Foto: Gerardo Campos / Rompeviento TV
Ordena juez liberar a ocho detenidos por caso Ayotzinapa
Luz León
Por falta de pruebas, un juez federal ordenó auto de libertad para ocho miembros de Guerreros Unidos, quienes testificaron haber participado en el secuestro y presunto asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa, versión que impulsó el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Entre los ocho implicados que el juez resolvió liberar, se encuentran Felipe Rodríguez Salgado, "El Cepillo"; Gildardo López Astudillo, "El Gil", y Patricio Reyes Landa, "El Pato".
La sentencia de libertad corresponde al delito de delincuencia organizada, por lo que no necesariamente los acusados saldrán de prisión, ya que aún se les siguen otros procesos.
Gildardo López. Foto: PGR
"El Cepillo" fue señalado en noviembre de 2014 por Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República, como responsable de ordenar que la ropa de los normalistas fuera quemada por integrantes de Guerreros Unidos. Mientras que "El Gil" fue identificado por la misma dependencia como miembro del grupo delictivo, quien presuntamente mandó quemar y triturar los restos de los jóvenes.
Por su parte, "El Pato" fue detenido en noviembre de 2017 en Cuetzala, Guerrero. Según la Procuraduría General de la República (PGR), el imputado confesó "haber recibido y ejecutado" a estudiantes que fueron entregados por policías municipales de Iguala y Cocula.
El Tercer Tribunal Unitario notificó el fallo en respuesta a la resolución del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito que mandató reponer el procedimiento contra los implicados.
Los ocho detenidos han sido señalados por la PGR como parte de la llamada "verdad histórica", dada a conocer al poco tiempo de la desaparición forzada de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, misma que fue refutada con pruebas científicas tanto por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) como por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI).
Por otro lado, el pasado mes de marzo, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) reveló que al menos 34 de las 129 personas detenidas y procesadas por el caso, fueron torturadas y sometidas a otras violaciones contra sus derechos humanos a fin de autoinculparse.
La investigación detalló que "se cuenta con fuertes elementos de convicción de que dichas personas habrían sido sometidas a tortura, así como a otras violaciones de derechos humanos, entre septiembre de 2014 y enero de 2016”.
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