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El déficit institucional en México

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Los férreos, y hasta feroces, defensores de las instituciones en México son muy cortos de memoria, eso o de plano durante años prefirieron mirar para otro lado. No se entiende de otra forma que, en su momento, no hayan denunciado con la misma vehemencia con que lo hacen ahora, que las instituciones que defienden con tanto ahínco están, en esencia, corroídas por dentro. Para donde uno mire, los saldos del neoliberalismo en la administración pública de nuestro país son atroces, ominosos, seguramente con un altísimo costo económico (habrá que hacer puntualmente las estimaciones financieras) y con la consiguiente pérdida de confianza de la ciudadanía. Sin que la siguiente relación sea exhaustiva, permite al menos otear que las instituciones que supuestamente estaría socavando la 4T –y por las que “periodistas”, académicos, líderes políticos y críticos de toda laya se rasgan las vestiduras- son notables ejemplos de ineficiencia, despilfarro y simulación, derivados de prácticas brutalmente corruptas. En este sentido, es absolutamente válida la pregunta que cuestiona si la defensa de las instituciones es en cuanto tales, o bien responde a la pretensión de custodiar intereses económicos y políticos de muy alta envergadura.

Comencemos el breve recuento de los daños con el INE, institución nodal de la democracia mexicana que, pese a los ingentes recursos de que ha gozado a lo largo de los años (para 2019, más de 10 mil millones de pesos), no ha logrado construir un sistema electoral transparente, eficaz y, sobre todo, confiable. Para no ir muy lejos, en la elección presidencial de 2018 en la que ganó Andrés Manuel López Obrador, la duda no era si habría fraude (eso se daba por sentado) sino si alcanzaría para imponer a Anaya o a Meade, candidatos del establishment. A diferencia de las elecciones de 2006 y de 2012, en esta ocasión la avalancha de votos a favor de AMLO imposibilitó la consumación del fraude, pero de que se intentó, ni duda cabe, y ahí está la llamada Operación Berlín para constatarlo. Además, hay que recordar el desvío de recursos, el acarreo, la coacción del voto, entre otras expresiones del chanchullo electoral para promocionar partidos y candidatos de todos los colores, de todos, sin excepción. El INE y la FEPADE estuvieron allí, están allí, para convalidar prácticas electorales que poco o nada tienen que ver con el ejercicio de los derechos y las libertades ciudadanas.

Y si de instituciones caras, ineficientes y que generan más desconfianza que certidumbre se trata, ahí están los partidos políticos, todos, sin excepción, incluido Morena. La democracia mexicana es insultantemente onerosa, pero además, de muy esmirriados resultados. Cuesta mucho a las finanzas públicas (en 2018, cerca de 5 mil millones de pesos) mantener un sistema de partidos exageradamente caro y profundamente ineficiente; reconocer este hecho no significa que se deba anular la maltrecha democracia mexicana, pero sí debemos exigirle más, mucho más, porque hasta el momento sus resultados han sido más bien pobres. En esta tesitura, la sustancial reducción al presupuesto para los partidos políticos es una exigencia ciudadana insoslayable e inminente.

¿Y qué dice usted, amable lector, gentil lectora, del irresponsable y criminal desvío de recursos destinados al combate a la pobreza operado desde la SEDESOL? En mi opinión, no es posible defender la institucionalidad de los programas para abatir la pobreza cuando las evidencias apuntan a un robo de recursos públicos de enormes dimensiones (conocida como la Estafa Maestra) para beneficiar a un conjunto de ex funcionarios y operadores políticos, entre los más visibles Rosario Robles, Emilio Zebadúa y Ramón Sosamontes, que hicieron el trabajo sucio para otros, entre ellos, para Enrique Peña Nieto. ¿Esas son las instituciones que debemos defender?

¿Y qué opina usted de los más de 97 mil niños fantasma (se habla incluso de 150 mil) registrados en el programa de Estancias Infantiles que permitían a las y los operadores de estas instancias recibir recursos? Dinero destinado a niñas y niños inexistentes que bien pudieron y debieron ser canalizados a quienes sí existen y los necesitan. ¿Esas son las instituciones que queremos defender?

O los recursos destinados al desarrollo científico y tecnológico del país que, antes de llegar a los investigadores, fueron orientados a empresas supuestamente comprometidas con la innovación: más de 7 mil millones de pesos en ocho años destinados a firmas como Monsanto, VW, Intel, Bayer y Ford, entre otras trasnacionales. ¿Esa es la política de desarrollo científico que debe defenderse?

En el sector salud, ¿es defendible la política de comprar medicamentos con 30 %, 40 % o más de sobreprecio? Hablamos de precios en términos de competencia internacional, lo que significa que la misma medicina comprada en otro país es más barata que en México, con los costos de traslado e importación incluidos. ¿Se puede defender la institucionalidad de esas compras?

Y ni qué decir del mayor robo a la nación (reciente, el otro es el Fobaproa) representado por el aeropuerto de Texcoco. Precios inflados, especulación inmobiliaria, conversión del actual aeropuerto Benito Juárez en un desarrollo inmobiliario de altísima plusvalía acaparado por los mismos empresarios y funcionarios que pugnaban por la construcción del aeropuerto en Texcoco. ¿Es defendible esta política institucional?

O en los medios de comunicación, ¿es defendible, bajo cualquier argumento, el chayote? Disfrazada con el ropaje de los convenios y los contratos publicitarios, la corrupción en materia de comunicación social y política ha sido práctica generalizada durante decenas de años, pero ¿es defendible?, ¿es ético hacer de la verdad moneda de cambio?, ¿se deben mantener medios de comunicación privados con recursos públicos?

Lo mismo ocurre con la justicia. Si hay un poder en el que los vientos de la transformación apenas soplan, es precisamente en el judicial. Jueces, magistrados, secretarios y en general toda la estructura de impartición de justicia durante decenas de años ha estado al servicio del mejor postor, no del lado de las leyes, las instituciones y la democracia. ¿Esto defienden quienes se afanan en cuestionar las políticas de la 4t?

La lista de instituciones venales podría ampliarse indefinidamente: para donde usted quiera ver, el déficit institucional es evidente y profundamente dañino para el país. La 4T, al menos declarativamente, apunta a transformar sustancialmente la vida institucional en México y si hay críticas absolutamente válidas no es en sí por su intención, sino por las formas de llevarla a cabo. En efecto, los cuestionamientos a la 4T son fundamentalmente por hacer burdos cortes con machete, en lugar de hacerlos con bisturí e inteligencia. Pero de que se necesita superar el déficit institucional en el país, creo que no hay ninguna duda. Las instituciones están en deuda con México, es urgente transformarlas.

Alejandro Saldaña Rosas

Alejandro Saldaña Rosas

Doctor en Estudios Organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa y Académico e Investigador en la Universidad Veracruzana. Autor del libro Momentos de Gracia: Organizar lo Imposible (2009) y articulista en temas sobre estudios en gestión y gestión de empresas de base creativa.