Michael W. Chamberlin
Rompeviento TV a 29 de junio de 2021
Otra reforma anunciada por el presidente López Obrador después de las elecciones intermedias, es a la ley de la Guardia Nacional para transmitir el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana al Ejército mexicano. Este anuncio ha detonado una alerta internacional por lo que la presencia militar implica al ejercicio de libertades y derechos en un marco de convivencia democrática.
Los estándares internacionales exigen que la seguridad pública esté en manos de civiles. Durante muchos años, al menos desde la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 1995, los gobiernos en turno han afirmado ante todos los órganos internacionales de supervisión de derechos humanos que la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública es temporal, sin fijar fecha de caducidad. La reforma de 2019 que crea a la Guardia Nacional establecía por fin una fecha de terminación para el 27 de marzo de 2024, lo que entusiasmó a muchos para aprobar la ley y a otros para avalarla, pensando que al fin habría un proceso hacia la desmilitarización y el fortalecimiento de un cuerpo de policía nacional civil. Con este anuncio, López Obrador le pone punto final a la ambigüedad de esa participación, pero no hacia el lado civil sino el militar. Esta postura denota un problema de concepción de la seguridad pública y una falta de diagnóstico sobre los problemas de seguridad.
En una imagen, utilizar al Ejército o la Marina en labores de seguridad pública es como usar un soplete para prender una vela. La naturaleza de la policía es muy distinta a la de la fuerza militar, la primera existe para cuidar a la ciudadanía, la segunda para acabar con un enemigo; la primera usa la fuerza letal sólo en defensa propia, la segunda como cometido; la primera busca condiciones de convivencia pacífica, la segunda busca vencer al opositor. No es de extrañar que el uso de las fuerzas armadas en “combate” contra el crimen haya incidido como acción o como reacción en lamentables crímenes atroces por todo el país.
Las fuerzas armadas son la herramienta equivocada para resolver el problema de la criminalidad y la delincuencia, que deben combatirse con inteligencia policial, la erradicación de la impunidad y los incentivos sociales. Si la Guardia Nacional, hoy integrada en un 80 % por militares y marinos, retrocede en su proceso hacia una policía civil para reforzar la lógica militar, estaremos elevando a rango constitucional la violencia generalizada que hoy sufrimos.
Ahora bien, carecemos de un diagnóstico desde la autoridad sobre la naturaleza de la violencia criminal y de los grupos que la producen. A simple vista, pareciese que es un conflicto entre los malos y los buenos, entre los “transgresores de la ley” y “los agentes del orden”. En realidad, es un escenario más complejo.
La fuerza de los grupos delincuenciales está en su poder corruptor al grado de haber generado una simbiosis con el poder público. Basta ver los casos de García Luna, de Javier Duarte, de Jorge Torres como gobernador de Coahuila intercalado en el moreirato, o cualquiera de los más de 16 gobernadores procesados o prófugos; al gobernador Cabeza de Vaca (que sería el tercer gobernador tamaulipeco acusado) o a los propios militares, como en el caso de las fuerzas especiales que desertaron por miles para sumarse a las fuerzas de los grupos criminales. Aunque el presidente López Obrador pueda pensar, con mucha razón, que los únicos confiables son los militares, estos también son corruptibles, además de ser la herramienta equivocada.
Más aún, si Raymundo Ramos Vázquez, del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, tiene razón en que las organizaciones criminales operan como comandos paramilitares bajo las órdenes de grupos políticos, como habría ocurrido en la masacre de civiles en Reynosa, Tamaulipas, el pasado 19 de junio, estaríamos hablando abiertamente de ataques indiscriminados en contra de la población y de terrorismo de Estado. Esta descomposición ya se ha documentado en diversas oportunidades, entre otras, las denuncias interpuestas ante la Corte Penal Internacional por organizaciones de la sociedad civil y en estudios académicos como el de Guillermo Trejo (Notre Dame) y Sandra Ley (CIDE), “Votes, Drugs, and Violence: The Political Logic of Criminal Wars in Mexico" (video en español) o el de la Universidad de Leiden “La situación de la violencia relacionada con las drogas en México entre 2006 y 2017: ¿Es un conflicto armado interno?”. En esta ecuación, ¿de qué lado actuaría el Ejercito? Ante esta descomposición de la vida civil, ¿qué pueden hacer las fuerzas armadas?
La respuesta a la corrupción y la violencia es la vía civil. Recuperar la paz y el ejercicio de derechos implica desmilitarizar las calles y la lógica de la seguridad pública, reconstruir los cuerpos policiacos desde lo local, abatir la impunidad y profundizar en la rendición de cuentas de gobernantes y partidos políticos. La tarea de fondo es recuperar la vida civil y democrática, y esto es trabajo de los civiles, no de los militares.
