Michael W. Chamberlin
Rompeviento TV a 30 de agosto de 2022
#DiaInternacionalDeLasVíctimasDeDesapariciónForzada
La semana antepasada el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presentó el Informe de la Comisión Presidencial de la Verdad sobre Ayotzinapa al que calificó de Crimen de Estado. Al día siguiente el presidente recalcó que se trató de “malos servidores públicos, (lo que) no significa el mal funcionamiento de una institución”, reduciendo el alcance del Crimen de Estado a unos cuantos funcionarios.
El Subsecretario Encinas en su papel de Comisionado develó la participación coordinada de agentes federales, estatales y locales, incluyendo al Ejército y la extinta Policía Federal junto con la delincuencia organizada, la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala y alrededores, y señaló la responsabilidad de la entonces PGR en ocultar los hechos y fabricar verdades. Horas después de presentar sus conclusiones se ejecutaron diversas órdenes de aprehensión que incluyeron al exprocurador Jesús Murillo Karam, a 20 mandos militares, funcionarios de Guerrero e integrantes del crimen organizado.
Una Comisión gubernamental de la Verdad siempre tiene, por razones evidentes, problemas de imparcialidad, por lo que las afirmaciones del Comisionado deben ser necesariamente contrastadas con los familiares y su defensa, y con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes declararon no conocer el informe con antelación y los primeros señalaron algunas dudas sobre sus conclusiones, y por supuesto contrastadas con la Unidad Especial de la Fiscalía que lleva la investigación y el litigio del caso.
La segunda limitación de una Comisión gubernamental es la falta de un enfoque contextual que la obligaría a analizar los problemas estructurales y adoptar medidas de no repetición, lo que la llevaría a entender tanto las redes de criminalidad, como los detonadores de estas conductas. El caso Ayotzinapa se ha abordado de manera aislada, pero no se agota en sí mismo. Es un ejemplo de un fenómeno delictivo y de un modo de actuación de autoridades y crimen organizado antes y después del 26 de septiembre de 2014, con el objetivo de generar terror, controlar territorios y generar ganancias de manera ilícita por medio del tráfico de drogas y la extorsión, entre muchos otros.
No se trata sólo de “unos malos funcionarios”. Es una red estructurada de criminalidad organizada, instalada con la complacencia o complicidad de las autoridades. Basta con mirar las cifras oficiales para darse una idea de que se trata de un fenómeno mayor. Entre enero de 2006 y hasta el 26 de septiembre de 2014 ya se registraban 1,374 personas desaparecidas, de las cuales sólo se localizaron a 354. Después de la noche de Iguala han desaparecido 3,547 personas de las que sólo se han localizado una tercera parte, y los grupos criminales se han fortalecido en el control de mercados lícitos e ilícitos, en la extorsión y el tráfico de drogas, desplazando cada vez más al estado de derecho.
Por si fuera poco, las instituciones del Estado están dispuestas a dejar hacer al crimen por medio de los dispositivos de la impunidad y la permisividad en la corrupción de autoridades en Guerrero. El Comité de Desapariciones ya apuntaba en su informe de su visita que la desaparición en México es el crimen perfecto y la impunidad es casi absoluta.
Hoy 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Otro año más que los familiares de las personas desaparecidas salen a las calles y alzan su voz para exigir memoria, verdad y justicia. Con excepción del incremento en el número de víctimas, no mucho ha cambiado desde el año pasado.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas reporta que en el último año han sido víctimas de ese delito 19,257 personas (40% mujeres) de las que 10,051 siguen sin ser localizadas. Un promedio de 27 personas diarias, si nos referimos conservadoramente a la segunda cifra de los que aún están desaparecidos. Los estados de México, Nuevo León, Jalisco y Veracruz fueron los de mayor incidencia en registros.
Si no se mira este contexto, no sólo no se resolverá el caso Ayotzinapa, seguirán ocurriendo casos similares, como ha venido sucediendo una y otra vez a lo largo del tiempo y del territorio. Este es el alcance real del Crimen de Estado que desde el poder se ignora deliberadamente y no se quiere atender.
