Michael W. Chamberlin
25 de enero de 2022
A poco más de 20 años de los trágicos hechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado mexicano “responsable internacionalmente por las graves falencias que tuvieron lugar en el marco de la investigación de la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido ocurrida el 19 de octubre de 2001.”
Así, la Corte en esta sentencia zanja finalmente la infructuosa e indolente discusión entre defensores y defensoras de derechos humanos, que debatieron por años si Digna fue asesinada o si se trató de un suicidio. Nos recuerda por el contrario que las opiniones no suplen el derecho a la verdad. La Corte reconoce que la muerte de Digna “(…) se inscribió dentro de un contexto generalizado de impunidad por los homicidios de defensoras y defensores de derechos humanos que ocurrían en la época de los hechos (…) y que vino precedida de años de amenazas ejecutadas contra ella. Lo anterior sumado a la investigación ‘absolutamente deficiente’ (…) constituyó, en sí misma, una violación a la obligación de garantizar el derecho a la vida de la señora Digna Ochoa (y) el derecho a la verdad de sus familiares”.
Conocí a Digna cuando ella era abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC (ProDH). En aquellos años yo era miembro del Comité de Derechos Humanos Pueblo Nuevo, ambas organizaciones fundadoras con otras, de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”. La Red tenía entonces una pequeña oficina en el Centro ProDH y al poco tiempo, en 1998, la Asamblea de miembros, alrededor de 40 organismos en aquel año, me honró nombrándome su secretario. A partir de entonces veía a Digna casi a diario en las oficinas de la colonia San Rafael y en más de una ocasión viajé con ella a Chiapas y Guerrero. Digna se volvió familia y como signo adoptó a mi hija como su sobrina.
Fui cercano a las agresiones que recibían cotidianamente muchos miembros de la Red. Fue una etapa de constantes amenazas que se puede delimitar por el levantamiento armado en Chiapas en 1994 hasta la muerte de Digna en 2001, en contra de defensores y defensoras de derechos humanos en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Chihuahua, Hidalgo, Veracruz, Puebla y en la ciudad de México. El escenario se mostraba tan grave que teníamos audiencias cada seis meses ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para reseñar y dar seguimiento a la situación general de los derechos humanos en México y en la entonces Comisión de Derechos Humanos de la ONU, hoy Consejo de Derechos Humanos, que se tradujo en la presencia permanente en el país de una Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en 2001.
En el caso del Centro Pro había un historial de diversas amenazas, vigilancia e intervenciones telefónicas al equipo jurídico, a las visitadurías y al propio director en varios momentos. De éstas recuerdo dos en particular que me tocó presenciar:
Una fue a raíz de la defensa que asumió el ProDH contra las expulsiones de observadores extranjeros de Chiapas, promovido por el entonces presidente Zedillo, que al parecer no quería tener testigos de las masacres del Ejército y sus paramilitares. El Centro convocó entonces a una rueda de prensa en sus anteriores instalaciones de la calle de Puebla, en la colonia Roma, a la que arribaron diversos medios de comunicación. La llegada de tantos medios delató la presencia de dos personas que sospechosamente vigilaban la entrada. Al percatarse de ello, el entonces director del Centro pidió a los medios que registraran con sus cámaras a los sospechosos, pero al salir a la calle y verse sorprendidos, una estampida de unos veinte sujetos, que incluían a los vendedores ambulantes de ambas aceras y el cruce con la calle de Jalapa, corrieron a perderse para no ser fotografiados por la prensa. Nos percatamos en ese momento el alcance de la vigilancia a la que los integrantes del Centro estaban siendo sometidos.
La segunda fue en la mencionada oficina de la Red en el Centro Pro en la colonia San Rafael. En mi calidad de secretario estaba coordinando, junto con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, una audiencia ante la Comisión Interamericana por la masacre de Acteal. Desde Chiapas, con la más alta tecnología que teníamos a la mano, nos fue enviado un fax que contenía el documento que sería entregado a la postre en Washington. Como solía pasar, en la última página se cortó la línea dejando incompleto el documento. Entonces, antes de poder reaccionar, entró una llamada de una mujer que dijo llamar de la Secretaría de Gobernación para decirnos que el documento le había llegado incompleto a su fax y si podíamos enviarle la última página. Este era el panorama de vigilancia cotidiano que se vivía en esos años en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, que en muchos casos llegó a las agresiones, las amenazas directas y al asesinato.
En el contexto de esas agresiones al ProDH se puede distinguir un patrón que ocurrió en dos ocasiones, consistente en amenazas elaboradas con recortes de periódico, que iban en aumento. Un día aparecían debajo de la puerta de entrada, al siguiente en el escritorio de la recepción, luego en el escritorio de alguno de los abogados, incluyendo el escritorio de Digna; posteriormente las amenazas se recibían en la calle o en los domicilios particulares o se hacía evidente que estaban siendo vigilados al igual que sus familiares.
Este patrón lo analizamos con Carlos Beristain (que mucho tiempo después formó parte del Grupo Independiente de Expertos para el Caso Ayotzinapa -GIEI-) quien entonces acompañaba a grupos de defensores y defensoras de derechos humanos en diversos países de América Latina. Carlos observaba que esos esquemas contenían un alto componente psicológico y que tenían como finalidad desmoralizar al grupo en su conjunto, configurando un típico actuar de la inteligencia militar utilizada, al menos, en Guatemala y Colombia.
Las amenazas se volvieron agresiones que incluyeron dos secuestros y un atentado antes de su muerte, en la medida que Digna se volvía más vulnerable. Primero dejando la congregación religiosa a la que pertenecía para vivir sola, luego por su salida del Centro de Derechos Humanos. La sacudida que detonó la muerte de Digna en el Centro Pro y en todo el movimiento de derechos humanos, podría sin duda responder a la hipótesis militar.
A la indignación se sumó la sensación de indefensión y vulnerabilidad de defensores y defensoras de derechos humanos, pero el punto de quiebre fue cuando voces de adentro se sumaron al discurso que interpretaba su muerte como un suicidio, porque tal hipótesis se basaba en la denostación de Digna como mujer y como defensora que la fiscalía capitalina volvió campaña. La sentencia de la Corte señala: “El Tribunal determinó que la investigación (…) estuvo sesgada, desde el principio, por la aplicación de estereotipos de género, donde se apelaban a aspectos íntimos y personales de la defensora, todo ello con el objetivo de cuestionar su credibilidad. (…) la Corte indicó que, como resultado de la deficiente investigación y el discurso de los agentes estatales encaminada a denostar su imagen pública, también se afectó el derecho a la honra y dignidad de la defensora.”
Dolorosamente habrá que aceptar que esta responsabilidad no es sólo de los agentes del Estado; en muchos casos también lo fue de quienes se decían sus compañeros. La denostación post-mortem la intentó matar por segunda vez, en su honra y en su memoria. Además de este reconocimiento que hace la Corte de los estereotipos utilizados en la investigación y su supuesta conclusión basada en ellos, ordenó como parte de las medidas de reparación, entre otras, las siguientes: “… (ii) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; (iii) crear un reconocimiento en materia de defensa de derechos humanos que llevará el nombre “Digna Ochoa y Plácido”; (iv) diseñar e implementar una campaña para reconocer la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos; (v) otorgar el nombre de “Digna Ochoa y Plácido” a una calle en la ciudad de Misantla, estado de Veracruz, así como en la Ciudad de México; (…)”.
Celebro la vida de Digna por su fuerza y entereza, y celebro la sentencia de la Corte Interamericana. Hago votos para que las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil, particularmente las de la Red Nacional “Todos los derechos para todas y todos”, hagan extensivo este reconocimiento público a la vida de Digna, a su honra, y al derecho a la verdad y la justicia en su caso. Finalmente agradezco, como compañero, amigo y colega de Digna, a Karla Michel Salas, David Peña y a su equipo por defender lo que otros no pudimos y por acompañar persistentemente a la familia Ochoa durante todos estos años.
