecedor, al permitir que el ejército, como institución que ha sido condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) de ejercer violencia institucional castrense y de participar de manera directa en la desaparición de personas, esté ejerciendo funciones de seguridad pública.[4] Ha contribuido también a mantener este dispositivo, al permitir la continuidad de funcionarios públicos que reproducen las violencias burocráticas contra los familiares de desaparecidos, dentro del aparato de justicia. Ha reproducido la capacidad de violencia del dispositivo desaparecedor, al permitir que funcionarios locales vinculados al narcotráfico sigan ocupando cargos políticos o en el aparato de seguridad, como sucede en Morelos y Tamaulipas. Este dispositivo se refuerza también al reproducir en los discursos oficiales, perspectivas estigmatizantes de las personas desaparecidas y de sus familiares.

Si bien es cierto que a nivel federal la Subsecretaría de Derechos Humanos ha jugado un papel fundamental en el acompañamiento de casos como el de Ayotzinapa, y que actitudes como las del subsecretario Alejandro Encinas, acompañando de manera presencial los procesos de búsqueda de fosas clandestinas, no se habían visto antes, a nivel local, las Fiscalías estatales siguen apoyándose en Ministerios Públicos que reproducen culturas burocráticas del pasado y que en muchos contextos ni siquiera conocen el nuevo marco legal en torno a la desaparición de personas.

Estamos ante un aparato estatal lleno de contradicciones, que hace difícil, si no imposible, el trabajo de aquellos especialistas en temas de derechos humanos o forenses, que han apostado por trabajar al interior del Estado.  Entre los logros de esta administración está el haber avanzado en la consolidación del Sistema Nacional de Búsqueda, creando Comisiones Locales de Búsqueda y promoviendo la coordinación entre múltiples instituciones como la Comisión Nacional de Búsqueda, el Consejo Nacional Ciudadano, los colectivos de Búsqueda, las Fiscalías Especializadas. Está aún pendiente el diseño de un Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense, que las familias demandan de manera urgente.

Entre los logros normativos está también la elaboración, en diálogo con los colectivos de familiares de personas desaparecidas, del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, así como la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense. Sabemos que muchos esfuerzos y alianzas fueron necesarios para lograr estos cambios institucionales, y no es mi propósito quitar mérito a estos empeños. La elaboración por parte de la CNB del Manual de Capacitación para la Búsqueda de Personas[5], en el que participaron colegas especialistas en el tema de la desaparición de personas y comprometidas con los derechos humanos, como Silvia Dutrenit, Libertad Arguello, Adriana Pozos y Javier Yankelevich, nos habla de la apertura a nivel federal para incluir a la academia socialmente comprometida como aliada para enfrentar esta crisis.

Sin embargo, todos estos logros son insuficientes si no se transforma el contexto estructural que hace posibles las desapariciones, y si no se corta de tajo el vínculo que sigue existiendo entre funcionarios de seguridad y justicia y el crimen organizado.

Un ejemplo de estas continuidades es la reciente detención de doce policías estatales en Tamaulipas, por su presunta participación en la masacre de 14 migrantes el 22 de enero pasado. Los vínculos entre el crimen organizado y las policías locales de Tamaulipas, habían sido denunciados en múltiples ocasiones por la prensa y por los colectivos de familiares de desaparecidos[6], sin embargo, vemos que el aparato desaparecedor que hizo posibles las masacres de migrantes en San Fernando en 2010 y 2011, sigue en pie en ese estado. De igual manera, la apertura del juicio de desafuero contra el Fiscal General del estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y por haber realizado nombramientos en la procuraduría local de fiscales que no cubrían los requisitos para el cargo y no estaban certificados, nos habla de cómo el Narco-Estado denunciado por las movilizaciones en torno a Ayotzinapa, sigue en pie.

En mi siguiente colaboración, quisiera hacer una ventana etnográfica a cómo funciona este aparato desaparecedor desde las violencias burocráticas que hacen posible la doble desaparición de las personas, impidiendo su identificación, mediante la experiencia de los colectivos de familiares de desaparecidos de Morelos que siguen luchando por que los 84 cuerpos exhumados en las fosas de Jojutla y los 106 que falta identificar en Tetelcingo, puedan regresar con sus familias. Esperamos que este espacio periodístico pueda contribuir, aunque sea mínimamente, a visibilizar las luchas de estos colectivos y a recordar que los números presentados en el informe de la CNB son hombres y mujeres, cuyas familias sufren su ausencia y demandan su aparición.

 

 

 

 

[1]https://quintoelab.org/crisisforense/crisis-forense-cuando-las-funerarias-suplieron-al-semefo/

[2] https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/25/politica/ordena-inai-a-cnb-difundir-avances-de-diagnostico-sobre-semefo/

[3] https://www.onc.org.mx/uploads/digital-dfi-fasc3.pdf

[4] El ejército mexicano fue encontrado culpable por parte de la CoIDH de ejercer violencia institucional castrense en el caso de Inés Fernández Ortega vs. México, y responsable de la desaparición forzada de los primos Alvarado en el caso Alvarado Espinoza y Otros vs. México. Para más información sobre estos casos y sobre el papel del ejército en casos de violaciones a derechos humanos se puede consultar https://ichan.ciesas.edu.mx/peritajes-antropologicos-sobre-el-impacto-comunitario-de-la-militarizacion-aportes-para-la-reflexion-en-torno-a-la-guardia-nacional/

[5] https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/596056/Manual_de_capacitacion_para_la_Busqueda_de_Personas.pdf

[6] https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/examenes-policia-mexicana-muestran-profunda-corrupcion-violencia-tamaulipas/

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