El @AbogadoWinckler es un rufián que debió ser removido desde hace rato. Era intolerable el abandono de los casos y el despotismo contra las víctimas
Colectivo Solecito Veracruz
El martes 3 de septiembre la mayoría de diputados y diputadas integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del estado de Veracruz separó temporalmente del cargo de Fiscal General al abogado Jorge Winckler Ortiz; en su lugar y como encargada de despacho tomó protesta la licenciada Verónica Hernández Giadans, quien hasta entonces se desempeñaba como Directora General Jurídica de la Secretaría de Gobierno de Veracruz. La decisión ha generado enorme polémica entre analistas, académicos, abogados, periodistas, colectivos de familiares de desaparecidos, agrupaciones sociales y en general en la opinión pública, tanto de Veracruz como del país. Si la decisión de la JUCOPO fue apegada a derecho o no, es algo que deberá dilucidarse en las próximas semanas y en los ámbitos jurisdiccionales correspondientes, por lo que el futuro del abogado Winckler aún no está decidido: hay quienes aseguran que su regreso es inminente, en tanto otros afirman que su temporal separación será, más temprano que tarde, definitiva. Por el bien de Veracruz anhelo, deseo, espero, confío en que Jorge Winckler Ortiz no sea más el Fiscal General del estado.
Dejar el debate solamente en el plano jurídico (si la JUCOPO actuó o no legalmente) sin hacer una mínima reflexión también desde el ángulo político es reducir un problema complejo y con múltiples aristas a una decisión de orden exclusivamente legal. En este sentido, y suponiendo que incluso si la determinación jurídica favorece a Winckler, éste no puede, no debe regresar a la Fiscalía. Para Veracruz sería desastroso.
El argumento de la JUCOPO para separar temporalmente a Winckler ya lo sabemos: el incumplimiento con el mandato constitucional de contar con su certificación de confianza, revalidación y registro. Si los legisladores se excedieron en sus atribuciones al separar del cargo al Fiscal, es un punto que deberá, insisto, transitar por las vías legales hasta su resolución definitiva, lo que es un hecho es que tampoco fue una decisión sin ningún fundamento o recurso jurídico. Más allá del debate y la resolución jurídica final, es necesario reflexionar sobre el origen del problema que motivó a la JUCOPO del Congreso (con mayoría de MORENA) a separar temporalmente a Winckler del cargo.
El origen del conflicto jurídico y político es muy claro: Miguel Ángel Yunes Linares, siendo gobernador de Veracruz, impulsó a su abogado y amigo personal para ocupar el cargo de Fiscal General. La designación de Jorge Winckler fue apegada a derecho toda vez que cumplió con los requisitos constitucionales y contó con el aval de 38 diputados del PAN, PRI, PRD, Nueva Alianza, Verde Ecologista y Alternativa Veracruzana. Fue un nombramiento legal, sin duda, pero carente de legitimidad: el abogado del gobernador saliente fue designado Fiscal a fin de cuidar sus intereses, en particular, la postulación de su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez a la gubernatura. Esto es, fue un nombramiento legal que vulneró la autonomía de la institución responsable de la investigación criminal y del ejercicio de la acción penal y, por lo tanto, una institución crucial en la estructura de la seguridad pública y la justicia en el estado. El nombramiento de Winckler fue legal, pero, insisto, ilegítimo. La Fiscalía, instancia vertebral en el andamiaje institucional para garantizar la justicia, la seguridad y la paz en la entidad, quedó en manos de alguien que no trabajó por el bien común, sino en defensa de los intereses particulares de ciertos grupos, específicamente de la familia Yunes Linares y cercanos.
En síntesis, el origen del conflicto en la Fiscalía veracruzana no inicia con la decisión de la JUCOPO, sino con la designación de un Fiscal a modo, un Fiscal carnal que, a la postre, se revelaría como un verdadero rufián.
Por otra parte, además del nombramiento (legal, está claro) de un Fiscal a modo para velar por intereses particulares (de Yunes Linares, sobre todo) en detrimento del bien común, hay un segundo momento decisivo que antecede a la decisión de la JUCOPO: el juicio político que la bancada de MORENA en el Congreso intentó en febrero de este año. Como bien sabemos, el trabajo político de MORENA (cabildeo, negociación) fue insuficiente para lograr los votos necesarios a efecto de que el juicio político contra Winckler procediera. De 50 votos, MORENA necesitaba 34 para tener la mayoría calificada y así proceder al juicio político, sin embargo, solo logró reunir 30; en contra del juicio político votaron los diputados y diputadas del PAN, PRD, MC y PRI, pero también Erick Iván Aguilar López (PT), Gonzalo Guízar Valladares (PES) y Jessica Ramírez Cisneros (MORENA). Si los diputados y diputadas morenos hubiesen hilado fino para lograr votos necesarios a fin de proceder al juicio político, la separación del cargo ocurrida el 3 de septiembre hubiera sido innecesaria.
La salida de Winckler (temporal o definitiva, está por definirse) de la Fiscalía ha sido bienvenida por la mayoría de la ciudadanía de Veracruz, de acuerdo con la encuesta telefónica levantada luego de la separación del cargo: 59% manifestó estar de acuerdo, 19.4% en desacuerdo y 21.6% dijo no saber (http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=190906_121027_686). Pocos, muy pocos, van a extrañar a Jorge Winckler, el ¿ex? Fiscal legalmente designado, pero carente de la legitimidad, y acaso de la capacidad, necesaria para desempeñarse con atingencia en tan relevante responsabilidad.
Los familiares de personas desaparecidas, organizados en diferentes colectivos, manifestaron su beneplácito por la separación del abogado de Yunes Linares de la Fiscalía General. No olvidemos que, en diciembre del año pasado, diversos colectivos tomaron la Fiscalía para exigir la renuncia de Winckler debido, entre muchas otras razones, a la omisión y colusión en el delito de desaparición forzada, así como por la pésima integración de las carpetas de investigación de las y los desaparecidos: más del 80% de las investigaciones no contaba con los perfiles de ADN. Lucía Díaz Genao, del Colectivo Solecito Veracruz, dijo que “la situación con Jorge Winckler como Fiscal era insoportable, ya era asfixiante, porque a los colectivos los tenía totalmente repudiados. No trabajaba los casos, no investigaba” (http://www.masnoticias.mx/la-situacion-con-jorge-winckler-como-Fiscal-ya-era-insoportable-repudiaba-a-los-colectivos-lucia-diaz-genao/). Lucy Díaz calificó a Winckler como un “rufián que debió ser removido desde hace rato”.
Estamos, luego entonces, ante un nombramiento perfectamente legal, el de Winckler como Fiscal, pero que dio lugar a una cadena de arbitrariedades, ineficiencias y delitos en todos los órdenes de la vida pública de Veracruz. En otras palabras: un procedimiento legal, se convirtió en un obstáculo para para el cabal ejercicio del Estado de Derecho en Veracruz. La Fiscalía de Winckler ha sido acusada por violaciones a derechos humanos (tortura, entre otros delitos), también de haber liberado a capos e integrantes de la delincuencia organizada (como “El Lagarto”, supuesto integrante del cártel de Jalisco), de proteger a fiscales vinculados con organizaciones delictivas, de no proceder en denuncias contra militantes y líderes del PAN, de las pésimas integraciones de averiguaciones que han violado sistemáticamente el debido proceso (lo que ha permitido la liberación de detenidos), entre muchas otras prácticas no solamente ineficaces, sino inclusive constitutivas de delitos.
El desempeño de Winckler en la Fiscalía veracruzana no ha sido malo: de acuerdo con el índice estatal de desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2019 ha sido pésimo. Veracruz ocupa el penúltimo lugar nacional y no sólo no ha mejorado, sino ha descendido tres niveles en el último año, tal y como podemos apreciar en la siguiente tabla (disponible en: http://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=123&t=indice-estatal-de-desempeno-de-procuradurias-y-Fiscalias-2019).
Los datos, las evidencias, el repudio generalizado, hacen indefendible a Jorge Winckler; aún así, hay quién se atreve a defenderlo bajo el argumento (discutible, en tanto no haya resolución judicial) de que su separación del cargo fue ilegal. Aceptando, sin conceder, que la JUCOPO se excedió en sus atribuciones y Winckler fue indebida e ilegalmente separado temporalmente del cargo, ¿vamos a permitir que el Fiscal rufián siga al frente de la Fiscalía General de Veracruz? Sostengo que, de darse el caso de que Winckler pretendiera regresar al cargo de Fiscal, un amplio movimiento social lo impedirá, toda vez que es ampliamente repudiado en el estado.
El reto que enfrentará el Congreso no es menor: nombrar a un nuevo Fiscal con estricto apego a la legalidad y con la suficiente legitimidad para encabezar a una institución autónoma de enorme relevancia para todos nosotros, para todas nosotras: la Fiscalía General de Veracruz. Se requiere a un profesional con experiencia, capacidad, independencia y honestidad; no es fácil, pero por supuesto que hay mujeres y hombres que cumplen con el perfil. No más fiscales carnales, no más fiscales a modo, no más fiscales rufianes. Desde ya debemos exigir pleno respeto a la autonomía de la Fiscalía y de quién esté al frente.
