Daniel Campo Palacios[1]
Lujosas camionetas estacionadas a lado y lado de la calle principal de la colonia más adinerada de la ciudad de Cali forman una barricada improvisada. Hombres vestidos de blanco y armados con pistolas automáticas se esconden detrás de los carros y disparan contra una multitud. Minutos antes estos mismos hombres habían bloqueado el paso a una caravana de indígenas del vecino departamento del Cauca que se dirigía a Cali, el corazón de la resistencia en Colombia, a reforzar el Paro Nacional Indefinido que hasta ese momento llevaba doce días. Los hombres de blanco no estaban solos: la Policía, el Ejército y el Escuadrón Móvil Anti-Disturbios (ESMAD) los acompañaba. Se encontraban, paradójicamente, bloqueando la vía en protesta contra los bloqueos. El encuentro entre los dos tipos de manifestantes no demoró mucho en tornarse violento. Cuando se hizo evidente que la caravana indígena era imposible de retener, comenzaron los disparos. En videos grabados por los mismos agresores y que circulan por las redes sociales, se puede ver cómo disparan contra los indígenas que buscan refugio sobre la vía; también se escucha decir al hombre que dispara: “velos, allá están los del CRIC[2]”. El resultado fue doce indígenas heridos por proyectiles de arma de fuego. La fuerza pública que estaba presente actuó resguardando a los atacantes, asegurando la impunidad del intento de masacre. Esa misma noche, los medios de comunicación tradicionales titularon: “indígenas agredieron a habitantes del sur de Cali”. ¿Cómo se llegó a este estado de cosas?
Para tratar de responder, tenemos que retornar un poco la mirada. Aunque el gran catalizador de este Paro Nacional Indefinido fue el proyecto de reforma tributaria que representaba un aumento significativo en la carga tributaria de las clases media y baja mientras se mantenían enormes exenciones a los grandes capitales, ya existía una serie de problemáticas estructurales que sumaban al descontento general de la sociedad colombiana. La emergencia sanitaria que representó la pandemia por el Covid-19 y su desastroso manejo por parte del gobierno, agravado por una estrategia de vacunación insatisfactoria; el aumento de la pobreza monetaria según cifras oficiales al 42,5 % de la población nacional y un desempleo medido en 14,2 % para el mes de marzo; la corrupción impune combinada con una concentración de poder alrededor del Presidente de la República, quien puso a individuos de su círculo cercano en todos los organismos de control (Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, Defensoría del Pueblo); la negativa a una implementación real de los Acuerdos de Paz con las FARC y las escandalosas cifras de excombatientes de esta guerrilla asesinados, así como el asesinato de líderes sociales y numerosas masacres en el país rural. Todos estos fenómenos contribuyeron al estallido social del 28 de abril.
Pero, ¿por qué la gota que derramó la copa fue la reforma tributaria y no ninguno de los puntos mencionados arriba? En buena medida, esto se puede atribuir al ensimismamiento del gobierno nacional, su talante autoritarista y su negativa a conectarse con las realidades sociopolíticas del país. Proponer un reajuste tributario a tan solo un año de la anterior reforma y con las condiciones descritas era un proyecto absolutamente impopular, pensado más en clave de mantener la certificación del grado de inversión internacional antes que atender las necesidades inmediatas de la gente. Este interés llevó al gobierno nacional a proponer, entre otras cosas, gravar con el 19 % de Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los servicios públicos de agua y energía, así como a casi la totalidad de alimentos de la canasta básica familiar; incluso, se estipulaba el cobro de IVA a los servicios funerarios. Todo esto produjo un rechazo generalizado en amplios sectores de la sociedad, donde se percibió el proyecto como un nuevo regalo de los poderosos para los poderosos a costa de la clase trabajadora.
La movilización nacional del 28 de abril fue masiva. Aunque hubo sindicatos y organizaciones convocantes a la primera jornada, pronto fue evidente que quienes marchaban y levantaban barricadas en distintos puntos de las ciudades y las vías principales no eran personas que pertenecieran necesariamente a una organización o estuvieran formadas políticamente al interior de un sindicato u alguna otra forma de estructura organizativa tradicional. Jóvenes de los barrios populares, estudiantes universitarios, obreros, asalariados precarizados, desempleados, campesinos, indígenas, afrodescendientes, trabajadoras sexuales, desplazados, colectivos, cooperativas y un largo etcétera se tomaron las calles con sus propias banderas. Esta particularidad se venía presentando en el país desde tiempo atrás, siendo un ejemplo claro el Paro Nacional del 21 de noviembre de 2019. De hecho, desde ese momento la sociedad civil no ha dejado de movilizarse, a pesar de la pandemia. Recordemos también el levantamiento popular de septiembre y octubre de 2020 en Bogotá, donde el rechazo a la brutalidad policial se juntó con la “Minga del Suroccidente”[3], que llegó a la capital del país exigiendo ser escuchada por el presidente en un ambiente de violencia y persecución.
Sin embargo, algo que ha caracterizado al gobierno de extrema derecha de Iván Duque ha sido su rotunda negativa a dialogar con los sectores populares. Su rechazo al diálogo se escuda en el tratamiento a la protesta social como un asunto de orden público, es decir, como un problema que se resuelve por la fuerza. El partido de gobierno, llamado Centro Democrático y comandado por el expresidente Álvaro Uribe, se ha empeñado en señalar todo atisbo de descontento social como terrorismo. Su amplia bancada en el Congreso de la República, así como su cooptación de la mayoría de instituciones estatales les ha permitido mantener un ambiente de satanización de la protesta, a la cual eligen llamar “terrorismo vandálico”. Desde esta fabricación discursiva arrojan constantemente acusaciones de infiltración de las protestas por parte de grupos armados, así como una supuesta manipulación y financiación por el gobierno venezolano, un plan internacional de desestabilización del gobierno colombiano y un sinnúmero de teorías conspirativas sin sustento alguno.
Pero algo que sí ha logrado este discurso del “terrorismo vandálico” ha sido la justificación de la brutalidad policial. Las viejas teorías del “enemigo interno” que justificaron el desangre durante el conflicto armado de los últimos 50 años van dando paso a nuevas narrativas como aquella de la “revolución molecular disipada”, producida por un neonazi chileno, replicada por Álvaro Uribe en sus redes sociales y enseñada como cátedra en la Universidad Militar de Colombia. Muestra de los efectos de esta doctrina de la cual se alimenta la fuerza pública en Colombia se encuentra fácilmente en los resultados de los últimos veintiún días de movilización. Según la ONG Temblores y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) hasta el 17 de mayo se reportaban 43 asesinatos cometidos por la fuerza pública en el marco de la movilización. De otra parte, hay al menos 384 víctimas de agresión física, 1.139 casos de detenciones arbitrarias, 18 víctimas de violencia sexual y 146 casos de agresiones de la Policía con armas de fuego.
Esta represión desproporcionadamente violenta ha encontrado una nueva expresión aún más peligrosa en la última semana, a medida que se revela la incapacidad de suprimir la movilización por medio de la fuerza pública uniformada. En ciudades como Bogotá, Pereira, Neiva y Cali se han presentado numerosos casos de agresión con armas de fuego por parte de sujetos de civil. Su estrategia es sencilla y aterradora: se trata de escuadrones de la muerte que patrullan por las noches en camionetas lujosas en cercanías de los puntos de bloqueo en las ciudades y disparan contra los manifestantes. Aunque no están uniformados, gracias a los videos que los mismos manifestantes logran registrar y por medio del rastreo de las matrículas de los vehículos, se ha podido constatar que se trata de la Policía. No obstante, la Policía no ha sido la única en incurrir en esta actuación paramilitar. En Cali, principalmente, se han puesto a circular panfletos, convocatorias públicas y llamados a la “gente de bien” (la burguesía local), para organizarse y enfrentar con sus medios al Paro Nacional, aduciendo sentirse secuestrados en sus casas por los bloqueos y denunciando la violación de sus derechos fundamentales por los supuestos desabastecimientos generados por el Paro Nacional. Así, con la instigación del líder natural del partido de gobierno, la doctrina militar vigente, el silencio de las instituciones de control y la impunidad reinante, ambientaron la antesala de las acciones paramilitares coordinadas con la fuerza pública, como aquella que describimos al inicio de este artículo.
Este escenario de represión y barbarie se agrava con dos directrices que el presidente Duque ha dado a las fuerzas militares: la primera es una figura ambigua llamada “asistencia militar”, la cual fue activada por medio de decreto presidencial el pasado 5 de mayo y consiste en sacar al Ejército a las calles y hacer presencia permanente junto con la Policía en los puntos de bloqueo o en los lugares de paso de las marchas. Este tratamiento de guerra a la protesta social se justifica, nuevamente, con argumentos de orden público, desconociendo las exigencias legítimas de quienes se movilizan. La segunda directriz fue dada en la noche del 17 de mayo y se trató del “despliegue de la máxima capacidad operacional” de la fuerza pública en su conjunto para levantar todos los bloqueos en el país. Este anuncio se hizo al mismo tiempo en que se adelantaban diálogos exploratorios entre el gobierno y un sector de representantes del Paro Nacional Indefinido.
Ante este escenario, ofrecemos algunas reflexiones. Para nosotros es claro que el intento del gobierno nacional de desviar la atención de los motivos del Paro Nacional hacia una retórica que denuncia el desabastecimiento y los bloqueos en las ciudades, es una movida de consecuencias graves, pues ha impulsado a un sector de la ciudadanía a la agresión armada en contra de quienes se movilizan, impulsado además por la exacerbación de sentimientos racistas, la aporofobia y el clasismo. Una maniobra de distracción de esta envergadura busca, a su vez, esconder bajo un manto ajeno el continuismo en las desigualdades sociales y el proyecto de exclusión que es inherente al neoliberalismo. El panorama exige cambios estructurales en los ejes medulares de la vida económica y social. Entre los más urgentes, se encuentra la reestructuración de la Policía y el desmonte del ESMAD, en tanto antes de garantizar la seguridad en las movilizaciones, han recaído en sistemáticas violaciones a los derechos humanos y estimulado la violencia contra la protesta. De otra parte, se hace imperativo adelantar elecciones, pues después de los asesinatos de la fuerza pública y el silencio cómplice del poder ejecutivo, toda acción del gobierno carece de legitimidad, lo que lo lleva por un vertiginoso camino al absoluto autoritarismo. Muestra de ello es “el cierre de fronteras” que decretó la gobernadora del departamento del Valle del Cauca, con el cual se buscó evitar el ingreso de nuevas delegaciones indígenas del Cauca que se dirigían a Cali en respaldo de la Minga después del intento de masacre.
Pensamos que en Colombia vivimos un permanente Estado de Excepción y la fachada democrática ha sido derribada y hecha pedazos, como las estatuas de invasores españoles y fascistas domésticos en varias ciudades durante los últimos días. La imposición de la muerte por medio de las fuerzas estatales y paraestatales ha llevado al país a un punto sin retorno. Transformaciones estructurales como las mencionadas arriba deben ser atendidas lo antes posible; de lo contrario, lo único que sostendrá este régimen seguirá siendo la violencia homicida. La denuncia internacional ya no es suficiente. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos aquellos que nos observan desde abajo en el mundo. Así como este levantamiento popular guarda la potencia de transformaciones largamente esperadas, la estocada fascista está a la vuelta de la esquina. Los jóvenes siguen en las barricadas, enfrentando balas con escudos de madera y lata. La Minga indígena sigue en Cali, expectante de lo que puede venir.
[1] Antropólogo de la Universidad del Cauca. Acompaña al equipo de Monitoreo de Derechos Humanos del Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - ACIN.
[2] El CRIC es el Consejo Regional Indígena del Cauca, una organización con 50 años de experiencia de lucha y uno de los actores políticos más relevantes del país.
[3] Minga es el nombre que comúnmente recibe el trabajo colectivo entre algunas comunidades indígenas del sur de los Andes colombianos. En las últimas décadas también se ha empleado el vocablo de minga para referirse a las movilizaciones y protestas protagonizadas por el movimiento indígena.
