Michael W. Chamberlin
Rompeviento TV a 21 de diciembre de 2021
El 22 de diciembre de hace 24 años, en un paraje conocido como El Naranjo, un campamento improvisado de desplazados internos junto al poblado de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, fue atacado durante siete horas con armas de fuego por los mismos paramilitares que les arrebataron sus tierras. Las víctimas pertenecían a la organización indígena Las Abejas y los victimarios a un grupo presbiteriano.
Para el Gobierno Federal, el saldo de 45 personas muertas, mayoritariamente mujeres y niños, y 26 heridas, fue el resultado de “conflictos intracomunitarios”; no obstante, el grupo atacante de aproximadamente 60 personas uniformadas usó armas de grueso calibre y balas expansivas, además de machetes con los que abrieron los vientres de las mujeres embarazadas. La Policía de Seguridad Pública apostada a 200 metros y el Ejército a un kilómetro escaso, fueron testigos mudos.
La masacre de Acteal apenas muestra un ejemplo de la estrategia de contrainsurgencia del Ejército mexicano a lo largo del sexenio de Ernesto Zedillo, en el que se registraron más de 12 mil personas desplazadas, cientos de personas masacradas, comunidades despojadas por grupos paramilitares y por militares. La característica de estos ataques es que fueron cometidos en contra de población civil y no en contra de combatientes del EZLN, dado que el Objetivo Clave del Plan de Campaña militar fue: “romper la relación de apoyo que existe entre la población y los transgresores de la ley”; dicho de otra manera, atacarlos para que desistieran de apoyarles o “quitarle el agua al pez”.
Hoy sabemos que el Ejército mexicano armó y preparó “de manera secreta a ciertos sectores de la población civil; entre otros a ganaderos, pequeños propietarios e individuos caracterizados con un alto sentido patriótico, quienes serán empleados en apoyo de nuestras operaciones. A cargo de instructores del Ejército quedaban el asesoramiento y apoyo a las fuerzas de autodefensa u otras organizaciones paramilitares.” Así lo establece el Plan de Campaña Chiapas 94, un documento elaborado por la Sección Quinta de la Séptima Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, corroborando la existencia de un plan deliberado para atacar de manera sistemática a la población civil, lo que constituye un crimen de lesa humanidad.
El Gobierno mexicano, particularmente la Secretaría de Relaciones Exteriores, argumentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el Plan de Campaña era un documento inválido, pues carecía de firmas y membretes, sin embargo, por medio del estudio de las violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército y los llamados “presuntos grupos civiles armados” denunciadas por las propias comunidades, de testimonios de paramilitares y de la corroboración en campo de la organización territorial militar y las ocupaciones de las unidades militares y paramilitares, cotejadas con el documento, se pudo establecer su verosimilitud.
Esta corroboración llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a dar validez al documento militar al afirmar en el caso “La Grandeza” (la ejecución de un civil en el municipio de Altamirano al momento de la toma violenta del poblado por el Ejército mexicano, provocando el desplazamiento forzado de la población en la llamada “traición de Zedillo” de febrero de 1995), que: 118. La Comisión recuerda que dicho operativo en La Grandeza se presentó en implementación del “Plan de campaña Chiapas 94”, base de la actuación del Ejército mexicano en la lucha contrainsurgente al momento de los hechos. La Comisión observa que dicho Plan no constituyó un marco normativo adecuado que disuadiera posibles amenazas al derecho a la vida, sino que, por el contrario, daba lineamientos para, con el objetivo de “romper la relación de apoyo […] entre la población y los transgresores de la ley”, atacar a los sectores de la población civil considerados “fuerzas enemigas”, entre los cuales figuraban expresamente “organiza[ciones…] étnicas” y “campesinas”.
Un cable firmado en 1999 y desclasificado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en 2008, corrobora también la lógica contrainsurgente del Ejército mexicano contra las comunidades indígenas y la creación de grupos paramilitares en las montañas de Chiapas aprobadas por los gobiernos de Carlos Salinas y de Ernesto Zedillo.
Por los hechos de Acteal fueron detenidas más de 80 personas, quienes fueron sentenciadas por homicidio doloso sin que se permitiera juzgarlas como una banda, sin investigar su vínculo con el Ejército y mucho menos por un crimen de lesa humanidad. La defensa de este grupo fue impulsada por Hugo Erick Flores y Javier Angulo Novara desde la clínica jurídica del CIDE.
Hugo Erick Flores es actualmente el delegado federal de los programas de la Secretaría de Bienestar en el estado de Morelos; fundador y presidente de los partidos políticos Encuentro Social y Encuentro Solidario. Es el mismo que fue duramente cuestionado por Samir Flores el líder opositor a la termoeléctrica de Morelos, un proyecto impulsado por el presidente López Obrador, un día antes de su asesinato.
Afirma haber escrito un libro junto a Alejandro Posadas Urtusuástegui denominado “Acteal: la otra injusticia, Análisis crítico del caso y del debido proceso en la justicia en México”, que no parece existir. Luis Hernández Navarro documentó en su momento que Encuentro Social (y ahora su continuidad, Encuentro Solidario), [era] una asociación política nacional (y luego un partido) que tiene influencia entre diversas denominaciones e iglesias evangélicas: pentecostales, asambleas de Dios, bautistas, metodistas y presbiterianos. Su dirigente es el pastor Hugo Eric Flores, integrante de un grupo neoevangélico muy cercano a la Teología de la Prosperidad.
En 2006, el PES se sumó en alianza al PAN de Felipe Calderón, quien al ganar la presidencia, le concedió posiciones en el congreso y “revisar el estado procesal de los expedientes formados con motivo de la masacre de Acteal”. El caso fue entonces extrañamente atraído por la Suprema Corte bajo la ponencia de Olga Sánchez Cordero, quien señaló falazmente en su dictamen que la atracción se fundaba en que “el asunto es de interés nacional, en el que todos los sectores de la sociedad están interesados, pues los hechos ocurridos en Acteal han sido calificados por diversos medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, gobiernos y sociedad en general, tanto a escala nacional como internacional, como “la matanza de Acteal”, “el genocidio de Acteal”, “crimen de lesa humanidad”, etcétera”. No fue así, la SCJN no se pronunció por la responsabilidad material e intelectual de la masacre, sino por los procedimientos penales de los sentenciados como autores materiales y los dejó libres.
Como bien señaló Miguel Ángel Granados Chapa: “el fallo de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia sobre los presos por homicidio de 45 personas en Acteal es una resolución ejemplar, porque reivindica los principios del debido proceso (…). No se sabe si son inocentes o culpables, porque la sala no impartió justicia penal, es decir no entró al fondo del asunto, sino sólo resolvió en segunda instancia un amparo.” Pero justicia a medias no es justicia, las fallas procesales de la PGR sólo abonaron a la impunidad del caso y la liberación de personas que fueron señaladas en su momento por las víctimas sobrevivientes de la masacre como autores materiales.
La impunidad en la masacre de Acteal sigue cobrando víctimas. Esto se debe a que aquellos liberados tienen hoy un papel relevante en los nuevos desplazamientos forzados y asesinatos que viven las comunidades de Chenalhó y Aldama; al Ejército que sigue manteniendo prácticamente las mismas posiciones, y sigue siendo testigo mudo, quizá otra vez titiritero en un plan criminal; a Zedillo, que goza de plena salud y al parecer plenas garantías de impunidad con su gente en el gabinete presidencial de López Obrador: Olga Sánchez Cordero, en su momento propuesta por Zedillo para la renovación de la Suprema Corte, Juan Ramón de La Fuente, quien fuera su Secretario de Salud junto a Esteban Moctezuma Barragán, Secretario de Gobernación al momento de la traición de 1995, y el propio Hugo Erick Flores en su cortapisa paramilitar. Seguiremos manteniendo la memoria y exigiendo justicia.
