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Cultura de Paz y Derechos Humanos

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Ante la violencia escalada a niveles nunca antes vistos, y ni siquiera imaginados, y en un escenario nacional de una profunda crisis en materia de derechos humanos, los discursos en torno a la “cultura de paz” y el “respeto” a los derechos humanos se han prodigado. Lo políticamente correcto de la actual coyuntura es enfatizar (de preferencia con el ceño fruncido) el compromiso del gobierno de tal o cual administración (municipal, estatal o federal) con la cultura de paz y el irrestricto (ceño aún más encrucijado) respeto a los derechos humanos. Qué bueno que, al menos declarativamente, ambos discursos están presentes en la agenda de funcionarios, representantes populares, académicos, líderes de opinión, moneros y periodistas. Qué malo que, quizás involuntariamente, ambos discursos carezcan de rigor conceptual, diagnósticos precisos y, sobre todo, de líneas de acción programáticas bien definidas, para hacer del discurso políticas públicas orientadas a la transformación social.

El estado de Veracruz es la excepción y con ello, me atrevo a conjeturar, se coloca como un referente a nivel nacional para la construcción de una (o unas) cultura(s) de paz y de respeto a los derechos humanos que poco a poco, y en una perspectiva de largo plazo, construya el andamiaje institucional para que las violencias (físicas, estructurales, simbólicas) se transformen, mediante el diálogo, la conciliación y la negociación, en posibilidades para que las “paces” tengan cabida. Con ello, de lograrlo, Veracruz (y México) iniciaría el largo camino para salir de la espiral de violencia del narconeoliberalismo mexicano. La ruta no es fácil pero más temprano que tarde inevitable, al menos es lo que anhelamos la mayoría de los habitantes de este muy golpeado país.

En el gobierno del estado de Veracruz se ha creado el más completo e importante programa de Cultura de Paz y Derechos Humanos del país, al menos hasta donde puedo percatarme. Inclusive me atrevo a afirmar que se trata de un programa único que quizás contribuya -sería ideal- a diseñar programas similares en otros estados, municipios y en el ámbito federal. Sin embargo, el reto más relevante no es en sí el diseño de programas de Cultura de Paz (que tampoco es sencillo), sino que se cumplan sus metas y objetivos. Cito al “Programa Especial Cultura de Paz y Derechos Humanos 2019-2024” del Gobierno del Estado de Veracruz: “El elemento central para comprender los procesos de construcción de las paces sostenibles a efecto de traducirlos en política pública, es conformar los puentes -de ida y vuelta- donde transitar de los problemas inmediatos y microregionales de las violencias, a los problemas estructurales, más amplios y sistémicos (…); uno y otro, si bien son interdependientes operan en tiempos diferenciados y requieren estrategias distintas” (Programa Especial de Derechos Humanos. Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz, 5 de septiembre de 2019. http://www.veracruz.gob.mx/gaceta-oficial/ Gac2019-356 Jueves 05 TOMO III Ext.pdf).

Pregunta al gobierno federal y a los gobiernos estatales: ¿Cuáles son los puentes -de ida y vuelta- para transitar de los problemas inmediatos y microregionales de las violencias a los problemas estructurales más amplios y sistémicos? Pregunta muy válida, en mi opinión, por cuanto el gobierno federal ha puesto énfasis en resolver los problemas estructurales como la pobreza, la desigualdad y la exclusión social (entre otros), pero no queda claro cuáles son sus estrategias para hacer frente a los problemas inmediatos y microregionales de las violencias. Y menos claro resulta cómo se articulan (cuáles son los puentes) las estrategias de corto plazo y microregionales, con las estructurales y sistémicas.

Sin llegar a resolver una problemática de suyo muy compleja, el Programa Especial Cultura de Paz y Derechos Humanos del gobierno del estado de Veracruz apunta a establecer los puentes para construir las paces posibles en el estado a partir de la articulación de las estrategias micro de corto plazo, con las macro de largo término. Una de sus principales aportaciones es la segmentación de las violencias identificando los sectores de población que las padecen; este enfoque, que parte de diagnósticos aún por afinar más, permite establecer estrategias diferenciadas para atender las violencias en contra de mujeres, particularmente para hacer frente a los feminicidios, la desaparición de personas, la trata de personas, el trabajo infantil, los defensores de derechos humanos, los periodistas, las personas migrantes, las personas mayores, los pueblos originarios, las comunidades LGBTTTI, entre los grupos más violentados.

El programa de Cultura de Paz y Derechos Humanos está concebido como un programa transversal, esto es, que en todas las dependencias del gobierno del estado de Veracruz debería estar en operación. Loable intención, sin duda, pero muy dudosa su efectividad. No en sí por el programa, sino por las grandes dificultades para “transversalizar” cualquier iniciativa eje en la administración pública.

Si de algo ha padecido la administración pública en México, además de corrupción, tráfico de influencias, simulación y un largo etcétera, es de desarticulación o desfasamiento institucional. Los ejes transversales ahí están; por ejemplo, en el Plan Veracruzano de Desarrollo son dos: 1) Cultura de Paz y Derechos Humanos y; 2) Honestidad y Austeridad. Esto significa que todas, absolutamente todas las secretarías, direcciones, áreas y dependencias del gobierno estatal, todos los engranes del gobierno, deben girar de acuerdo a ambos ejes transversales, sin desatender los ejes generales ni los particulares de cada dependencia, en su caso. Sin embargo, una cosa es enunciar los ejes transversales (o la transversalidad de determinados programas) y otra muy diferente es que el denso, pesado y muchas veces oxidado engranaje institucional se mueva al impulso de tales iniciativas. En este aspecto, el programa de Cultura de Paz y Derechos Humanos del gobierno del estado de Veracruz tiene su principal limitación: su efectividad no depende de sus virtudes y defectos, sino de la voluntad política para ponerlo en acción.

En esta tesitura, la plena implementación del programa de Cultura de Paz y Derechos Humanos en todos los ámbitos del gobierno del estado está en función, por una parte, del cabal cumplimiento de la normatividad institucional (y las sanciones implicadas por el incumplimiento); por otra parte, de la voluntad política de mandos superiores y medios para que las dependencias a su cargo instauren las políticas de operatividad, eficiencia, eficacia y coordinación necesarias para implementar el programa de Cultura de Paz y Derechos Humanos; sin embargo, ninguna de las dos anteriores es posible sin la conducción firme del titular del ejecutivo, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, quien a fin de cuentas es el primer responsable del gobierno. Pero no es suficiente.

Cuitláhuac, como le llamamos cotidianamente en pueblos y calles de Veracruz, inició su gobierno el 1º de diciembre de 2018 de forma impecable y contundente: con la Declaratoria de Programa Emergente por Crisis de Violaciones de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas en Veracruz. A nueve meses de iniciada su gestión, el gobernador ha sido congruente con ese primer acto de gobierno, si bien en contra suyo obran las estadísticas de violencia e inseguridad que son, a todas luces y pese a dimes y diretes, negativas o insuficientes frente a las expectativas generadas.

Ni los feminicidios, ni las desapariciones, ni la violencia de género, ni la violencia en contra de periodistas, tampoco en contra de pueblos originarios o de personas de la comunidad LGBTTTI, por mencionar algunos de los problemas más sentidos e indignantes, se resolverán exclusivamente con políticas públicas de orden estatal. Son problemas que atraviesan todos los ámbitos de gobierno y todos los poderes, y cada ámbito y cada instancia debe cumplir con su responsabilidad. Y, a decir verdad, no lo han hecho. Esto es, los esfuerzos del gobierno del estado de Veracruz caen en el vacío si en la Fiscalía no se asumen compromisos en el mismo sentido, o si jueces y magistrados carecen de perspectiva de género y juzgan desde su poltrona patriarcal y misógina.

Por ejemplo, la Fiscalía a cargo del hoy prófugo Jorge Winckler (fiscal carnal, abogado de la familia Yunes) desmanteló completamente la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas. Con ello, impidió que las carpetas de investigación abiertas continuaran su curso, e incluso cerró la posibilidad de abrir nuevas carpetas con esta perspectiva. Así, por mucha buena intención que tenga el gobierno encabezado por el gobernador Cuitláhuac García, es imposible dar los resultados que la ciudadanía demanda.

Con el retiro del cargo del prófugo Jorge Winckler se abre la posibilidad de reestructurar el trabajo de esa institución y, con ello, facilitar el engranaje entre el gobierno del estado y la Fiscalía. No obstante, aún falta mucho por hacer: el Poder Judicial, salvo excepciones, sigue siendo un coto reservado de corrupción e impunidad. Y sin este engranaje institucional, es imposible que el Programa de Paz y Derechos Humanos del gobierno del estado alcance sus objetivos, metas y resultados. Nuestra tarea, como ciudadanía, es exigir que cada instancia, cada ámbito de gobierno, cada poder, cada funcionario, cada juez, cada fiscal, cumpla con su obligación en apego a la ley. Nada más, pero nada menos.

Alejandro Saldaña Rosas

Alejandro Saldaña Rosas

Doctor en Estudios Organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa y Académico e Investigador en la Universidad Veracruzana. Autor del libro Momentos de Gracia: Organizar lo Imposible (2009) y articulista en temas sobre estudios en gestión y gestión de empresas de base creativa.