El fracaso de la investidura del socialista Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno español constituye un hito del que la izquierda en su conjunto tiene muy complicado salir bien librada, debido al mensaje de la habitual incapacidad de las izquierdas para construir acuerdos entre sus distintas organizaciones.
A diario aparecen análisis y retrospectivas que tratan de explicar la falta de acuerdos provocada por las antipatías que puedan tenerse los dirigentes de Unidas Podemos y del PSOE, aun en tiempos de un amenazante crecimiento de las derechas. Si bien es cierto que no puede descartarse el factor de las actitudes individuales, habría que considerar también que lo que nunca estuvo claro durante los dimes y diretes posteriores a las elecciones del 28 de abril es lo que cada quien entendía como Gobierno de Coalición y cómo es que esta figura regularía tanto los menesteres de la gestión pública como los avatares de la disputa político-programática. Da la impresión de que las estructuras institucionales y los marcos legales con los que interactúan los actores y sus discusiones no han terminando de absorber la necesidad de gobiernos que no sean de un solo partido.
En realidad, la situación de “bloqueo” viene desde que el 15M de 2011 puso en el debate público la desigualdad pero también el agotamiento de la configuración política basada en el bipartidismo. De ahí el surgimiento de nuevos partidos con la posibilidad de abrir resquicios para la representación de inquietudes hasta ese momento completamente ausentes de las opciones parlamentarias. A ocho años de aquella sacudida, no está claro que los códigos de la política española hayan logrado sintonizarse con esta pluralización de actores y de ánimos populares que ya no aceptan quedarse en la marginalidad.
Ante este desfase, sigue ganando la lógica de la disputa político-electoral que prioriza acabar con el adversario, principalmente con el que se comparte ideología, pues es con el que se disputa un espacio en la geometría tradicional. Esta pareció ser la actitud de un Partido Socialista que se llegó a creer el cuento de que podía gobernar en solitario cuando las cuentas no le daban y al que luego las circunstancias obligaron a simular una negociación.
Habrá quien piense que tras la fallida negociación quedó al descubierto la terquedad de Pablo Iglesias, pero lo cierto es que pareció ser el único actor que intentó redefinir el funcionamiento de un sistema parlamentario obligado a reconocer cambios de época. Insistir en la falacia de que sólo buscó “sillones” es perder de vista que la exigencia de redefinir competencias y modos de convivencia de los distintos dentro del Gobierno es propiciar la adecuación del sistema político a las nuevas exigencias populares.
Los fenómenos de “gobiernos dentro de gobierno” o los asociados a la desconfianza entre socios de gobierno no pueden evitarse en tanto fuerzas políticas distintas a las que el sistema parlamentario obliga a asociarse para lograr el “mejor gobierno posible”. La única manera de regularse es, como muchas veces dijo Pablo Iglesias, a partir de la proporcionalidad, la definición de facultades y competencias y el establecimiento de reglas claras de funcionamiento de instancias como el Consejo de Ministros.
Continuar la aspiración sin la sintonía de nociones y el establecimiento de reglas claras sólo puede alargar una discusión psicótica que no hace más que trasladar confusión y decepción a la arena publica.
Por otro lado están las definiciones tácticas, por las que ante los hechos tienen que optar los actores de izquierda.
En este sentido, la terquedad puede no ser tan falsa pero su sentencia tendría que considerar y cuestionar las cargas que las expectativas de todos hacen recaer sobre cada actor. Se supone que quienes nos ubicamos a la izquierda estamos obligados a mirarnos como parte de un conjunto que enfrenta la disputa estructural conformado por diversas expresiones, y que tocaría, en cierta proporción, hacernos cargo del avance conjunto. La cuestión es que cada periodo está determinado por la prioridad de una de las expresiones, que por determinadas circunstancias tiene mayor fuerza, legitimidad, o en la que recae mayor poder en la toma de decisiones. Esta realidad obliga a la búsqueda permanente de equilibrios entre lo que toca hacer a cada fuerza para su sobrevivencia y lo que le corresponde para el avance general, en el entendido de que la izquierda está tan obligada a mirar siempre hacia adelante como a actuar con el realismo que impida retrocesos en el proceso histórico de su fortalecimiento.
Las posturas expresadas por Izquierda Unida, en el sentido de llamar a Podemos a investir a Sánchez a cambio de un acuerdo programático y después irse a la oposición, y por Esquerra Republicana de Catalunya, en el sentido de aceptar los puestos en el gobierno ofrecidos por el PSOE, parecen operar en función de lograr lo posible a costa de retrasar un avance mayor que solvente el desfase institucional para responder a la pluralización emergente.
El receso de investidura establecido legalmente de aquí a septiembre da un respiro que permite procesar y revertir la incapacidad que hasta ahora ha habido para lograr el acuerdo. Pero parece que es poco lo que puede recomponerse. El PSOE ha evidenciado que prefiere pactar con la derecha que convivir con Podemos. La opción del acuerdo programático sin coalición parece ser el único resquicio para evitarlo sin llegar a la repetición de elecciones.
Falta mucho para entonces y aun muchos saldos por aclarar en la disputa de señalamientos, pero lo cierto es que más allá del acuerdo que se logre, mucho hay que pensar sobre las izquierdas, sus marcos de actuación y sus formas de articulación. Ojalá que de este episodio traumático salgan menos divisiones de las que parecen esbozarse.
