Por decreto presidencial, todas las dependencias del gobierno federal deberán abrir sus archivos históricos relacionados con violaciones a derechos humanos y corrupción, ¿cómo se determinará si entran dentro de tal rubro? ¿Qué periodos se abarcarán? ¿Esto acabará con la impunidad?
Entérate en la opinión de Edgar Cortez, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).
Armando López Juvera
El pasado se está revisando todos los días, principalmente en las conferencias mañaneras. Que el gobierno actual no contemple un alud de procesos y encarcelamientos por la horrorosa corrupción del pasado no significa que el sistema que la prohijó se vaya a quedar sin castigo. El juicio político, popular e histórico va a ser -está siendo- implacable, persistente. Creo que en lo que más nos debemos ocupar es en no dejar crecer, no por antidemocracia sino por salud pública, las voces feroces de los cancerberos del despojo y el saqueo que aún expuestos, descobijados, vociferan desde sus mínimas tribunas como las del Congreso y las ruinas de sus partidos.