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El buen juez (Margensur)

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Alejandro Saldaña Rosas

Académico. Director de Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento de Xalapa, Ver.

Twitter: @alesal3 / Facebook: Alejandro Saldaña

 

 

El buen juez

Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa.

Montesquieu

Las transformaciones políticas de México en los últimos años han tocado a dos de los tres poderes que conforman la República: el Legislativo y el Ejecutivo, no así al Poder Judicial. Pese a muchos yerros y abusos en el rediseño institucional de nuestro país, vientos de cambio han soplado por los pasillos y salones de las cámaras de diputados y senadores, en tanto que la conversión de Los Pinos en centro cultural simboliza a la perfección la gran trasformación que está ocurriendo en el Ejecutivo; sin embargo, el Poder Judicial de la Federación ha permanecido alejado del escrutinio público y sus cambios han sido si acaso menores, carentes de impulso democratizador y con muy pocas repercusiones estructurales.

De los muchos rezagos en México, quizás el más sentido es en materia de impartición de justicia puesto que el Poder Judicial ha sido determinante para que la impunidad campee en nuestro país. Ministros, jueces, magistrados, secretarios, actuarios, etc. no han permanecido ajenos a la corrupción, al punto de que el Judicial quizás es el poder más corroído por el dinero de la delincuencia organizada: capos, funcionarios de los tres ámbitos de gobierno, empresarios, militares (entre muchos otros) han hecho del Poder Judicial un instrumento para la consecución de sus intereses. Por si fuera poco, está documentado que en la nómina de los órganos de impartición de “justicia” aparecen hijos, sobrinos, primos, hermanos y demás parentela de jueces y magistrados, en un inocultable y pernicioso ejercicio de nepotismo completamente ajeno a los anhelos democráticos del país. La putrefacción del Poder Judicial es altamente dañina, puesto que impide el acceso de las mayorías a la justicia. Y sin justicia es imposible transitar a un régimen más democrático y equitativo.

En días recientes el sistema de impartición de justicia ha ocupado los titulares de ocho columnas por tres polémicas decisiones:

En primer lugar, la excarcelación de oscuros duartistas acusados, entre otros delitos, de desaparición forzada de personas; en este grupo de ex funcionarios recientemente liberados destaca Arturo Bermúdez Zurita, quien ocupó la Secretaría de Seguridad en los tiempos más nefandos del gobierno de Javier Duarte en Veracruz. La excarcelación ocurrió bajo las normas del Nuevo Sistema de Justicia Penal, por lo que los ex funcionarios deberán seguir el proceso en su contra en libertad. El dato más relevante de su excarcelación es el momento en el que ocurre: en la primera semana de gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, el candidato de MORENA que derrotó al hijo de Miguel Ángel Yunes en la pasada elección. Imposible evitar la hipótesis de que en este caso la “justicia” fue programada para hacer cargar los costos políticos de la liberación de los duartistas al gobierno entrante.

En segundo lugar, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó la elección en el estado de Puebla, pese al cúmulo de irregularidades, las balaceras, los asesinatos, la ruptura en la cadena de custodia de los paquetes electorales, el centro de cómputo paralelo, entre muchas otras ilegalidades; a ojos de la mayoría de los magistrados, la elección en Puebla fue legal y por ende ratificó el “triunfo” de Martha Erika Alonso Hidalgo, esposa del ex gobernador Rafael Moreno Valle. La decisión del Tribunal fue dividida (4-3 por avalar la elección) con el voto decisivo de la Presidenta del TEPJF Janine Otálora para quien el cochinero electoral no fue suficiente causal para la anulación: su voto avaló lo que, a los ojos de miles, de millones, es un vil fraude electoral.

La tercera polémica decisión que involucra a las y los abogados responsables de la impartición de justicia en el país, fue su rotunda negativa a ajustar sus salarios conforme a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos a fin de percibir menos ingresos que el Presidente; por el contrario, han interpuesto miles de amparos y diversos recursos de inconstitucionalidad para preservar sus grandes privilegios, bajo el pueril argumento de que ganar menos los coloca en una situación de riesgo –o tentación- ante la corrupción. Bajo esa lógica a mayor salario menor corrupción, pero el postulado opuesto no necesariamente sería correcto: a menor salario, mayor corrupción. Por donde se le busque, los argumentos legaloides de la casta jurídica apuntan en una misma dirección: defender sus privilegios, que por cierto son pagados con recursos públicos.

Increíble su cinismo, pasmosa su insensibilidad, indignante su ambición. El colmillo político del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha expuesto a la casta jurídica en toda su desnudez, en toda su codicia y como ilustres representantes de un sistema brutalmente voraz y corrupto que se niega a dar paso a instituciones remozadas y eficientes para los nuevos tiempos que corren en el país.

Los jueces, magistrados y ministros están en su derecho en la defensa de sus ingentes salarios, eso no se discute, pero eso no significa que esos ingresos sean justos. Esta situación expresa con toda claridad que existe una gran brecha entre el derecho y la justicia, lo que evidencia una distrofia en todo el sistema de impartición de justicia en México. Para decirlo en otras palabras: numerosas decisiones judiciales pueden estar apegadas a derecho, sin embargo, no por ello son justas.

La transformación en el país debe llegar también al Poder Judicial, de no hacerlo el riesgo de regresar al autoritarismo es muy alto. Brasil es un ejemplo de cómo, desde el sistema judicial, se puede dar marcha atrás a importantes reformas e inclusive llevar a la cárcel al mismo presidente. Lula fue encerrado no por corrupto, sino por confiado, incluso por ingenuo. Está visto que el reducto de la derecha en América Latina está precisamente en los sistemas judiciales (y en los medios de comunicación, la iglesia y los militares).

Reza el refrán popular que el buen juez por su casa empieza. En esta tesitura y habida cuenta su negativa al ajuste a sus salarios, los jueces, ministros y magistrados lanzan un mensaje muy claro a todo el país: no son buenos. No hay alternativa: hay que cambiarlos.

Alejandro Saldaña Rosas

Alejandro Saldaña Rosas

Doctor en Estudios Organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa y Académico e Investigador en la Universidad Veracruzana. Autor del libro Momentos de Gracia: Organizar lo Imposible (2009) y articulista en temas sobre estudios en gestión y gestión de empresas de base creativa.

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