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Determina juez que policías de la CDMX y del Edomex son responsables de la desaparición del joven Marco Antonio 

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Determina juez que policías de la CDMX y del Edomex son responsables de la desaparición del joven Marco Antonio 

Paola Atziri Paz

Un tribunal federal determinó que Marco Antonio, joven detenido arbitrariamente por policías de la Ciudad de México en enero de 2018, fue víctima de desaparición forzada por parte de polícias de la CDMX y del Estado de México.

“De acuerdo con dicha sentencia judicial, son responsables de la desaparición forzada del adolescente autoridades policiales, ministeriales y judiciales de la Ciudad de México y el Estado de México”, informó este martes la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) a través de un boletín.

Marco Antonio Sánchez Flores fue detenido y golpeado el 23 de enero de 2018 por policías de la CDMX mientras tomaba fotografías en los alrededores de la estación El Rosario del Metrobús. En una acción extrajudicial, el joven que en ese entonces tenía 17 años, no fue presentado en ningún Ministerio Público y no se supo de su paradero, hasta el domingo 28 de enero, cuando las cámaras del Edomex y una llamada anónima informaron de su ubicación en Tlalnepantla. Marco Antonio estaba vivo y visiblemente golpeado.

Pese a que las autoridades capitalinas, lideradas por el ex gobernador Miguel Ángel Mancera, negaron que el caso se tratara de desaparición fozada, el juez dictaminó que las autoridades policiales, ministeriales y judiciales eran responsables de la violación a sus derechos humanos.

“La administración de Miguel Ángel Mancera (2012-2018) y otras altas autoridades capitalinas decidieron políticamente que no existió la detención arbitraria, tratando de minimizar el hecho arguyendo que se trataba de otro adolescente problemático”, denunció la Redim.

Frente a esto, el juez mexicano concedió un amparo a Marco Antonio y su familia para que las autoridades responsables reparen integralmente el daño por la violación grave a los derechos humanos.

Por su parte, la REDIM, quien ha acompañado el caso, exigió que las autoridades investiguen exhaustivamente y sancionen “a los funcionarios que negaron la desaparición forzada y a los responsables de la impunidad persistente en el caso”.

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