Amenazas de muerte contra defensores en Chiapas son del Estado mexicano: Frayba

  • 0
Tamaño de fuente:
Imprimir

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba) denunció que desde noviembre su equipo e integrantes del Colectivo de Familiares de Presos en Lucha han recibido amenazas de muerte, vigilancia, hostigamiento e intimidación, por lo que exige que el gobierno estatal y federal cese estas acciones.

A través de un comunicado, el Frayba dio a conocer que las amenazas iniciaron el pasado 12 de noviembre cuando alrededor de las 22:00 horas un coche negro con los vidrios polarizados dejó un sobre al interior del domicilio de una defensora del Colectivo de Familiares de Presos en Lucha, en el que había un mensaje hecho con recortes de periódico dirigido a Pedro Faro, director del Frayba:

"Faro: catastrófico aviso, clama por ayuda (por seguridad se omite el nombre de la defensora) está en peligro de muerte, la vida es muy corta la muerte es inevitable, una más, noviembre, cuídala trata de salvar su vida".

Asimismo, el 19 de noviembre a las 08:25 horas se encontró un nuevo mensaje en el domicilio de la defensora, al parecer esta vez escrito con sangre. Esa misma noche, a las 21:00 horas, publicidad de una funeraria que está a la vuelta del Frayba (Funerales y Velatorios Vima-Dimo) fue hallada en la casa de un integrante del Frayba; el volante fue dejado sólo en su casa y no en ninguna de las casas vecinas.

Luego de esto, el centro de derechos humanos ha documentado una mayor vigilancia y hostigamiento tanto a las familias de los presos como a las organizaciones y colectivos que los acompañan, entre ellos La Voz de Indígenas en Resistencia, La Verdadera Voz del Amate y Viniketik en Resistencia.

En entrevista para Rompeviento TV, Pedro Faro aseguró que debido a las circunstancias de estas acciones, quienes integran el Frayba consideran que las amenazas provienen de agentes del Estado mexicano para "infundir temor, terror hacia nosotros, para inhibir nuestras acciones públicas o acciones privadas, para que dejemos el caso en sí. Esas amenazas han venido escalando".

El director del Frayba detalló que sobre la denuncia que interpuso la defensora ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas, las únicas medidas cautelares que la dependencia implementó son los rondines de policías en su casa y ahora también afuera de las instalaciones de la organización en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Respecto a las diversas intervenciones escritas ante autoridades estatales y federales que realizó el Frayba desde hace casi tres semanas, Faro señaló que la respuesta del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob) ha sido débil, ya que aunque la defensora y miembros del Colectivo de Familiares de Presos se inscribieron al programa, "no se ha hecho un análisis de riesgo y de protección hacia ellos", por lo que una de las exigencias es que se acelere este proceso.

En tanto, el también abogado afirmó que el director del Mecanismo de Protección y Alejandro Encinas, subsecretario de derechos humanos de la Segob, se comunicaron con él para ofrecer su colaboración en lo que el Frayba y los familiares decidan. Mientras que Faro enunció que el equipo del Frayba tomó la decisión de no ser parte del Mecanismo porque "no tiene un trabajo consistente de protección real".

"Nosotros tenemos medidas cautelares ante la Comisión Interamericana (de Derechos Humanos), desde ahí también interlocutamos con el Estado para poner los temas de amenazas o riesgos que vemos. Ahí nos han ofrecido escolta, observación tanto en oficinas como en casas de algunos de nosotros, pero una de las cuestiones que hemos claramente dicho es que no podemos decirle a quien nos está amenazando y hostigando que ahora nos proteja. Ahí les queda como hasta más fácil para que tengamos algún tipo de agresión, que es lo que ha pasado en algunos de los casos", expresó el defensor de derechos humanos.

De acuerdo con el Frayba, las amenazas han ocurrido en el contexto de la lucha por la libertad de presos de pueblos originarios, en particular de Juan de la Cruz Ruiz. El Centro de DDHH ha dado acompañamiento en las denuncias, así como ha documentado la tortura y otros tratos crueles e inhumanos cometidos hacia Juan de la Cruz, Adrián Gómez Jiménez, Abraham López Montejo, Germán López Montejo y Marcelino Ruiz Gómez, pertenecientes al pueblo tsotsil. Ellos se encuentran en reclusión en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) N° 5 en San Cristóbal de las Casas y en el N° 10 en Comitán de Domínguez.

Desde el pasado 15 de marzo, el Colectivo de Familiares ha manifestado que el Estado ha violado sus derechos humanos y no ha garantizado el derecho de acceso a la justicia de los presos tsotsiles, quienes mediante denuncias públicas y una huelga de hambre de casi 100 días han exigido la revisión de sus expedientes debido a que fueron víctimas de tortura durante su detención por parte de agentes del Ministerio Público a fin de obligarlos a autoinculparse de los delitos de los que se les acusa. A los cinco casos se suman violaciones al debido proceso en la investigación, tratos crueles en sus condiciones carcelarias, violaciones a su derecho a la protesta, al igual que riesgo a su salud y vida.

El pasado mes de agosto, el Frayba resaltó que la Tortura se usó como método de investigación con el objetivo de autoinculpación, lo que viola los derechos humanos a integrantes de Pueblos Originarios, en lo que calificó como un "sistema penitenciario discriminatorio". Algunos de los patrones de tortura registrados en estos casos son: privación sensorial, desnudez, golpes en diferentes partes del cuerpo, asfixia, toques eléctricos y amenazas de muerte hacia ellos y sus familiares.

Estas cinco historias forman parte de 20 denuncias públicas de Tortura, de las cuales 13 están en registro de atención en la Fiscalía Contra la Tortura, adscrita a la FGE desde el 1° de abril de este año. Además de esto, ahora sus familias deben enfrentarse a las amenazas.

Entre los múltiples casos que ha documentado el Frayba se encuentran los más de 100 casos de tortura desde 2018 hasta la fecha, el desplazamiento forzado por grupos de corte paramilitar en los municipios de Aldama y Chalchihuitán; las acciones de grupos de este tipo contra comunidades de Chilón; procesos de defensa del territorio ante concesiones a mineras en la zona zoque y Chicomuselo; y las agresiones a defensores, entre ellos el padre Marcelo Pérez, representante de la Pastoral Social de la Diócesis de San Cristóbal.

Despatriarcalización y conquistas de espacios
Atrás Despatriarcalización y conquistas de espacios
Aprueban Ley de Amnistía; no contempla a presos políticos
Siguiente Aprueban Ley de Amnistía; no contempla a presos políticos
Entradas Relacionadas

Escribir comentario:

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *