Michael W. Chamberlin
Rompeviento TV
14 de septiembre de 2021
El viernes 26 de marzo de 2021, Claudia Uruchurtu Cruz, de 48 años de edad, fue privada de su libertad momentos después de participar en una manifestación frente al edificio del ayuntamiento de Nochixtlán, Oaxaca, en que la población exigía a la alcalde morenista Lizbeth Victoria Huerta, la liberación de un lugareño al que habían golpeado y necesitaba atención médica. Diversos testigos observaron cómo una camioneta de color rojo se llevó de forma violenta a Claudia, como se pudo corroborar posteriormente en diversos videos que fueron mostrados en redes sociales. A la fecha no se sabe de su paradero.
Claudia comenzó su activismo solicitando la intervención del municipio para construir un muro de contención en una calle del pueblo, en 2018. Al recibir respuestas evasivas de manera reiterada, Claudia solicitó primero al municipio, luego al órgano de fiscalización del estado, información sobre los planes de atención y los gastos en los que incurría el municipio, que contrastaba con la opulencia en la que vivían la presidenta municipal Lizbeth Victoria Huerta y sus allegados. Las denuncias, a las que se sumaron varios regidores, llegaron a manos del gobernador del estado, Alejandro Murat, y del propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en septiembre y octubre de 2019, respectivamente, solicitando su intervención para llevar a cabo auditorías en los gastos municipales de Nochixtlán. Según vecinos, la denuncia al presidente Obrador colmó el plato de la presidenta municipal.
Para estos momentos, señala el análisis contextual de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), “su actuación está dirigida: 1) al desvío de los recursos públicos; 2) las irregularidades en la captación en el manejo y utilización de estos; y 3) a las irregularidades en la contratación, ejecución de obras, contratación y prestación de servicios públicos, adquisición de bienes, y otorgamiento de permisos, licencias y concesiones, entre otros.”
Las investigaciones de la Fiscalía de Oaxaca señalan al guardaespaldas de Lizbeth Victoria Huerta, la presidenta municipal de Nochixtlán, como el autor material de la desaparición, y a ésta como la presunta autora intelectual, lo que constituiría una desaparición forzada. A principios de mayo de 2021 son detenidos Lizbeth Victoria Huerta y dos colaboradores más, el director jurídico y el director de servicios del municipio, y el 13 de mayo se les vincula a proceso. En julio de 2021 se logra la detención de otras tres personas que trabajaban en el municipio de Nochixtlán, Oaxaca, y también se logra su vinculación a proceso.
El 11 de mayo el presidente López Obrador calificaría el hecho como “muy doloroso” pues “la orden había salido supuestamente de la presidenta municipal del partido Morena. Y la instrucción es: sea quien sea. No llegamos aquí para eternizar la corrupción y la impunidad”. El Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU emitió una acción urgente para la búsqueda y localización de Claudia. La Comisión Nacional de Búsqueda emprendió varios operativos en la zona, pero, a la fecha, Claudia no ha sido localizada y se teme que haya perdido la vida.
El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), que acompaña el caso, señala su relevancia “por ser el primer caso en el estado de Oaxaca en el que se logra la vinculación a proceso por el delito de desaparición forzada y por ser en contra de autoridades municipales en funciones”. A esto hay que agregar que la desaparición forzada de Claudia tiene motivaciones políticas dado su activismo por el derecho a saber y la rendición de cuentas de los servidores públicos. La afrenta es en contra de Claudia y su familia, pero también de la sociedad toda y de la democracia a la que aspiramos.
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, señaló hace dos semanas en un foro virtual sobre avances y pendientes en la agenda de desapariciones forzadas en México, que “la impunidad es una invitación a la repetición”. El caso de Claudia no sólo no puede quedar en la impunidad, la Fiscalía de Oaxaca tiene el reto de hacerlo un caso ejemplar para el poder político, sin importar partidos, y tiene el deber de encontrar a Claudia.
