El presupuesto de egresos del próximo año no deja lugar a dudas ni puede caracterizarse de timorato: es muy claro el compromiso con los grupos sociales más vulnerables, algo que no se hacía desde... no lo sé, quizás desde Lázaro Cárdenas. Por muchas críticas que se le hagan a la distribución del dinero público, no existe un solo argumento de peso que justifique que los recursos deban canalizarse a grupos históricamente corporativizados en el Estado mexicano y no a comunidades indígenas excluidas desde siempre: destetar de la ubre presupuestal a grupos porriles, chantajistas y brutalmente corruptos, como Antorcha Campesina, es una iniciativa digna de encomio, por más que los detractores de la 4T se revuelquen, griten y pataleen. Lo mismo se puede decir de recortar gastos a instituciones muy onerosas cuyos directivos cobran salarios más que generosos, como en el INE, pero que a la vez son poco eficientes: es injustificable una democracia poco transparente, ineficiente y muy cara, en un país con tantas carencias. El INE y otros organismos que han sido recortados en su presupuesto deberán hacer más con menos. Yo no sé usted, pero a mí me parece que la reasignación presupuestal con miras a atender las necesidades de los grupos más pobres y excluidos del país apunta al inicio de una transformación radical de México. Y por supuesto, bienvenida la transformación.
Las asimetrías estructurales del país no permiten dar un trato “parejo” para todos; hacerlo, sería profundizar en las diferencias, favorecer aún más la exclusión. Hay suficiente investigación y evidencias contundentes para establecer que la “igualdad ante la ley” es insuficiente para garantizar los derechos fundamentales a toda la población (a la alimentación, al estudio, a la salud, etc.), cuando las asimetrías estructurales son abismales. En estos contextos es imprescindible diseñar políticas públicas orientadas por principios de acción afirmativa, también conocidos como de discriminación positiva, a efecto de procurar que los grupos sociales excluidos cuenten con mejores condiciones para acceder a los bienes sociales, culturales, económicos, políticos, etc., de los que históricamente han sido excluidos. Para aclarar el concepto, permítame una cita un poco extensa: “Las acciones afirmativas tienen un carácter temporal y se configuran como un conjunto “coherente” de políticas dirigidas a corregir la situación de vulnerabilidad acumulativa y persistente (hándicaps acumulativos) de la población que todavía no cuenta con las condiciones necesarias y suficientes para alcanzar la “igualdad efectiva”: desde el momento inicial de partida, cuando compite con los grupos sociales históricamente más beneficiados intergeneracionalmente hasta el logro de los resultados en los diferentes mercados de bienes y servicios, incluso el acceso a todos los cargos de decisión más importantes en la vida social” (Castro, Urrea y Viáfara, documento que puede usted consultar en la liga siguiente: https://www.redalyc.org/pdf/996/99612491009.pdf).
En esta tesitura, las acciones afirmativas dirigidas a la población indígena cuentan con suficiente soporte legal, fundamentación política, argumentación teórica e incluso amplia trayectoria y reconocimiento internacional, por lo que solamente desde la ignorancia (como la del senador Julen Rementería, del PAN) o la inquina se pueden poner en entredicho. Sin embargo, apoyar a los grupos sociales más vulnerables a través de acciones afirmativas no es suficiente, son necesarias también voluntad y eficacia política y que los gobiernos en sus tres ámbitos (municipal, estatal y federal) y los tres poderes (legislativo, judicial y ejecutivo) sean capaces de revertir el déficit institucional que padecemos y que se expresa con mayor evidencia en las comunidades indígenas. Y para decirlo abierta y francamente, no parece que haya intenciones efectivas de superar el déficit institucional que México acusa. Sí, el combate a la corrupción es importante y necesario, pero insuficiente. Hasta donde logro apreciar y salvo el “combate a la corrupción”, la famosa “transparencia” y la muy traída y llevada “rendición de cuentas”, no encuentro programas o iniciativas tendientes a revertir el déficit institucional en nuestro país.
La calidad de las instituciones mexicanas, en general pero particularmente en las comunidades indígenas, deja mucho que desear: bien sean instituciones políticas, educativas, de salud, económicas, pero sobre todo las de gobierno, de seguridad y de impartición de justicia, son altamente deficitarias frente a las grandes necesidades en el mundo rural, campesino e indígena. Muchos años, siglos de olvido y desatención por parte de los gobiernos colocan a las personas habitantes de los miles de comunidades indígenas en una situación de enorme riesgo, vulnerabilidad absoluta, violencia e impunidad. Con sus respectivas singularidades, pero es la misma situación para los wirárikas que para los seris, la misma para tzotziles que para popolucas, y también para nahuas, hñahñus, tzeltales, mixtecos, rarámuris, chontales o mazatecos. La misma: la lucha día con día no sólo contra el hambre, la miseria y la exclusión, sino también en defensa de sus territorios, sus culturas y sus vidas.
Los reportajes de Rompeviento TV titulados “Aldama... en pedazos” (https://www.rompeviento.tv) son la prueba elocuente de que no bastan las acciones afirmativas para transformar, paulatinamente, las condiciones de vida de los pueblos originarios. Aunque los asesinatos y el constante acoso contra decenas de familias del municipio de Aldama en Chiapas han sido denunciados inclusive ante el presidente AMLO, no ha pasado absolutamente nada: los asesinatos continúan, la impunidad campea. La falta de eficacia política del gobierno federal y del de Chiapas es manifiesta: en junio de este año se firmó el Pacto de no Agresión entre Aldama y Chenalhó; sin embargo, la paz prometida no ha llegado. Ni los pactos, ni las grandes promesas, ni las declaraciones contundentes han sido suficientes para parar las agresiones en contra de niños, niñas, mujeres, viejos, hombres.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, fue el artífice político del pacto, atestiguó la firma e incluso afirmó que los tiempos de la violencia se habían ido para siempre. Lo dijo en su cuenta de Twitter en los siguientes términos: “El pacto de no agresión que hoy se suscribe marca el inicio de una nueva etapa por la paz y la reconciliación entre los municipios de Aldama y Chenalhó. Chiapas. Un evento histórico que da muestra de que cuando hay inteligencia, sabiduría y voluntad, se llega al entendimiento” (https://www.milenio.com/politica/alejandro-encinas-asiste-firma-pacto-agresion-aldama-chenalho). Habida cuenta de las evidencias recogidas en los reportajes de Rompeviento TV, la inteligencia, sabiduría y voluntad no han bastado para detener la matanza de inocentes. Las instituciones políticas tanto del gobierno del estado como del gobierno de la 4T han sido incapaces de cumplir con su obligación: garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y hay que decirlo: Aldama no es un caso único ni aislado.
Las acciones afirmativas sin una adecuada y eficaz reconstrucción de las instituciones tendrán impactos muy marginales en las condiciones de vida de los pueblos originarios. Esa reconstrucción no puede hacerse más que desde abajo: desde los pueblos, las colonias, las escuelas, los ejidos, los centros de trabajo. De no hacerlo, la violencia y la impunidad seguirán imperando, como en Aldama, Chiapas.
