Michael W. Chamberlin
Rompeviento TV, a 24 de agosto de 2021
La posición de ahogado en ajedrez “se presenta cuando un jugador en su turno, sin estar en jaque, no puede realizar ningún movimiento legal, la partida concluye automáticamente en tablas”. Aunque la ineficacia del sistema de justicia ha beneficiado a los partidos políticos del PRI, del PAN y del PRD en diferentes momentos de los últimos 40 años o más, la denuncia de la Coalición “Va por México” ante la OEA pudiera significar el punto donde la ineficacia del sistema de justicia genera ya más costos que beneficios al sistema de partidos.
La coalición “Va por México” presentó este lunes una denuncia a la OEA por conducto de su secretario general, Luis Almagro, señalando la intervención del narco en las pasadas campañas electorales en nuestro país. No es inverosímil que la delincuencia organizada haya influenciado las elecciones como acusaron los partidos de la Coalición, bastaría con señalar la gran cantidad de candidatos y operadores políticos asesinados y amenazados, como estuvo monitoreando la consultora Etellekt durante las campañas de este año, ataques que no pueden entenderse más que como un intento por “distorsionar los resultados”, como señalaron los partidos opositores. Recordemos también la denuncia que el gobernador Aureoles quiso entregar en mano del presidente sobre la participación política del narco en Michoacán. No obstante, debemos recordar que esta vinculación con diversos partidos y múltiples políticos se ha evidenciado al menos desde los años ochenta. Tela hay de dónde cortar, pero ninguna investigación prospera.
La Coalición acusa también "ataques constantes" a los órganos electorales y la supuesta persecución política a opositores por parte del gobierno mexicano. Mientras, Ricardo Anaya es acusado de cohecho y corrupción y se dice un perseguido político, ha anunciado que se exiliará para defenderse y seguir en la carrera por la presidencia en 2024 de la que lo quiere sacar el presidente López Obrador. Las acusaciones provienen de Emilio Lozoya quien a su vez es investigado y es un testigo colaborador de la FGR para develar los esquemas de corrupción y cohecho en PEMEX durante el sexenio pasado. No es la única acusación que ha recibido, en el marco de las elecciones en el 2018, Ernesto Cordero, compañero de su mismo partido, lo denunció por lavado de dinero y tráfico de influencias, pero esa investigación tampoco ha prosperado.
Pero no sólo la oposición desconfía del sistema de justicia, el secretario de Marina ha dicho que “parece que el enemigo lo tenemos en el poder judicial”, y el mismo presidente López Obrador ha dicho que “… jueces, magistrados, ministros, están al servicio de los grupos de intereses creados…”. Entonces, ¿quién es la víctima y quién es el victimario? El sistema judicial es terriblemente ineficaz y cada parte acusa a la otra de politizar la justicia para su beneficio. Quizá llegamos al punto donde la impunidad y la corrupción, de las que tanto se han beneficiado por décadas los gobiernos en turno, vuelven inviable ya no sólo el Estado de derecho sino la continuidad del juego democrático por el lastre de corrupción que cargan los partidos.
López Obrador impulsa la reforma al poder judicial, pero deja intacta a la Fiscalía General incluso en el enorme retroceso que constituyó la reforma a su ley orgánica. La oposición pide a Almagro y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “medidas de carácter precautorio con el fin de evitar que el país continúe sumergiéndose en un ‘autoritarismo preocupante’”.
No se sabe qué está en la mente de los partidos de la Coalición al pedir medidas precautorias ni qué será lo que Almagro les responderá, pero si se trata de limpiar a los partidos del narcotráfico y fortalecer la credibilidad, la imparcialidad y la eficacia del sistema de justicia, el apoyo internacional debería enfocarse en llevar investigaciones contra la corrupción de todos los partidos y sus respectivos gobiernos a partir de un pacto político en el que todos se sometan a los resultados que un mecanismo internacional imparcial dictamine para judicializarlos. Este mecanismo ha sido exigido en otros momentos por diversas organizaciones y colectivos de víctimas (y aceptado por el presidente electo López Obrador en 2018) para atender también las graves violaciones a derechos humanos que esa misma corrupción e impunidad han permitido.
La polarización está haciendo inviable el juego democrático, la gravedad de la crisis institucional y de derechos humanos exige generosidad, diálogo y acuerdo entre los actores políticos que aún tienen voluntad de fortalecer el Estado de derecho y la democracia, para crear las vías transicionales que permitirían un mecanismo internacional contra la impunidad como ha ocurrido en otros muchos países en momentos de crisis. En momentos de crisis se requiere diálogo; en momentos de polarización, generosidad.
