Solamente el tiempo dirá si el 17 de octubre de 2019 será una fecha tan fatídica como auguran unos, o tan excelsa como pregonan otros; será la historia la que dicte sentencia definitiva en torno a los acontecimientos en Culiacán: si fue un día funesto por la cadena de errores cometidos o si fue una jornada para rememorar por la altitud de miras de las decisiones asumidas. El llamado “Culiacanazo” pareciera que abrió la caja de Pandora en el país y de súbito todos los males se han precipitado, amenazando lo mismo a la seguridad ciudadana que a la libertad de prensa; acechando lo mismo a la economía que a la redistribución del gasto público; intimidando lo mismo a la democracia ganada en las urnas que a la construida a través de duras negociaciones.
El ejercicio de información y transparencia suscitado luego del 17 de octubre es inédito en el país: el presidente se plantó ante la nación a explicar con todo detalle un operativo cuyo desenlace no fue el esperado. En efecto, AMLO dio cuenta de los acontecimientos que llevaron a la liberación de un sujeto que no tiene orden de aprehensión en México, pero si de detención con fines de extradición a los Estados Unidos. Y el presidente no estuvo solo, a su lado estuvieron los secretarios de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana y el comandante de la Guardia Nacional. Precisamente para tener esos ejercicios de claridad y transparencia votamos más de 30 millones de mexicanas y mexicanos, por lo que es de reconocer que el gobierno federal estuvo a la altura de las exigencias expresadas en las urnas. Magnífico ejercicio de transparencia que, sin embargo, quedó a deber y no tanto por la falta de información, sino por la confusión en las respuestas a preguntas clave.
La liberación del hijo del “Chapo” Guzmán fue sin duda la mejor decisión para evitar más muertes, pero las preguntas centrales no están allí sino en el operativo que puso en riesgo la vida de ¿decenas? de personas. Liberar al presunto delincuente por el que se realizó el operativo el 17 de octubre no fue el resultado de una cadena de decisiones acertadas, sino la decisión menos costosa, en términos de vidas humanas, de los evidentes fallos en la cadena de mando que, hay que decirlo, sí costó la vida de ¿8, 13, 14 personas? Oficialmente se reconocieron ocho personas muertas; no obstante, las autoridades de seguridad de Sinaloa hablaron de 14. Así, el operativo del 17 de octubre fue exitoso por cuanto evitó una masacre, pero fallido toda vez que cobró la vida de ocho (o 14) personas y no logró su objetivo principal: detener a Ovidio Guzmán para extraditarlo a los Estados Unidos. La línea de tiempo presentada ante los medios de comunicación sobre los acontecimientos previos y durante la aciaga jornada del 17 de octubre, es precisa en detalles y muy útil para entender las circunstancias que obligaron al gabinete de seguridad a ordenar la liberación de Ovidio Guzmán, pero poco clara en la cadena de decisiones -y de responsabilidades- que culminaron en el fracasado operativo. En este sentido, hay que reconocer la voluntad del gobierno federal para asumir sus errores.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana reconoció con toda franqueza que se equivocó al afirmar, en su primera conferencia de prensa la noche del 17 de octubre, que en un patrullaje de rutina elementos de la Guardia Nacional y del Ejército habían sido atacados por civiles armados. Enhorabuena la disposición a reconocer los errores y a no insistir, como en el pasado, en las “verdades históricas” falaces, sin fundamento y hasta delirantes; precisamente por eso votamos más de 30 millones de mexicanas y mexicanos: para dar paso a la verdad.
Sin embargo, la corrección del error ha dejado varias sombras. Quedó en claro que no se trató de un patrullaje de rutina, sino de un operativo que, de acuerdo a lo afirmado por el general Luis Cresencio Sandoval el 18 de octubre, fue llevado a cabo por personal de la Policía Ministerial Militar y por la “División Antidrogas de la extinta Policía Federal y hoy Guardia Nacional” (https://mvsnoticias.com/noticias/seguridad-y-justicia/fuerzas-de-seguridad-actuaron-de-manera-precipitada-en-culiacan/). Posteriormente, en “la mañanera” del 31 de octubre el mismo general Sandoval señaló que el operativo del 17 de octubre fue realizado por el Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico (GAIN) y, por instrucciones del presidente López Obrador, dijo el nombre del jefe militar responsable del Grupo. Luego nos enteraríamos que el jefe del GAIN no estuvo a cargo del operativo en campo del 17 de octubre y que el nombre del responsable no se daría a conocer (acertadamente) para guardar su seguridad. No sé a usted, pero a mí me resulta difícil aceptar la versión de que el militar responsable del operativo en campo hubiera ordenado a sus fuerzas (¿todos subordinados suyos?) ir a la captura del objetivo sin la autorización expresa de sus superiores, a sabiendas de que cometía una grave infracción a las leyes militares. También me resulta difícil de admitir que el comandante de la 9ª Zona Militar, destacada en Culiacán, haya desplegado a sus elementos, en apoyo al operativo, sin que sus superiores estuvieran al tanto y hubiesen dado su autorización. Añada usted la sospecha, fundamentada en previas experiencias, de filtración de información en y entre diversas instituciones: Policía Ministerial Militar, GAIN, gobierno del estado de Sinaloa, Guardia Nacional, etc. Inclusive el mismo secretario Alfonso Durazo afirmó que la orden de cateo se había postergado debido a la desconfianza que priva entre las instituciones. Así de claro, así de duro. La declaración de Durazo más dudas genera: si es tal la desconfianza entre las instituciones ¿para qué hacer un operativo, sin orden de cateo ni de aprehensión, con el objetivo de detener al hijo de un capo del narco?
Quizás todo sucedió tal y como se nos informó y, en efecto, algún mando medio militar olvidó su entrenamiento, echó por tierra sus años de experiencia, ordenó un operativo sin el consentimiento expreso de sus superiores y se arriesgó a ser sometido a la justicia militar; sí, tal vez eso sucedió... pero quizás no y la información disponible, hasta el momento, no permite sacar ninguna conclusión. Lo que a la distancia se puede apreciar es un confuso entrecruzamiento institucional que deja muchas zonas de incertidumbre en las que quizás se tejió la urdimbre del fallido operativo.
En este escenario de claridad y transparencia, al mismo tiempo que de sombras y dudas, los tambores de guerra que velada o abiertamente insinúan la posibilidad de un golpe de Estado no deben menospreciarse, pero tampoco se trata de llamar a las barricadas de manera irresponsable. Sería absurdo y sumamente peligroso ignorar las voces que desde algunos sectores de las fuerzas armadas comienzan a agitar las aguas de la deslealtad y la ruptura constitucional, sobre todo porque bien se sabe que algunos militares, no todos por supuesto, tienen una hoja de servicios que dista mucho de ser impecable. Quienes insinúan, desde su cobardía y sus muchos intereses personales y de grupo, la posible deslealtad de las fuerzas armadas para con el país, son la expresión de la corrupción que alcanzó a prácticamente toda la estructura del gobierno en años recientes. Depurar las instituciones militares no será una tarea sencilla, pero es necesaria, y ante los claroscuros de los sucesos recientes en Culiacán (y en otras localidades del país), impostergable.
