Reconoce ONU violaciones a los DH de la periodista Lydia Cacho por Estado mexicano
Luz León
El Comité de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una resolución contra el Estado mexicano por la violación a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho.
El dictamen realizado por la ONU el pasado 31 de julio corresponde a la petición de revisión del caso que llevó a cabo la organización Artículo 19 en octubre de 2014.
Luego de que en 2005 la periodista publicó el libro "Los demonios del Edén. El poder que protege a la pornografía infantil", donde reveló a los responsables de una red de explotación infantil, entre quienes se encontraba Jean Succar Kuri, un millonario hotelero de Cancún y el empresario Kamel Nacif, fue arrestada.
El CDH señaló que la detención de Cacho el 16 de diciembre de 2005 en las oficinas del Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM) y su traslado a Puebla por agentes de la policía Judicial de Quintana Roo que tardó alrededor de 20 horas, son violatorios a "la no discriminación en razón de género, no ser sometida a tortura, a la libertad personal, a la integridad personal, y de libertad de expresión, entre otros".
La periodista fue víctima de tortura psicológica y física, al igual que de tocamientos e insinuaciones sexuales, amenazas de muerte, violencia verbal y física durante el trayecto a Puebla y mientras estuvo detenida en la Procuraduría General de Justicia de dicha entidad.
El organismo internacional detalló que los tratos hacia la periodista y defensora de derechos humanos tuvieron objetivo discriminatorio por razón de sexo en tanto que le hicieron comentarios sexuales, hubo trato sexualizado y violencia de género. Además, en la aprehensión de Cacho también participaron empleados de Kamel Nacif.
El Comité enfatizó que "a la luz de las declaraciones vertidas (en aquel entonces) por el empresarios en cuestión (Kamel Nacif) y por altas autoridades ejecutivas (Mario Marín) y judiciales del estado de Puebla, la detención de la autora (Lydia) no fue una medida necesaria proporcional, sino una medida de carácter punitivo, y en consecuencia, arbitraria (...)".
A 13 años de los hechos, el caso sigue abierto en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y el Estado no sólo no cumplió con la responsabilidad de proveer de un recurso efectivo para investigar y sancionar a los culpables en un plazo razonable sino que tampoco garantizó los derechos de la comunicadora ni indagó de manera eficiente las posteriores denuncias de amenazas contra Lydia Cacho en el contexto de su búsqueda de justicia.
De acuerdo con el fallo del CDH, los autores de las agresiones contra Lydia deberán ser sometidos a juicio y a ella se le deberá ofrecer una reparación adecuada. En este sentido, en los próximos 180 días, el Estado deberá cumplir con ciertos señalamientos:
1. Una investigación imparcial, pronta y exhaustiva sobre los hechos denunciados por Lydia.
2. Procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas a las personas halladas responsables de las violaciones cometidas.
3. Ofrecer compensación adecuada a Lydia.
4. Adoptar medidas necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro, garantizando que todos los periodistas y defensores de derechos humanos puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión en sus actividades a través de la despenalización de los delitos de difamación y calumnia en todas las entidades federativas.
