Michael W. Chamberlin
RompevientoTV, 6 de julio de 2021
La tercera reforma anunciada por el presidente López Obrador después de las elecciones intermedias es la reforma eléctrica. Es clara su oposición a la reforma energética que impulsó Enrique Peña Nieto para abrir a la iniciativa privada el sector energético en general, y el eléctrico en particular. La pregunta es si su iniciativa pretende volver al esquema del pasado o transitar a un cambio de paradigma.
No está por demás decir que el cambio hacia las energías limpias es un imperativo. El futuro de las nuevas generaciones está empeñado si no hacemos algo al respecto y pronto, o las consecuencias del cambio climático serán catastróficas. Sin embargo, el modelo introducido en México para la producción de energía eólica ha resultado ser igualmente depredador hacia las comunidades locales.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), en México hay 68 parques eólicos en 14 estados, con más de tres mil turbinas instaladas. Sólo en el Istmo de Tehuantepec se habían instalado a diciembre de 2020, 32 parques con 1,600 generadores en territorios de los pueblos indígenas. Estas empresas subrayan el beneficio que aportan a la reducción de emisiones de carbono, a su potencial de negocio y de reactivación económica para superar los embates sufridos por la pandemia de COVID, pero no dicen nada de la modificación de los territorios, del acceso a recursos como el agua, la contaminación visual y acústica que produce la proliferación de los aerogeneradores, además de las divisiones internas entre comuneros. En la actualidad existen quejas ante la Suprema Corte de Justicia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la falta de consulta previa, libre e informada del Estado mexicano para la concesión y posterior instalación de estas empresas en territorios indígenas. Acostumbradas a negociar individualmente, cedieron algunos beneficios a cambio de invadir los territorios indígenas.
El problema no está en la energía eólica sino en el modelo capitalista que pone en el centro del interés a las empresas antes que a los individuos. A pesar de la invasión de los parques eólicos, en estas comunidades hay familias que no tienen energía eléctrica y otras que se han sumado al movimiento de resistencia civil contra el pago de las altas tarifas de luz.
Este movimiento de resistencia al pago de la luz lo conoce muy bien el presidente López Obrador, dado que él fue uno de sus protagonistas en Tabasco desde 1995. El movimiento se extendió de manera orgánica al menos a Chiapas, Campeche, Oaxaca, Veracruz, Guerrero y Zacatecas. Según un cálculo de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, de agosto de 2008, el 40 % de la población entre usuarios particulares y autoridades, de al menos 68 de los 118 municipios, se encontraba en resistencia al pago. De acuerdo con otras fuentes, en diciembre de 2004 en el estado de Tabasco, la cifra llegaba al 52 % de la población.
La demanda es simple: tarifas justas y servicio eficiente. Por darnos una idea, en Chiapas en el año de 2009 comenzaron a llegar recibos hasta por tres mil pesos bimestrales, cuando anteriormente pagaban 70 pesos, a las familias de comunidades indígenas cuyo consumo no era mayor a tres focos. La política de cobros excesivos hizo que el movimiento escalara y la Comisión Federal de Electricidad endureciera las medidas en contra de los usuarios “morosos”. Eran muy comunes los eventos donde poblaciones enteras salían a enfrentarse a trabajadores de CFE, enviados a cortar las líneas de alta tensión de tramos enteros de poblaciones en resistencia. La tensión creció al grado de que la empresa paraestatal contrató seguridad armada privada para ir a hacer esos cortes. También fueron comunes los eventos donde comunidades enteras arrojaron sus medidores a las instalaciones de las oficinas regionales de la CFE. A pesar de las diversas moratorias y amnistías de pago, el modelo era el mismo: en el centro estaba el interés de la empresa antes que los individuos.
A inicios de 2019, ya siendo presidente en funciones, López Obrador otorgó un perdón a más de medio millón de hogares tabasqueños por sus adeudos en el pago de la luz y se les reasignó a la tarifa más baja para poner “punto final” al problema; no obstante, en otros estados (como Chiapas y Veracruz) persiste la resistencia.
Para mucha gente no hay gran diferencia entre resistir a las empresas privadas o a las del estado. Es por ello que se vuelve relevante la discusión sobre la reforma eléctrica: analizar primero qué tipo de política se quiere implementar para luego ver qué hacer con la CFE. Desde una perspectiva de derechos humanos se esperaría una política centrada en la persona como fin último. Sería deseable no sólo para la reforma eléctrica sino para toda empresa o política de desarrollo.
En contraste con visiones más típicas del desarrollo, como el crecimiento del Producto Interno Bruto, el aumento de las rentas del Estado o de particulares, la tecnificación, la industrialización o la “modernización social”, Amartya Sen (Nobel de Economía 1998) propone un nuevo paradigma desde las experiencias de autogestión comunitarias en la India: señala que el desarrollo puede concebirse como un proceso de expansión de las libertades. El desarrollo, dice Sen en su libro “Desarrollo y Libertad”, “exige la eliminación de las principales fuentes de privación de la libertad: la pobreza y la tiranía, la escasez de oportunidades económicas y las privaciones sociales sistémicas, el abandono de los servicios públicos y la intolerancia o el exceso de intervención de los Estados represivos. La concepción de desarrollo como un proceso de desarrollo de las libertades fundamentales lleva a concentrar los esfuerzos en los fines por los que cobra importancia el desarrollo y no sólo en algunos de los medios.”
Se antoja que la propuesta del presidente vaya más allá de fortalecer a la CFE y empuje un nuevo paradigma del desarrollo o, como mínimo, el espacio para debatirlo. Esa sería realmente una política de “punto final” a la pobreza y la exclusión.
