La Guardia Nacional y la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad (Margensur)

Alejandro Saldaña Rosas

Twitter: @alesal3 / Facebook: Alejandro Saldaña

 

 

La Guardia Nacional y la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad

 

La discusión en torno a la Guardia Nacional se ha centrado en sus pros y sus contras, dejando de lado que ésta es sólo uno de las ocho iniciativas que conforman la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 (ENPS, en adelante). Si la Estrategia consistiera única y exclusivamente en la conformación de la Guardia Nacional para dejar en manos de los militares las tareas de seguridad de la población, creo que la oposición a tal medida sería contundente y radical, pero aquí estamos hablando de otra cosa. La Estrategia Nacional de Paz y Seguridad es quizás la primera propuesta integral de los últimos 30 años (cuando menos) que apunta a resolver de fondo las causas estructurales que explican, al menos parcialmente, la espiral de violencia que hemos padecido.

Por ende, focalizar la atención exclusivamente en la creación de la Guardia Nacional significa reducir la estrategia a sólo una mínima parte de un proyecto mucho más amplio que, para dar los resultados que el país necesita, debe funcionar articuladamente. Como lo dice el documento rector de la ENPZ: “Tales estrategias deben ser multidimensionales, transversales, incluyentes y, necesariamente, radicales, en el sentido de que deben ir dirigidas a la raíz de la aguda crisis que enfrenta nuestro país…” (https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2018/11/PLAN-DE-PAZ-Y-SEGURIDAD_ANEXO.pdf)

En este documento se delinean las iniciativas de la ENPZ, (hay que señalar que varias de ellas ya están poniéndose en práctica):

1. Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia.

2. Garantizar empleo, educación, salud y bienestar.

3. Pleno respeto y promoción de los derechos humanos.

4. Regeneración ética de la sociedad.

5. Reformular el combate a las drogas.

6. Emprender la construcción de la paz.

7. Recuperación y dignificación de las cárceles.

8. Seguridad pública, seguridad nacional y paz.

La creación de la Guardia Nacional se inscribe exclusivamente como parte de la iniciativa número 8, que además incluye el replanteamiento de la seguridad nacional, la reorientación de las fuerzas armadas, el establecimiento de coordinaciones estatales y regionales, entre otras medidas. Luego entonces, la Guardia Nacional es sólo una cara del poliedro estratégico diseñado por el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer frente a la brutal inseguridad que azota al país. Como a muchas otras personas, la creación de la Guardia Nacional no es de mi agrado, pero como muchas otras más me parece que no hay otra alternativa.

Por supuesto que uno no quisiera que el Ejército y la Marina se encarguen de la seguridad de nuestras ciudades, pueblos, carreteras, montañas, desiertos y playas, pero en este momento no hay de otra. Debido a la inmensa corrupción de los últimos cinco sexenios (al menos), a la política neoliberal que facilitó la movilidad de mercancías y divisas y a la inserción del dinero sucio en los circuitos financieros legales, la delincuencia organizada ha logrado copar al Estado mexicano y a la sociedad en su conjunto y con ello, vastos territorios han quedado totalmente en manos de los cárteles cuyos negocios criminales, hay que decirlo, se han diversificado hacia la trata de personas, el contrabando de precursores químicos de drogas sintéticas, la especulación inmobiliaria, la tala de bosques, el tráfico de plantas y animales, el secuestro, la extorsión, el huachicoleo y sabrá dios cuántas actividades más. No estamos ante cualquier escenario: se trata de recuperar al país entero. Y con ello, nuestras vidas y las de las generaciones que nos siguen.

¿Cómo recuperar vastas franjas del territorio nacional que hoy están bajo el control de los cárteles? Si usted, amable lectora o lector, vive en la frontera chica de Tamaulipas sabe a qué me refiero. O si usted vive en alguna comunidad del llamado Triángulo Dorado (Sinaloa, Chihuahua y Durango) me entiende. O si usted vive en alguna colonia brava de Chimalhuacán, Ecatepec, Tijuana o Xalapa creo que estará de acuerdo conmigo. O si vive o trabaja en Acapulco, en Tierra Blanca, en Ciudad Juárez o en Tepic, sabe bien que allí la maña, si no manda, al menos impone muchas de las reglas del “contrato social”. En estas circunstancias, a mi parecer, la prioridad debe ser recuperar el territorio para construir escenarios favorables a la paz. Esta tarea no requiere exclusivamente gente armada, capacitada, leal y disciplinada, pero sin ella es imposible la recuperación del país.

Ninguna policía del país tiene la capacidad de fuego que los cárteles. Ninguna. Y ninguna tiene la capacidad de organización, los soportes logísticos, las redes de apoyo, el control mediático, la disponibilidad de recursos económicos y humanos, la inteligencia operativa, etc. que tienen los cárteles. Además, todas las fuerzas policiacas del país están infiltradas por los cárteles, todas. En otras palabras: en el país no existe fuerza policiaca capaz de hacer frente al crimen organizado, y al desorganizado, que aprovecha la impunidad para prosperar.

¿Qué hacer en estas condiciones? Capacitar 50 mil policías –cuando menos- para que se hagan cargo de la seguridad en todo el país no es una tarea fácil, barata ni inmediata. No es lo mejor, desde luego, pero insisto, no hay de otra: la Guardia Civil, integrada por policía federal, policía militar y policía naval es la única opción en las actuales circunstancias del país. Ahora bien, si usted amable lector/a, conoce otra opción mejor, por favor hágala llegar a las autoridades competentes.

La Guardia Nacional va a requerir la participación de todas y todos: de las organizaciones de la sociedad civil, de las universidades, de los medios y las redes de comunicación, de las iglesias, de las organizaciones de colonos, de los ambientalistas, de las feministas, de los protectores de animales, de los científicos, los artistas y los desempleados. No podemos permitir que la Guardia Civil responda a parámetros exclusivamente militares, ni tampoco al criterio y las valoraciones del Presidente: es imprescindible que todas y todos seamos vigilantes de nuestros cuidadores.

Aceptar que la Guardia Civil se encargue de la seguridad de civiles no significa dejar en el olvido las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas por marinos y militares. En lo absoluto, sin castigo a los marinos y militares culpables de violar los derechos humanos, la Guardia Civil no tiene cabida. En esta tesitura, es de reconocer la iniciativa del Presidente de eliminar el fuero a los militares que integren la Guardia Civil. Inclusive, ha abierto la puerta a que el mando de la Guardia Civil sea, justamente, civil, no militar. Y eso, al menos, hay que reconocer.