Aleida Calleja
Coordinadora de Advocacy del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia.
www.observacom.org / @callejag
Dice la Constitución y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que los medios de servicio público deberán contar con independencia editorial, mecanismos de participación ciudadana, rendición de cuentas, transparencia y reflejar la pluralidad de información y contenidos. A dos años de la nueva ley, esas obligaciones parecen pasar de largo para la mayor parte de los medios públicos en nuestro país que, en honor a la verdad, funcionan más como medios estatales en el mejor de los casos, y en el peor, como oficialistas.
Los medios públicos son una responsabilidad de cualquier Estado y deben responder a sus sociedades porque a ellas pertenecen, no hay que olvidar que finalmente los pagamos nosotros vía nuestros impuestos ya que en nuestro país se financian exclusivamente del presupuesto público. Precisamente por eso me parece realmente grave la acusación de censura que hace unos días hicieron trabajadores del Canal 22.
En una carta pública, un grupo de periodistas, entre los que se encuentran Marco Lara Klahr e Idalia Gómez, afirma que el director general de Canal 22, Raúl Cremoux López, “desde que asumió tal cargo, al iniciar la administración del presidente Enrique Peña Nieto, y con una actitud abiertamente patrimonialista del poder público, ha utilizado nuestro canal público como plataforma de proyección política personal.” En esa misma misiva, los periodistas acusan la orden del director de no abordar en sus informativos el caso de la periodista Carmen Aristegui y de cancelar los programas de periodismo de investigación El Observador y Global 22, para evitar tocar temas sensibles que incomodan al gobierno federal[1].
La respuesta del director del canal, Raúl Cremoux, vino a través de una entrevista que le hicieron el día 23 de junio en el propio informativo de la estación. Vale la pena verla porque refleja la discrecionalidad con la que puede manejarse un medio público. Recojo tan sólo algunas de sus afirmaciones.
El director aduce que estamos “sobreinformados”, utiliza este término para una explicación confusa para no informar sobre la violencia y para justificar en cierta manera la cancelación de la transmisión de uno de los programas de El Observador que abordaba las situaciones postraumáticas de víctimas de la violencia; además, afirma que la programación del canal no es abierta a todas las actualidades y por lo tanto sólo se abordan temas de cultura y educación.
Siendo así, ¿por qué pusieron con anterioridad un programa de investigación periodística como El Observador que ahora cancela? ¿Él decide sobre qué parámetros estamos “sobreinformados”? ¿La pluralidad no refiere a todas las actualidades, como el programa de violencia que censuró? A pesar de que el Canal 22 desde que nació contaba con un consejo ciudadano para diseñar su programación, tiene muchísimos años sin funcionar y está prácticamente muerto, por lo que la programación la decide quien dirige el canal. ¿Así cómo se logra independencia editorial?
No cabe duda que urge que el Instituto Federal de Telecomunicaciones haga cumplir la ley y obligue a un rediseño de los medios públicos para que cumplan con su función. Esperemos que los lineamientos que tiene que publicar al respecto para pasar de permiso a concesión pública para todos estos medios cumplan con ese objetivo.
Por lo pronto, el aniversario 22 del Canal 22 que se cumple este año está empañado por estas acusaciones de censura, que deberían de aclararse plenamente. Para ello, el director Cremoux más que abrirse los micrófonos sólo a sí mismo, debería también abrirlos a los trabajadores y tener un debate abierto, transparente y plural, ¿no cree?
Ayotzinapa a 9 meses
En otro tema más doloroso, el día de ayer, el jurista español Baltazar Garzón declaró sobre el caso Ayotzinapa afirmando que es una vergüenza para la humanidad que no haya justicia, ni ninguna respuesta por parte del Estado para los familiares, en el marco del encuentro Prospectiva del mundo.
A nueve meses de la tragedia, lo que impera es la impunidad, que agravia no solamente los derechos de las víctimas y sus familiares sino también el derecho mínimo de la sociedad al derecho a la verdad.
Que tanto las víctimas como la sociedad no sepamos la verdad de los hechos es obstaculizar la justicia. La falta de información que esclarezca porqué llegamos a esta tragedia es mantener la impunidad
El derecho a la verdad es una obligación del Estado mexicano frente a sus responsabilidades internacionales para la protección de los derechos humanos, tal como desde hace mucho tiempo lo ha establecido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que indica que el derecho a la verdad no sólo implica el derecho de las familias a conocer la suerte de sus seres queridos y sino que ese derecho también pertenece a la sociedad, de acuerdo a los artículos 1, 25, 8 y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
De manera más reciente, el 4 de septiembre del 2013, la Relatoría Especial de la ONU sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión presentó ante el Consejo de Derechos Humanos un informe sobre la ineludible relación entre el derecho de acceso a la información y el derecho a la verdad, estableciendo que: “en el contexto de violaciones graves de los derechos humanos, existe una obligación particular que exige que los Estados informen acerca de lo ocurrido no sólo a las víctimas y sus familias, sino también al conjunto de la sociedad”.
A nueve meses de Ayotzinapa, lo que tenemos es olvido por parte de las autoridades y de la memoria colectiva; tenemos, una vez más, impunidad.
[1] http://marcolaraklahr.mx/en-atmosfera-generalizada-de-censura-y-acoso-el-canal-22-cancela-periodismo-de-investigacion/
