J. Jesús Esquivel
Corresponsal de la revista Proceso en Washington
@JJesusEsquivel
El diablo está en los detalles
Washington – Casi dos años le tomó al fiscal independiente Robert Mueller concluir su investigación sobre la presunta colusión entre la campaña presidencial de Donald Trump y los rusos. La pesquisa ha alimentado una gran expectativa de que pueda celebrarse un nuevo juicio político en Washington.
El viernes pasado, Mueller entregó al procurador general de justicia de los Estados Unidos, William Barr, las conclusiones de la pesquisa que, hasta donde se sabe, no acusa formalmente a Trump del delito de obstrucción de justicia, que implicaría y justificaría que al presidente se le pudiera enjuiciar políticamente.
El informe Mueller no es público por ahora y en el Capitolio los legisladores demócratas quieren que la ciudadanía estadounidense pueda leer las más de 400 páginas que lo componen.
Barr, como fiscal de la nación y que no es abogado de Trump, debe entregar esta semana al Congreso el reporte de Muller.
El debate entre el Departamento de Justicia y la Casa Blanca se centra en determinar si el informe debe ser entregado solamente a algunos comités o a todos y cada uno de los 535 legisladores: los cien en la Cámara de Senadores y los 435 en la de Representantes.
La tarea de Mueller no fue hacer conclusiones o recomendaciones sobre el comportamiento jurídico de Trump. El Departamento de Justicia constitucionalmente está inhabilitado para enjuiciar al poder Ejecutivo.
El informe Mueller establece el contexto de los hechos ilegales cometidos por los 34 funcionarios, asesores, aliados y amigos de Trump durante la campaña presidencial de 2016 o durante los primeros meses de la actual presidencia que inició el 20 enero de 2017.
En el caso judicial de estos 34 individuos acusados por Mueller de diversos cargos, se sienta la base para que una vez que el Congreso tenga el informe determine si hay sustento o no para acusar a Trump de obstrucción a la aplicación de la justicia.
Se habla de que Mueller no liga directamente a Trump con los rusos en la presunta colusión para socavar los comicios presidenciales de 2016.
No obstante, los vericuetos judiciales de los delitos cometidos por los 34 acusados pueden derivar en que el Congreso considere que el presidente orquestó desde la Casa Blanca una patraña para ocultar la verdad.
En los detalles del informe, los legisladores demócratas, que son la mayoría representativa en la Cámara de Representantes, podrían encontrar el sustento para acusar a Trump de cometer ilícitos.
En mayo de 2017 Trump corrió a James Comey como director del FBI, porque aparentemente se rehusó a dejar de lado la investigación sobre la colusión con los rusos. La revisión del informe en el Capitolio es crucial para determinar si Trump es o no responsable de algo.
Nancy Pelosi, la líder demócrata y presidenta de la Cámara de Representantes, exige a Barr y la Casa Blanca la difusión del informe de Mueller para que sea la población la que juzgue con base en las conclusiones de la investigación si hay que enjuiciar a Trump.
Nada haría más feliz al Partido Demócrata que la Cámara de Representantes decida someter a Trump a un proceso judicial.
El desgaste político del presidente en temporada electoral afectaría negativamente sus aspiraciones de reelección para los comicios de noviembre de 2020. Los demócratas podrían también ser sacudidos por el desgaste político que implicaría la celebración de un juicio en el Capitolio. Sagaz como es, Pelosi quiere que el informe de Mueller se haga público en su totalidad, que sea el sentir de una nación la que mueva los hilos necesarios para un proceso judicial, a fin de que no pueda ser etiquetado como cacería de brujas.
Son pocas las posibilidades concretas de ver a Trump sentado en el banquillo de los acusados en el Capitolio, pero nada puede ser descartado. En los detalles está el diablo y la moneda está en el aire.
