Alejandro Saldaña Rosas
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La noche de Minatitlán
La noche del 19 de abril la ciudad de Minatitlán fue sacudida por el asesinato de al menos catorce personas que convivían en un salón de fiestas, entre ellas un menor de apenas un año. La noche del Viernes Santo, a la petrolera ciudad del sur veracruzano, que en los últimos años ha sido asolada por la violencia de la delincuencia organizada, la noche se le vino encima.
A reserva de que las “investigaciones ministeriales” informen detalladamente de los sucesos, hasta el momento sólo se dispone de los datos que los periodistas han logrado recuperar a partir de los testimonios de los sobrevivientes y otros testigos; con esa información se especula que se trata de un crimen cometido por asesinos que habrían acudido al salón de fiestas para liquidar a una persona. Si esa hipótesis es cierta, ¿por qué masacraron a personas inocentes? Es una pregunta que la Fiscalía General del Estado deberá responder a la brevedad al tiempo de dar con los culpables, o continuar con su trayectoria de solapamiento a la impunidad abonando así a la inseguridad y la violencia en el estado.
El contexto en el que ocurrió la fatídica noche de Minatitlán es, en sí mismo, elocuente y, por lo mismo, preocupante. Concurren diversas circunstancias de orden estructural y coyuntural que deben tomarse en cuenta para tratar de comprender lo que de suyo es doloroso, absurdo e incomprensible.
Por cuanto a las circunstancias estructurales se refiere, es pertinente señalar que la matanza ha ocurrido en un escenario caracterizado por la ruina de las antes prósperas regiones petroleras en Veracruz. Como Coatzacoalcos, Pánuco y Poza Rica, por mencionar las ciudades más conocidas, en Minatitlán la catástrofe a la que fue conducida Pemex ha traído muy graves consecuencias para la población. Familias enteras cuyas vidas gravitaban en torno a Pemex o a alguna de las empresas subsidiarias de la paraestatal, en los últimos quince años sufrieron los duros estragos del desmantelamiento de la industria petrolera nacional. No solamente se trata de la pérdida del empleo y los consecuentes impactos en la economía regional, sino también la ruptura del lazo social y la erosión de los vínculos comunitarios. La ruina a la que fue llevada Pemex se ha expresado en el debilitamiento de la vida en colectivo, con el consiguiente ensalzamiento del individualismo más ruin y egoísta posible. Agregue usted la debacle en el campo veracruzano y tendrá que miles, decenas de miles de jóvenes carecen de horizonte de futuro más o menos claro, por lo que muchos de ellos caen en actividades delincuenciales que a la postre los llevan a engrosar las filas de los cárteles.
Por si fuera poco, sume usted que Minatitlán es parte de la Zona Económica Especial (ZEE) de Coatzacoalcos (y por ende hay gran dinamismo económico, con enormes desigualdades), está ubicada en una zona de tránsito de migrantes, es paso del tráfico de drogas y lugar propicio para el huachicoleo y tenemos como resultado un formidable caldo de cultivo para las actividades de la delincuencia organizada. Asimismo, es necesario referir la colusión de autoridades de los tres ámbitos de gobierno y los tres poderes con la delincuencia organizada durante los gobiernos de Fidel Herrera, Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes y el coctel resultante es devastador. Insisto: la lectura del contexto estructural es imprescindible para tratar de explicar la violencia cotidiana en la región y, en particular, la matanza del 19 de abril.
De igual forma, es necesario apuntar dos eventos coyunturales que rodean a los asesinatos del día 19 en Minatitlán: i) por una parte, las fosas clandestinas recientemente descubiertas en el municipio de Úrsulo Galván, a poca distancia de la zona turística de Chachalacas; ii) por otra parte, la noche de Minatitlán ocurrió a un par de días de que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegue a Veracruz a tratar, entre otros temas, precisamente los de seguridad.
El primer evento es especialmente delicado puesto que una vez más la Fiscalía da muestras de su incompetencia, si no es que de su descarada complicidad, al anunciar con fanfarrias el descubrimiento de las fosas, sin avisar a los colectivos de familiares de desaparecidos (y, por ende, violando la ley), acudir a tomarse la foto y retirarse sin el resguardo debido de la zona, lo que posibilita la contaminación de las evidencias. La Fiscalía comete “errores” con tanta frecuencia y de tal magnitud que su trabajo es francamente sospechoso, por decir lo menos. Las críticas del Colectivo Solecito no se han hecho esperar: http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=190420_065610_621. No puede haber excusa válida ni pretexto legítimo: la Fiscalía de Jorge Winckler actuó con dolo al no cumplir puntualmente con los protocolos institucionales para el resguardo de la zona donde se ubican las fosas de Úrsulo Galván recientemente descubiertas.
Por cuanto al segundo evento, la visita del día 21 de López Obrador a Antón Lizardo (distante unos 300 kilómetros de Minatitlán) para la conmemoración de la defensa del Puerto de Veracruz en 1914 y la celebración del Día de la Marina, es imposible dejar de pensar que se trata de “calentar la plaza” y así enviar un mensaje al presidente. Por la forma en que actuaron los sicarios (6 o 7 que ejecutaron y dieron el tiro de gracia a varias personas) es clara la intención de enviar un mensaje a las autoridades del país. Y qué mejor momento que la visita del presidente a territorio veracruzano. Y si no fue la intención de alguno de los cárteles que operan en Veracruz (el de Jalisco, presumiblemente), el resultado es el mismo: AMLO llega a la entidad en un momento de enorme vulnerabilidad y, aún más, en una verdadera crisis en materia de seguridad ciudadana.
Porque no sólo es Minatitlán, también es Coatzacoalcos, Poza Roca, Naranjos, Orizaba, Veracruz, Zongolica, Boca del Río, Papantla, Las Choapas, Xalapa, Perote, en fin, no hay una sola ciudad o pueblo del estado que no padezca los estragos de la violencia y la inseguridad. De nada sirve que las autoridades señalen pequeños descensos en las estadísticas oficiales, lo cierto es que la inseguridad y la violencia que sufre la ciudadanía es permanente, lacerante e insoportable. Pese a los esfuerzos del gobierno estatal y las iniciativas del gobierno federal, la indefensión de la ciudadanía ante los cárteles es contundente: la percepción es que Veracruz está en manos de la delincuencia organizada. Aviva esa percepción el hecho de que insignes integrantes de gobiernos anteriores (de Herrera, Duarte y Yunes) permanecen en ámbitos de toma de decisiones en la administración de Cuitláhuac García, con lo que la sospecha de que la impunidad seguirá siendo moneda corriente permanece.
La respuesta inmediata del gobernador García Jiménez y su secretario de gobierno Eric Cisneros a la matanza de la noche de Minatitlán a mi parecer fue desafortunada. A través de sendos tuits condenan la masacre, pero aprovechan para picar nuevamente al fiscal Jorge Winckler por su falta de resultados en materia de impartición de justicia. En mi opinión, el gobernador tiene razón, sin duda, pero políticamente es un error insistir en ello a la sombra de la bestial matanza de la noche de Minatitlán. La gente en Veracruz exige resultados, por lo que los pleitos entre el gobierno estatal y la fiscalía salen sobrando.
El fiscal Jorge Winckler es fiel representante de un régimen que se niega a morir, pero justamente por eso el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares lo colocó en esa posición: para cuidarle las espaldas e intentar preservar los privilegios, las componendas, los acuerdos, los negocios y las tranzas que tienen en la delincuencia organizada uno de sus arietes principales. Desmantelar ese infame andamiaje de corrupción, dinero y muerte no es cuestión de banales pleitos tuiteros, sino de estrategia política y, sobre todo, del cumplimiento a cabalidad de las leyes. No se pide más, pero no se exige menos: el cumplimiento sin cortapisas, amnistías o acuerdos en lo oscurito es la única posibilidad de que la noche de Minatitlán no se repita nunca más.
El presidente AMLO suele lanzar la consigna: “abrazos, no balazos”, que está muy bien para un encuentro ecuménico, pero fuera de lugar cuando la exigencia a gritos es que prevalezca el estado de derecho. Mientras la ley siga siendo letra muerta, noches como la de Minatitlán desgraciadamente seguirán siendo posibles.
