Michael W. Chamberlin
Rompeviento.TV a 22 de junio de 2021
Una vez pasadas las elecciones intermedias, el presidente López Obrador inicia prácticamente su segunda mitad del mandato. Todo parece indicar, como es de esperar, que una transformación de la vida pública del país se llevará más de un sexenio. Ante esta realidad, la mejor garantía de continuidad es fortalecer las instituciones.
Lo mejor que puede hacer el presidente López Obrador es dejar instituciones, leyes y políticas públicas que sean capaces de sobrevivir a los gobiernos más autoritarios, protegiendo la democracia y salvaguardando los derechos de todas y todos, empezando por los más débiles.
Sabiendo que su sexenio llega a su cúspide, el presidente ha anunciado tres reformas principales, quizá desde su punto de vista las más relevantes: la reforma electoral, la reforma de la guardia nacional y la reforma energética. Haré el día de hoy algunas anotaciones para la agenda electoral, dejando para las próximas semanas otros puntos de agenda que me parecen centrales.
Estoy de acuerdo en la necesidad de fortalecer la vida democrática del país, y una de sus partes es el sistema electoral. No puedo enfatizar más el vínculo que existe entre acceso a derechos humanos y participación ciudadana, y entre paz y distribución del poder.
Pienso entonces que la mayor debilidad del sistema no está en el Instituto Nacional Electoral (INE). Las pasadas elecciones han demostrado que, a pesar de las diferencias de opinión, el INE pudo hacer un trabajo profesional y fuera de toda duda. El hecho de que el propio presidente basara sus conclusiones en el Programa de Resultados Preliminares es una prueba clara de ello.
Desde mi perspectiva, los principales retos se encuentran en la rendición de cuentas de los partidos hacia los votantes y en los mecanismos que permitan una mejor distribución del poder versus una concentración del poder. Esto debe traducirse en normas y políticas que generen los incentivos necesarios, entre ellos:
- Encauzar las diputaciones plurinominales y no eliminarlas. La representación plurinominal garantiza la representación de grupos minoritarios de votantes, pero estas deben surgir de entre los contendientes que, sin alcanzar la mayoría, hayan sido votados por el electorado, a semejanza de las regidurías en los municipios, y no de listas de candidatos de partido por los que nadie votó;
- La reelección en los puestos públicos debe ser decisión y prerrogativa de los electores en las urnas y no de los partidos. Estos deberán registrar a quienes por derecho propio quieran contender por la reelección. Es la única manera de incentivar a las y los representantes para responder a las preocupaciones de sus electores y a estos a involucrarse más con sus representantes.
- Facilitar el registro de candidaturas independientes, con mayor énfasis en los ámbitos locales, para que contiendan en condiciones de equidad con los candidatos registrados por los partidos. Esto favorecerá más y mejores perfiles para elegir;
- Fortalecer los mecanismos de prevención de fraude, corrupción y violencia de género. Esto implica que en todo caso los partidos deban tener la carga de la prueba para demostrar que no usan financiamiento ilegal en las campañas, y en las personas candidatas la obligación de demostrar su probidad, sin que medie denuncia o sentencia. Los mecanismos de prevención no atentan contra la presunción de inocencia, protegen a la ciudadanía, sobre todo a las personas más vulnerables, de posibles malos funcionarios;
- Favorecer y fortalecer los ejercicios de consulta universal para la postulación de candidaturas con la supervisión de las autoridades electorales a fin de evitar simulaciones y garantizar la certeza del proceso y sus resultados.
- Garantizar a los pueblos indígenas el ejercicio de sus propios sistemas de elección de autoridades en jurisdicciones y circunscripciones vinculadas a sus territorios previamente delimitados, como un inicio para superar la discriminación estructural de la que son víctimas.
Estas medidas no serán suficientes para reducir las brechas de la desigualdad en el poder, faltará, por ejemplo, hacer una revisión profunda de las funciones de los tres órdenes de gobierno a fin de que las más básicas, como salud, educación y seguridad, estén en manos de los municipios y al alcance del control ciudadano. La democracia no se agota en el ejercicio del voto, la democracia busca generar condiciones de igualdad para poder decidir en los asuntos públicos que a cada uno nos incumben.
Sin embargo, en la medida que el sistema electoral y la representación se asienten en la voluntad popular, y los partidos cumplan su papel de institutos que la encauzan sin distorsionarla, tendremos medios para desincentivar la corrupción y medios para incentivar la postulación de autoridades de entre las mejores personas, la rendición de cuentas y un sentido de bien común en la política.
